Charla y debate sobre cárceles

Los diputados Martín Berhongaray (UCR) y Espartaco Marín (PJ), expusieron sobre su visita a la cárcel Punta de Rieles, en Uruguay. Evidenciaron los beneficios de espacios desmilitarizados y políticas socializadoras en la baja reincidencia de los detenidos.
Los legisladores contaron su experiencia de la visita a la cárcel de Punta de Rieles, la cual es conocida por su funcionamiento como un pueblo. Explicaron con imágenes su experiencia, señalando las grandes ventajas que supone el sistema en función de los derechos de las personas privadas de la libertad, pero también de la sociedad en su conjunto.
La exposición se dio en el marco de una charla debate, organizada por la Asociación Pensamiento Penal (APP) y la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Se denominó "La visita a la cárcel de Punta de Rieles, Uruguay. Desafíos del Nuevo Modelo Carcelario" y se concretó en el Salón Azul de la Facultad y con la participación del Observatorio de Derechos Humanos de la misma.
Berhongaray y Marín compartieron su experiencia con el público presente, apoyados en fotografías y resaltaron la implicancia de la desmilitarización de la vida interna del penal, que se gestiona por los propios presos en asamblea con operadores civiles, de los cuales aproximadamente el 70 por ciento son mujeres; y una apertura familiar amplia, sumado a políticas socializadoras más parecidas al ámbito social libre.
Para abonar esta teoría, expresaron que se cuenta con emprendimientos productivos que auto financian el establecimiento y aseguran salida laboral tanto durante el encierro como después de terminada la pena. Estas medidas han llevado a que en muy pocos años se reduzca la reincidencia de un 50 a un 3 por ciento, bajando la conflictividad interna del penal, hasta casi desaparecer.

En la provincia.
Al panel expositor, se sumó Alan Ruiz, director de Inteligencia Criminal de la provincia, dependiente del Ministerio de Seguridad, que comentó el estado de situación actual en La Pampa. También explicó el convenio que se firmó con el Servicio Penitenciario Federal para alojar presos varones en la Unidad 13 local, y asegurar más vacantes en el resto de las unidades provinciales.
Asimismo, mencionó el acuerdo existente para enviar a condenados por delitos sexuales a Senillosa (Neuquen), que funciona desde agosto como unidad terapéutica para esta conflictiva, todo lo cual ha significado un principio de solución que es histórico y sin precedentes en la provincia. Tal como indicó la misma APP, "estas iniciativas son políticas de Estado, que se colocan por encima de las contingencias y se orientan a afrontar, de modo creativo, problemas endémicos".
Destacaron que "La Pampa tiene condiciones óptimas para encarar el desafío propuesto de una cárcel diferente a la tradicional: una baja densidad de presos, que totalizan unos 350 en toda la provincia; una población penitenciaria que, en general, no reviste complejidades en su composición; condiciones geográficas y edilicias acordes; y experiencias previas, como la unidad abierta de General Pico, que demuestran que es factible implementar otro sistema, respetuoso de los derechos y la dignidad de las personas y pensando en devolver a la sociedad individuos que salgan en mejores condiciones que cuando ingresaron".
Finalmente, analizaron que esta metodología implica "un Estado amigable para la recepción laboral y productiva pos penitenciaria, marco en el cual el Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal será de vital importancia", finalizaron.