Comerciantes cuestionan la Ley de Abastecimiento

La Cámara de Comercio, a la par de dar a publicidad el documento en cuestión, también se lo remitió a los legisladores nacionales pampeanos, a los bloques de diputados en la Legislatura Provincial; a la Unión Industrial de La Pampa; a las cámaras colegas pampeanas, a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Confederación General Económica y a entidades afines.
Adhirieron al documento las cámaras de Comercio de General Pico, General Acha, Eduardo Castex, Colonia Barón y Realicó, mientras que las instituciones nacionales del sector en sintonía con la postura santarroseña emitieron sus propios documentos.
Los comerciantes capitalinos consideran que la norma en cuestión lleva al "desabastecimiento y la autodestrucción" y que junto a otros proyectos se "pretenden regular las actividades económicas, que de prosperar, nuestro país y nuestra provincia no tienen futuro".
El proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento "anula la competencia y, lejos de promoverla, permite al Estado intervenir en la dirección de las empresas, viola los derechos constitucionales, se pierde el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio, entre otras aberraciones".
El documento añade que el PEN "pretende imponer las prácticas del ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno en forma institucional, e intervenir en la dirección de las empresas. Esto no hace más que afectar todo proyecto de inversión que genere empleo y bienestar para los habitantes del país, especialmente en una época donde la crisis se precipita en forma acelerada".

Intervención.
El documento continúa: "Si nuestros legisladores aprobaran este proyecto, se reemplaza en las empresas la toma de decisiones, en la fijación de precios, en la determinación del volumen de producción y en la elección de qué productos producir. Resulta una intervención directa en la gestión empresaria o comercial".
Las autoridades de la Cámara santarroseña plantean que con esta ley "el Estado podrá incautar y vender mercaderías sin juicio de expropiación previo; cancelar concesiones otorgadas, créditos especiales, regímenes impositivos y decidir en la cadena de valor; fijar precios de referencia o precios máximos y determinar provisión de bienes o servicios".
"En definitiva tiene la determinación de intervenir en todos los aspectos de la economía y la capacidad para decidir precios y cantidades", por lo que se considera "un ataque a todas las actividades económicas que se expande al comercio y los servicios, endureciendo el control del Gobierno en materia de abastecimiento de bienes y cumplimiento de los servicios".

Provincias.
Otras objeciones planteadas por los comerciantes sobre la Ley de Abastecimiento, son: que se "autoriza a los gobernadores y al jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fijar precios máximos en sus respectivas jurisdicciones" y que se pretende "fijar márgenes de utilidad, volúmenes de producción, de fabricación, de comercialización y de prestación de servicios, secuestrar documentación contable, aplicar multas de hasta 10 millones de pesos, decomisar, clausurar hasta en forma definitiva y, extender las penas económicas a los integrantes de sociedades".
La Cámara considera este proyecto como "inconstitucional", que viola la libertad de comercio y significa "un enorme retroceso en lo institucional, y por lo tanto merece el unánime rechazo de todos los actores económicos de nuestra provincia".