Diputado alerta por el río Salado

BERHONGARAY QUIERE QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL SE OCUPE

Esta semana el diputado Martín Berhongaray reiterará el pedido al fiscal de Estado para que inicie juicio ante la Corte Suprema para proteger al río Salado. Acusa que el gobierno provincial no actúa.
A comienzos de semana se conoció el convenio con China para financiar Portezuelo del Viento, obra que no cuenta todavía con la anuencia de Coirco, y de la que tampoco fue informada nuestra provincia. Pero no es la única información importante de los últimos días, porque ahora la novedad se vincula a otro convenio con ese país para construir la represa El Tamboral en la cuenca del Desaguadero-Salado sin la autorización de La Pampa. En razón de esos acontecimientos, el diputado Martín Berhongaray (Frepam) viene alertando para que nuestras autoridades actúen ante la situación.
-Está preocupado por el tema…
-Hace tiempo que me viene preocupando la falta de reacción de nuestras autoridades por el avance de otras provincias sobre nuestro río Salado. Tanto es así que ya en 2009 presenté un proyecto requiriéndole al Fiscal de Estado que promueva una acción de amparo para evitar los cortes que sufre el Salado antes de ingresar en territorio pampeano. Algo parecido a lo que en 2014 se hizo con el Atuel. Es absolutamente condenable el abuso que hacen de la cuenca las provincias que están ubicadas aguas arriba.
-¿Cómo está al día de hoy el río Salado?
-Agonizando. Es muy bajo el caudal que ingresa en la provincia, y el contenido salino es tan elevado que no se le puede dar ningún uso a lo poco que entra. Si no se acciona con firmeza es probable que el Salado corra la misma suerte que el Atuel. El tema lo hemos discutido mucho en la Fundación Chadileuvú.
-¿A qué adjudica la falta de reacción?
-El principal problema es que en La Pampa no hay una política hídrica. Se perdió el empuje que supo tener nuestra provincia hasta entrada la década del 80. Y basta ver lo que costó convencer a nuestras autoridades de que había que promover una demanda por el corte del Atuel. Se cansó de pedirlo la Fundación Chadileuvú, lo hicieron las distintas asambleas de los ríos y la Asociación Alihuén. Y hubo que esperar que dos particulares, los abogados Miguel Palazzani y Gil Domínguez, hicieran un planteo ante la Corte para que el gobernador se sienta sin escapatoria y en la obligación de demandar a Mendoza y a la Nación.
-¿No ve otro camino que ir la justicia?
-Sinceramente no. Los organismos que funcionan a nivel federal como Cohife y Cofema no tienen ni la fuerza ni la decisión para impedir los abusos que cometen provincias como Mendoza y San Juan con los ríos interprovinciales. Tampoco veo coraje en los organismos nacionales que están relacionados con la problemática, como la Secretaría de Recursos Hídricos o la de Medioambiente.
Por eso creo que hay que convencer cuanto antes a nuestras autoridades de que hay que reaccionar con firmeza, y el camino es iniciar un juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para proteger el Salado.