El MPF cuestiona a jueces penales

El Ministerio Público Fiscal pampeano se manifestó en contra de la acción penal que dos integrantes del mismo iniciaron contra el Servicio Penitenciario Federal por el hacinamiento que sufren los presos pampeanos en comisarías y alcaidías a causa de la saturación de las cárceles nacionales. Pidió que las actuaciones pasen a la órbita federal ya que los señalados como responsables de esta situación son los jefes de las tres cárceles santarroseñas.
En su carácter de responsable de la Unidad de Atención Primaria del Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, la prosecretaria María Eugenia Lieto solicitó que se decrete la incompetencia para entender en este legajo. Lieto formuló este pedido bajo la autorización que le confirió el Procurador General mediante la resolución 60/15, del 23 de abril de este año.
El legajo se inició a raíz de la denuncia que presentó, por escrito y ante esta Unidad de Atención Primaria, el juez de Ejecución Penal, Martín Saravia, en su carácter de Juez de Ejecución Penal, ante la posible existencia de un delito penal en cuanto puso en conocimiento que en la actualidad existe un número aproximado de 120 personas con condena firme, que cumplen sus condenas en establecimientos policiales, hacinadas y en condiciones infrahumanas. No solo lo hacen en condiciones deplorables sino también "de manera ilegal", expresó Saravia.
El juez señaló como responsables de esta situación al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, al Director Nacional del Régimen Correccional, Walter Flores, y al Director de la Unidad 4 "Colonia Penal", el prefecto Sergio Escalada.
"Teniendo en cuenta que del contenido de la denuncia que da origen a las presentes actuaciones, surge que estaríamos en presencia de un hecho de competencia federal, debido que las personas sindicadas como presuntos responsables de las irregularidades denunciadas son funcionarios pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal", sostuvo Lieto al plantear la "incompetencia" del Ministerio Público Fiscal de La Pampa para actuar y resolver en este tema. Con ese breve argumento, la prosecretaria solicitó que "se decrete la incompetencia en razón de la materia, para entender en el presente legajo, y se remita el mismo al Juzgado Federal de esta ciudad", tal como establece el tercer párrafo del artículo 41 del Código Procesal Penal.

Intimación.
A mediados de diciembre de 2014, los jueces de Ejecución, Martín Saravia (Santa Rosa) y Jorge Mauricio Pascual (General Pico), intimaron a la Dirección del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a que cumpla en un plazo de 50 días con el convenio firmado en 2007 con el gobierno de La Pampa para que reciba a presos condenados por la Justicia provincial y que en ese momento, también ahora, están alojados en comisarías y alcaidías.
"Cuestionamos la falta de incorporación de condenados por la Justicia pampeana en la órbita del Servicio Penitenciario, en la Unidad 4 y en general. Se está desconociendo una decisión política del gobierno con aprobación de la Legislatura", aseguró el juez Saravia al ser consultado por LA ARENA tras esa presentación.
En la nota de diciembre, los jueces reiteraron el pedido para que los presos condenados en la provincia sean trasladados a cárceles del sistema federal, algo que ya advirtieron con resoluciones presentadas en el mismo sentido en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de ese año.
En caso de no cumplirse la medida, los magistrados dispusieron aplicar una multa diaria de unos 100 pesos por preso, lo que sería descontado del sueldo o patrimonio del director nacional del SPF, Emiliano Blanco.