Baraldini coimeó a la Interpol para no ser detenido

El juez federal Pedro Zabala reveló que el la familia de Luis Enrique Baraldini pagó coimas a la Interpol boliviana para evitar que detuvieran al ex comisario, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la última dictadura militar. En su resolución del 13 de enero, el magistrado advierte que hubo "un acuerdo espurio realizado por familiares del investigado con personal de Interpol Bolivia para que Baraldini no sea detenido", cuya existencia quedó al descubierto mediante escuchas telefónicas realizadas a los miembros de la familia.
Dos diálogos telefónicos grabados en julio de 2010, de los que participaron la esposa (Olga), una hija (Rosana) y un nieto de Baraldini, y una mujer identificada como Nancy, revelan que el ex jefe de la Policía pampeana logró zafar de la policía internacional de Bolivia mediante el pago de 20.000 dólares. Esta fue una de las "circunstancias demostrativas del riesgo procesal" que implicaría otorgarle la excarcelación, solicitada por el abogado defensor del represor, Juan Federico Miller.

Argumentos ridículos.
Baraldini fue detenido por policías bolivianos el 24 de diciembre, en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Portaba documento falso a nombre de Marco Antonio Aponte y se identificó ante sus captores como "un productor rural". Por falsear su identidad fue deportado inmediatamente y alojado en el penal de Marcos Paz hasta el 29 de diciembre, cuando lo trajeron a Santa Rosa para enfrentar al juez. Estuvo poco más de 8 años prófugo, porque su pedido de captura había sido firmado el 18 de diciembre de 2003. Se lo acusa de más de 350 violaciones a los derechos humanos mientras se desempeñó como Jefe de la Policía de La Pampa, desde fines de 1975 a noviembre de 1979.
Con terminante ironía, Zabala rechazó el pedido de excarcelación y dejó en el ridículo los argumentos esgrimidos por el abogado defensor: que Baraldini "puso en conocimiento a la embajada en Bolivia sobre su radicación en ese país y luego, en forma permanente, realizó actividades que implicaban su exposición pública"; que "cuenta con numerosos familiares en Argentina y, de concedérsele el beneficio, fijará domicilio en Rivadavia 6.115, piso 3, Departamento f, en Capital federal" y que "de obtener la libertad no entorpecería la investigación".
En su resolución, en cambio, el juez prefirió tener en cuenta que "la detención sólo pudo llevarse a cabo a raíz del denodado esfuerzo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en consonancia con lo actuado" desde el juzgado; que el prófugo quiso engañar a sus captores usando un nombre falso, lo que "demuestra claramente su conocimiento de la situación y su intención de mantenerse en la clandestinidad", y que pagó coimas a la Interpol para evitar ser entregado al juez que lo requería. Dicho de otro modo, el juez deja en claro que no tirará por la borda todo el trabajo otorgándole la excarcelación a quien evadió la justicia durante ocho años.

Dólares para Interpol.
En su escrito, Zabala refirió que "en los autos Nº 615/10-01 del registro de esta sede (donde se efectuaron las diligencias para establecer el paradero y lograr la detención de Luis Enrique Baraldini) se agregaron transcripciones de las escuchas telefónicas realizadas por orden de quien suscribe y que dan cuenta de un acuerdo espurio realizado por familiares del investigado con personal de Interpol Bolivia para que Baraldini no sea detenido. Así, a fs. Sub 164 de dicho incidente obra transcripto un diálogo de fecha 04/07/11 donde los interlocutores (Olga, esposa del investigado identificada con la letra A y un nieto identificado con la letra B) mantienen la siguiente conversación:

- Que la mamá te cuente es un problema que pasó con el abuelo (interlocutor A).
- Ah, ¿y qué pasó? (interlocutor B).
- Nada, lo quiso agarrar la Interpol (interlocutor A).

"Tal diálogo debe ser engarzado con el producido en fecha 10/07/11 del que participaron una voz femenina identificada como Nancy y la hija del imputado (Rosana) del que se infiere, a pesar del intento por cuidar el lenguaje, que pagaron U$S 20.000 a las autoridades bolivianas para que no procedieran a la detención de Luis E. Baraldini".
Agrega Zabala que Baraldini muestra una "elocuente falta de arraigo" y no tiene domicilio en nuestro país y acuerda con la fiscal para no otorgarle la libertad, ya que "la existencia en el país de hijos y nietos no resulta per se suficiente si durante ocho años no fueron causa suficiente" para que regresara al país. Además, apunta "la especial naturaleza de los ilícitos que se le reprochan, caracterizados como de "Lesa Humanidad" y la circunstancia de que lejos se está de haberse escuchado el testimonio de todas las víctimas" y finaliza citando jurisprudencia: "la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pronunciamientos recientes revocó excarcelaciones concedidas a imputados de delitos de "lesa humanidad" (causas J 35 XLV "Jabour, Yamil s/recurso de casación", M 306 XLV "Machuca, Raúl Orlando s/recurso de casación", G 328 XLV "Grillo, Roberto Omar s/recurso de casación", V 261 XLV "Vigo, Alberto Gabriel S/causa Nº 10919", entre otras)".
"En el último de los precedentes reseñados la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hizo eco del dictamen del Sr. Procurador General de la Nación, Dr. Luis S. González Warcalde, que tuvo en cuenta los hechos comprobados de la causa y el especial deber de cuidado que pesa sobre los magistrados para neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación en casos como el de autos, a la vez que se entendió que "...sería ingenuo desconocer que las estructuras de poder que actuaron con total desprecio por la ley en la época de los hechos, integrando una red continental de represión ilegítima, todavía hoy mantienen una actividad remanente...".
Concluye Zabala que "se observa claramente y sin hesitación alguna que existen sobrados riesgos procesales que ameritan denegar" la excarcelación de Luis Enrique Baraldini.