Chacras de El Sauzal en medio de un debate

Carlos Bruno hizo un pedido de informes. Quiere saber el estado de ejecución del Programa de Ordenamiento y Recuperación Productiva y la condición de cada colono. El intríngulis es saber qué hará el PJ.
El tema de la modificación de la ley 2566, que propone un proyecto de la justicialista Mariana Baudino divide las aguas en diputados, porque en tanto algunos advierten -aunque tardíamente porque la iniciativa ya fue aprobada en dos comisiones- que se estaría ante un negocio inmobiliario; otros legisladores sostienen que “lo único que se hace es sacar la cláusula de la hipoteca para las chacras que -enfatizan- tienen como propietarios a colonos de la zona de 25 de Mayo”.
La cuestión está en el orden del día de la sesión de hoy, y en tanto en el Frepam dicen que pedirá que vuelva a comisión, los justicialistas, aún divididos en su opinión están dispuestos a avanzar avalados por aquellos dictámenes de las comisiones de Legislación Social y la de Hacienda. Dictámenes que, recuerdan, tuvieron el visto bueno de los frepamistas Claudia Giorgis y Luis Solana.

¿Negocio inmobiliario?
Un par de diputados del PJ, enterados de lo que piensan los radicales Carlos Bruno y Hugo Pérez acerca de un posible “negocio inmobiliario” detrás de una iniciativa tendiente a blanquear a los chacareros de la Colonia El Sauzal, estarían expresando sus dudas al resto de sus pares del bloque.
Desde la oposición sostienen que muchas de esas chacras que desde hace años están improductivas, sus dueños no habitan en ellas y en muchos casos fueron alquiladas.
Mariana Baudino es la autora del proyecto que propone la modificación de la Ley 2566, que refiere al programa de Ordenamiento y Recuperación Productiva. La legisladora señala que tanto en la oposición, como algunos de sus colegas del PJ “están mal informados”, y que tienen datos “viejos” acerca de la realidad de la zona.
Algunos diputados sacan cuentas y señalan que son 4.185 hectáreas divididas en parcelas de entre 25 y 30 hectáreas, que si sus propietarios decidieran vender le redituaría unos 80.000 pesos (considerando el precio de la hectárea en alrededor de 3.000 pesos). “Y además cuando se desprendan de las chacras van a recibir una casa y una pensión”, agregan.

Otra versión.
Baudino niega esto: “No se trata de ocupantes sino de propietarios, y parece que eso no lo tienen en cuenta”, dicen en su entorno.
La legisladora no quiso hablar del tema y expresó que lo hará en el recinto, pero aseguró que “hay diputados que están mal informados. No son ocupantes, sino propietarios”, se reitera en su entorno. Baudino es de la zona de 25 de Mayo y en su momento dijo que lo único que hizo fue elaborar un proyecto de modificación de la Ley 2566, a pedido de los colonos. “En todo caso -sugirió un asesor del PJ- lo que hay que hacer es modificar la ley de fondo, estudiarla y cambiarla”.

Dudas de pejotistas.
“El tema no lo tratamos todavía, pero mi idea es que se discuta, porque no quiero aparecer suscribiendo algo que puede no ser conveniente. No hablo de un negocio inmobiliario o de una interna determinada, pero lo correcto es que se analice”, le dijo a LA ARENA la diputada vernista Carmen Bertone.
La legisladora reconoció que no tenía conocimiento de lo que hace tres años se votó en Diputados (Ley 2566, que ligaba a las deudas con la producción de las parcelas) y que al momento de analizarse el trabajo de Baudino, nadie planteó algún tipo de objeciones.
Lo cierto es que hace un par de semanas fue la misma Bertone la que se enojó con Martín Borthiry, presidente de la comisión de Hacienda, porque éste aceptó considerar la cuestión en el bloque por una semana más y postergó la salida del dictamen que se produjo una semana después. Ahora parece haber cambiado de opinión.
Los diputados radicales Carlos Bruno y Hugo Pérez plantearon que este proyecto oculta “un negocio inmobiliario”, porque dicen que la mayoría de los colonos no habita en las chacras, no las hacen producir o, en el mejor de los casos, las alquilan. Advierten que se les permitiría vender el predio a un tercero, sin que el EPRC les cobre la deuda que mantienen con ese organismo, que al año 2009 superaba los ocho millones de pesos.
Según los datos que manejan el 61% de los chacareros involucrados no vive en El Sauzal, el 24% de los titulares fallecieron y solamente el 10% reside en el lugar.
Lo cierto es que en la sesión de hoy las aguas estarán divididas, pero la incógnita pasa por saber qué hará el PJ.
Mariana Baudino se muestra muy molesta por lo que considera “desconocimiento” de algunos diputados que “no conocen la realidad”. No obstante otro integrante del bloque especuló conque “a lo sumo” lo que podría es accederse a que el tema se reserve en Secretaría. Esto hasta tanto se invite a integrantes del EPRC, o se visite la zona para realizar una inspección de cada chacra.