Echaron a los fiscales sospechados de filtrar datos a ex clientes

Las designaciones de Fassina y Fernández fueron revocadas por el máximo tribunal de justicia de La Pampa por pedido de la Procuración General. Están acusados por ver información de una causa por una sucesión y se sospecha que pudieron pasar datos a sus antiguos clientes.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa resolvió "dejar sin efecto" las designaciones de los dos fiscales sustitutos que son investigados por acceder a información de una causa judicial en la que intervinieron como abogados particulares antes de ser funcionarios, y se sospecha que pudieron alertar a antiguos clientes.
El máximo tribunal de la provincia informó ayer que la decisión fue tomada a pedido del procurador general Mario Oscar Bongianino, quien fue advertido por la situación irregular por el fiscal general de Santa Rosa, Guillermo Sancho, tal como publicó LA ARENA al dar a conocer la anomalía.
En un escrito, el STJ informó que "se resolvió dejar sin efecto las designaciones de Fernando Iván Fassina como fiscal sustituto asignado provisoriamente a la sede del Ministerio Público Fiscal de Santa Rosa y Romina Valeria Fernández, como fiscala adjunta sustituta en el ámbito de la Procuración General, desde el 23 de noviembre".
Según se indicó oficialmente, "en un primer momento, Bongianino sugirió dejar sin efecto ambos nombramientos ante posibles irregularidades cometidas por los funcionarios sustitutos", que presentaron sus descargos ante el máximo tribunal.
El 12 de noviembre, se iniciaron actuaciones administrativas y una investigación fiscal preparatoria. Por esto, Bongianino reiteró en dos oportunidades la posibilidad de dejar sin efecto las designaciones de Fassina y Fernández para "preservar la credibilidad y prestigio de las actuaciones funcionales, a fin de asegurar la objetividad en las investigaciones fiscales preparatorias, que sin dudas quedan resentidas con episodios como los señalados".

Un escándalo en tribunales.
La polémica se generó a partir de las publicaciones en este medio, donde se reveló que Fassina y Fernández fueron detectados ingresando al sistema informático del Poder Judicial con sus claves y revisaron un legajo de una sucesión que manejaban antes de ser fiscales, como abogados particulares. Es decir, de antiguos clientes.
Esa sucesión está vinculada a la familia Crespo, que está en litigio con Carlos Luján Sosa, uno de los condenados como autor intelectual en el crimen de Villa Martita, donde fue asesinada Griselda Fuentes Cabal y resultó herido el empresario Eduardo Ros, en el marco de un ajuste de cuentas por un negocio inmobiliario.
La sospecha es que los fiscales sustitutos pudieron haber filtrado información de esa causa, donde Sosa está denunciado por haber fraguado documentos para quedarse con una propiedad de la familia Crespo en Córdoba. Los herederos dicen que los papeles aportados por Sosa son falsos y que hay una estafa porque su padre nunca firmó.
"Es una situación extraña e irregular", dijo el fiscal Sancho, quien elevó un informe a la Procuración General alertando sobre la situación detectada. En otro sentido, Fassina aclaró en Radio Noticias que no cometió ninguna irregularidad y advirtió que la acusación en su contra es impulsada por una competidora en un concurso destinado a fiscales.