Denuncian a Marino por “sedición”

LEGISLADORES SUSCRIBIERON UN COMPROMISO PARA NO CUBRIR VACANTE EN LA CORTE SUPREMA

Un abogado cercano al kirchnerismo denunció a un grupo de legisladores por haber firmado un “compromiso público” para no cubrir la vacante generada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta después de las elecciones 2015.
El senador nacional Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa) fue denunciado junto a otros legisladores por firmar un “compromiso público” para rechazar cualquier trámite vinculado a la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta después de las elecciones presidenciables del año 2015.
La presentación también apuntó contra los radicales Gerardo Morales (Jujuy); Blanca Monllau y Oscar Castillo (Catamarca); Ernesto Sanz y Laura Montero (Mendoza); Eugenio Artaza (Corrientes); Marta Borello (Córdoba); Silvia Pérez (Tucumán); Mario Cimadevilla (Chubut); Alfredo Martínez (Santa Cruz); Ángel Rozas (Chaco) y Luis Naidenoff (Formosa).
Por el FAP, se suman Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe); Jaime Linares (GEN-Buenos Aires); Luis Juez y Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba); Fernando Solanas (UNEN-Capital), y Magdalena Odarda (CC-Río Negro) y por el PRO, Gabriela Michetti y Diego Santilli (Capital) y Alfredo De Ángeli (Entre Ríos), y otros legisladores que firmaron el acuerdo.

Estrategia política.
La Constitución nacional establece que la elección de los integrantes del Supremo Tribunal debe realizarse por los dos tercios de los miembros de la Cámara alta, por lo que serían necesarios 48 votos sobre los 72 que conforman el cuerpo. Con el acuerdo de 29 senadores oponiéndose a consensuar el nombramiento del quinto integrante de la Corte, resulta imposible alcanzar el número necesario para cualquier designación.
La denuncia quedó a cargo por sorteo de la juez federal porteña María Servini de Cubría, quien dará vista a la fiscalía para que determine si corresponde o no impulsar la investigación, por el artículo 230 inciso 2 de Código Penal que prevé hasta cuatro años de prisión para quienes se alcen “públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales”.
La presentación ante la justicia federal fue realizada por el abogado Eduardo Barcesat. La Corte Suprema quedó con un lugar vacante como consecuencia de la renuncia del ministro Eugenio Raúl Zaffaroni, quien dejará su cargo a fin de este año.
También cabe tener en cuenta el fallecimiento del juez Enrique Petracchi que dejó al máximo tribunal de justicia del país, con cinco miembros, tal como establece la ley sancionada en 2006 que redujo el número de integrantes.

El “compromiso”.
Por escrito, esta semana, unos 28 senadores resolvieron suscribir un “compromiso público” para no facilitar el acuerdo para cubrir la vacante de Zaffaroni en la Corte, pretendiendo que la designación del puesto vacante quede en manos del próximo gobierno y no del kirchnerismo. El autor de la iniciativa es el socialista Giustiniani (FAP-Santa Fe), quien inició contactos con el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), para salir a la búsqueda de firmas de otros legisladores enfrentados con la Casa Rosada.