Diputado pide crear una nueva fiscalía

PROPONEN QUE UN AREA ESPECIALIZADA INVESTIGUE LOS EXCESOS POLICIALES

El diputado Sabarots propuso crear una fiscalía que investigue los casos de violencia institucional, a partir de la “infinidad” de las denuncias por excesos policiales en La Pampa.
El diputado Abel Sabarots (Frepam) presentó un proyecto de ley en el que propuso la creación de una fiscalía especializada en violencia institucional que tendrá su competencia en la investigación de abusos en situación de prevenir o reprimir por parte de los agentes policiales que se cometan en la vía pública, en contextos de encierro o en ámbitos públicos o privados, en ejercicio de servicio activo o fuera de servicio.
Se propone, además, que la fiscalía cuente con un equipo de trabajo multidisciplinario capacitado en violencia institucional, integrado por un psicólogo, un asistente social, un médico forense, un perito en criminalística y un experto en balística para garantizar una adecuada investigación y represión del delito, como también adoptar las medidas de carácter urgentes de protección y custodia de los denunciantes.
Además, se establece en el articulado que la nueva oficina deberá elaborar un informe anual respecto de la cantidad de hechos investigados, procesos en trámite, sentencias dictadas y demás datos de evaluación que, a criterio del Ministerio Publico Fiscal, merezcan ser presentados. El informe deberá ponerse a conocimiento del Poder Legislativo antes del 30 de noviembre de cada año, para su discusión, evaluación y eventual divulgación.
“La violencia institucional se trata básicamente de prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios públicos de las fuerzas de seguridad, y todo agente estatal que actúe en contextos de restricción de la autonomía o libertad, como también en cualquier ámbito público, sea que el funcionario se encuentre en estado activo o pasivo”, explicó Sabarots.

Desinterés estatal.
En los fundamentos, el diputado radical dijo que “este tipo de violencia vulnera fundamentalmente los derechos de grupos excluidos como los pobres, los jóvenes, los llamados LTGB (Lesbianas, Travestis, Gays y Transexuales), ya que el accionar de estos agentes está teñido por rasgos discriminatorios, prácticas abusivas históricas y por sobre todo, amparadas por un desinterés estatal, violentando los más preciados derechos humanos”.
Explicó que “este nivel de violencia, por sobre estos distintos grupos vulnerables de la ciudadanía, es una de las mayores deudas que aún tiene nuestra democracia” y “la imposición de condiciones inhumanas de detención, muertes violentas y dudosas en situación de encierro, los famosos casos de ‘gatillo fácil’, el uso abusivo del poder coercitivo estatal, son algunas de las tantas modalidades en las que se visibiliza la violencia institucional”
Sabarots advirtió que la violencia institucional está “amparada por cierta legitimidad y un manto de impunidad que no podemos permitir” porque surge de la estructura estatal y recordó la muerte del jornalero Juan Carlos Canale cuando estaba en la alcaidía de General Acha, donde los agentes policiales fueron responsables y trataron de encubrir el hecho mediante confesiones coaccionadas de los detenidos.

“Infinidad de casos”.
En los fundamentos, el diputado Abel Sabarots señaló que en La Pampa hay “infinidad de casos de persecuciones policiales a personas sospechadas de cometer delitos menores o infracciones de tránsito, que han terminado en más de una ocasión, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, sin correspondencia alguna con la gravedad de los ilícitos perseguidos” y ejemplificó con el caso de Jorge Díaz, que murió en el barrio Obreros de la Construcción, luego de haber volcado con su auto cuando era perseguido por la policía.
Agregó que el caso “más emblemático y el que todos hubiéramos deseado que nunca sucediera, es el trágico episodio en la zona rural de Lonquimay, teniendo como consecuencia, en el marco de una intervención policial, la muerte de Santiago Garialdi y las lesiones de Andrés Casabbone. Este hecho se enmarca en uno de los sucesos de mayor violencia institucional en La Pampa, ya que frente a una eventual contravención a la ley de caza, las víctimas fueron emboscadas, y producto del accionar policial se afecto el mayor de los derechos humanos, que el Estado de Derecho debe proteger y resguardar, y que es el derecho a la vida”.

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