Carta abierta por la muerte de una ex Servi Trinitatis

"Todos tuvieron la oportunidad de aplicar el sentido común y realizar acciones concretas para evitar las consecuencias que hoy conocemos, pero ninguno de ellos pensó en salvar el alma de Marcela, infinitamente revictimizada", escribieron en una carta abierta la madre de Marcela Lara, Silvia Suárez, tres hermanos, Cecilia, María y Sebastián, y otras 20 víctimas y familiares de víctimas del instituto secular Servi Trinitativis. Con esas palabras aludieron a la cúpula de la secta, a las autoridades de la Iglesia Católica pampeana y a los jueces que archivaron las denuncias presentadas en las justicias federal y provincial por los delitos de reducción a la servidumbre, trata de personas, contrabando de dinero y medicamentos, estafa, violación de correspondencia y sustracción y ocultamiento de menores.
Marcela Lara, de 21 años, se quitó la vida el pasado miércoles 3. En ese momento estaba sola en su casa y tiempo antes había formado parte de Servi Trinitatis, un instituto creado a principios de la década del '80 en la ciudad española de Cuenca.
Sus familiares recordaron que, más allá del sobreseimiento de los dos imputados que tuvo la causa penal iniciada en mayo de 2008, los sacerdotes católicos Antonio Martínez Racionero y Ricardo Latorre Cañizares, "se demostró que todas las víctimas presentaban severos daños físicos, psíquicos y trastornos de la personalidad, ocasionados por largos períodos de sometimiento, manipulación psicológica y persuasión coercitiva, cometidos por los miembros de la organización internacional".
Indicaron que "seguramente que la drástica decisión tomada (por Marcela) fue el resultado de un cúmulo de ideas perversas introducidas por sus captores, de la manipulación de la que fuera objeto por ellos cuando aún era una niña de 10 u 11 años, del severo daño psicológico provocado y del aislamiento y la despersonalización provocados por años de sometimiento".
Por eso los firmantes remarcaron que "resulta imprescindible repasar todas las personas que pudieron hacer algo para impedir que este lamentable hecho ocurriera y que, a pesar de haber tenido la oportunidad, no lo hicieron o hicieron lo contrario".

Uno por uno.
En ese repaso ubicaron en primer lugar al cura español Gratiniano Checa Colmena, por su condición de máximo responsable de la organización, y porque es "quien impone la 'línea de trabajo' con la finalidad de captar especialmente niñas y niños en estado de vulnerabilidad". Expresaron que las víctimas "fueron sometidas en su nombre por Martínez Racionero y Latorre Cañizares en Santa Rosa, Toay, Buenos Aires y Lomas de Zamora".
También mencionaron al ex obispo Rinaldo Fidel Brédice, quien "permitió con su conducta, al menos omisiva, que desde 1996 Martínez Racionero y Latorre Cañizares desempeñaran libremente y sin control en la diócesis a su cargo, las tareas de captación y sometimiento de niños, encomendadas por las autoridades del instituto secular".
Los familiares recordaron que en febrero de 2006 entregaron una carta en mano a Brédice, al obispo de Lomas de Zamora, Agustín Radrizzani, al cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio y al nuncio apostólico, Adriano Bernardini, donde las víctimas -aún siendo menores de edad- "describían con absoluto realismo los perversos métodos utilizados por sus captores para someterlas; como así los inconfesables objetivos de apropiación de su dinero y patrimonio".
Con relación al actual obispo, Mario Aurelio Poli, dijeron que nunca respondió a los "numerosos pedidos de audiencia" y que "luego de obtenidas algunas garantías de impunidad por parte de la justicia pampeana, despidió a Latorre Cañizares, valorando profundamente sus servicios prestados, sin identificar su nuevo destino; aunque todos sabemos que se radicó nuevamente en Cuenca".
Al juez federal Pedro Vicente Zabala y a la fiscal federal Marta Odasso les objetaron haber archivado la denuncia por trata de personas y contrabando; y a la psicóloga forense, Virginia Carretero, haber justificado en su informe que "las víctimas, aún siendo menores, hubieran prestado consentimiento a sus captores, ingresado voluntariamente a la organización, y haber encontrado allí contención y canalización para su vocación religiosa".
Las críticas también recayeron sobre las juezas de instrucción Laura Armagno y María Florencia Maza. De esta última, los firmantes dijeron que "obstaculizó y dirigió la investigación, permitiendo que el abogado defensor de los imputados, Francisco Marull, lograra el levantamiento de la prohibición" a ambos de salir de la ciudad. De Armagno enfatizaron que dictó el sobreseimiento definitivo de los sacerdotes "aferrándose a inexistentes derechos a la libertad de culto y religión, ya que ignoró la ley de trata de personas, que establece la inexistencia del consentimiento cuando éste fuera prestado por persona menor de edad".