Diputados del PJ, contra privatización

El bloque de diputados justicialistas expresó su oposición a la creación de la Sociedad Anónima Corredores Viales, que tendría "las mismas funciones que por ley tiene Vialidad Nacional".
"El decreto de su creación es poco transparente", afirmaron los legisladores Espartaco Marín y Ariel Rauschenberger.
Sostuvieron que Corredores Viales tendría las mismas funciones que Vialidad Nacional "pero sin los respectivos controles estatales y además, abre la puerta para que puedan participar empresas privadas en su composición accionaria, pudiendo ser privatizada en un futuro".
Agregaron que lamentaban que "el ministro de transporte Guillermo Dietrich no asistiera a Diputados a dar explicaciones porque el decreto de la creación de la empresa resulta poco transparente en varios puntos".
"En varios aspectos es un gran retroceso. No solo la posibilidad de Vialidad Nacional sino que, entre otras cosas, se saltean todos los controles de transparencia publica y los directores que la conducen no tienen las mismas obligaciones que tiene un funcionario público", dijo Rauschenberger.
Agregó que "el decreto establece que no se aplicarán a la nueva sociedad las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos nº 19549, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (decreto 1023), de la Ley de Obras Públicas nº 13064, ni las normas o principios de derecho administrativo. Crear una sociedad estatal sin ningún tipo de control público no ofrece ninguna garantía institucional".

Preocupa estabilidad laboral.
Espartaco Marín coincidió además con las preocupaciones que manifestaron trabajadores de Vialidad Nacional en todo el país, incluyendo a los del distrito 21º de La Pampa. "El decreto establece que personal de VN puede ser transferido a la sociedad concesionaria sin garantizar la estabilidad ni la continuidad en el puesto laboral. Tienen razones para estar preocupados, se enteraron por whatsapp y no les han dado una sola explicación valida sobre su futuro laboral".
Destacaron además "la actuación del diputado Ziliotto para pedir que el ministro Dietrich asista a Diputados y la senadora Durango que hizo lo propio en el Senado".
Por otra parte Marín desmintió que se haya utilizado un procedimiento similar para otros casos durante el anterior gobierno. "Los casos de ADIF y Sofse (empresas creadas para reordenar la actividad ferroviaria) fueron creadas por una ley que pasó por el Congreso Nacional y ambas estuvieron sujetas al control de la Sindicatura de la Nación".
"Si el problema es la burocracia estatal, como ellos dicen, lo que hay que hacer es trabajar para que esos controles sean más rápidos y eficientes, justamente ellos hicieron de la modernización estatal una bandera y ahora evidencian la contradicción. Son recursos estatales que financiamos todos los argentinos, por lo tanto merecen el control correspondiente", concluyó el jefe del bloque de diputados del PJ.

"Entrega de una de las joyas"
El Frente de Trabajadores de Gremios Viales salió a denunciar que el gobierno nacional prepara la entrega de "una de las joyas del Estado".
Con el acompañamiento de ATE hubo una marcha al Congreso de la Nación, en la que se entonaron cánticos alusivos en defensa de la repartición.
Una comitiva integrada por dirigentes del FGV entregó un petitorio -un escrito de más de 200 fojas-, que pide la derogación del decreto nº 794/2017, rechazó la entrega del edificio del 1º Distrito y puso en conocimiento de los legisladores la ardua tarea "en defensa de los derechos de los trabajadores consagrados en los convenios colectivos de trabajo, que han sido objeto de un sistemático ataque por parte de la Administración pretendiendo recortar conquistas y flexibilizar el empleo".
Entre los manifestantes hubo trabajadores pampeanos, que señalaron que "fue conmovedor observar reclamando codo a codo a trabajadores viales de diferentes gremios y posiciones políticas, todos unidos en defensa de la fuente de trabajo".
También se hicieron presentes en apoyo de los manifestantes trabajadores viales jubilados, diputados nacionales, dirigentes de la FAT Vial, entre otros.
Los gremios alertan sobre que "se han empezado a escuchar las voces desde la Administración y el Gobierno que pretenden hacernos bajar la guardia, diciéndonos que el decreto 794/17 no dice lo que dice, que en realidad se trata de otra cosa; contando con la complicidad de un sector gremial que se dice vial y que en realidad es cómplice en esta entrega de una de las joyas del Estado que no pudieron entregar ni los militares ni los gobiernos neoliberales de Menem y De La Rúa".