“Es indignante escuchar como mienten”

FRANCO CATALANI, QUERELLANTE EN EL JUICIO DE LA SUBZONA 14 II

Catalani dijo que los represores de la Subzona 14 “alegan derechos que jamás contemplaron con las víctimas” que secuestraron y torturaron y destacó que “costó 40 años poner a Baraldini ante la justicia”.
El abogado Franco Catalani, representante de una de las partes querellantes en el juicio de la Subzona 14 II, aseguró ayer que “es indignante escuchar la forma en que los represores mienten para sacarse la responsabilidad de la historia y encima dicen tener problemas de salud para no asistir a las audiencias”.
“Nosotros hacemos todo lo posible para que los represores estén en el juicio, porque queremos que escuchen a los testigos lo que ellos vivieron, ese testimonio tiene un valor en sí mismo, además de ser una prueba. Tiene importancia para la historia del país y de La Pampa”, afirmó el querellante.
Así, Catalani se refirió al planteo que realizaron los defensores para que los ex militares y ex policías acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura en La Pampa asistan al juicio solamente cuando haya testimonios que los involucren directamente. “El Código dice que tienen que estar en las audiencias”, agregó.
Por otro lado, el abogado se refirió a la figura de Luis Baraldini, ex jefe de la Policía en la dictadura: “Costó 40 años traerlo ante el tribunal, y él insiste en la ilegalidad de su detención. Dijo que no estuvo prófugo y que nunca dio una identidad falsa, para pedir la nulidad. Nosotros creemos que no es la oportunidad de evaluarlo, porque ya fue resuelto”,
Sobre el ex policía, que denunció irregularidades en su detención en Bolivia en 2011 donde estaba prófugo, aseguró que “alega derechos que jamás los represores contemplaron con las víctimas de sus delitos. Dijo que quienes lo fueron a buscar no estaban identificados ni tenían orden judicial, justo de lo que lo estamos acusando”.
Baraldini, eje de la aplicación del plan represivo de secuestros y torturas que se impuso en La Pampa desde 1975, está imputado por asociación ilícita, secuestros y torturas en perjuicio de 214 personas. Fue uno de los acusados que encabezó detenciones y participó de interrogatorios bajo tortura.
El abogado Catalani, además, comentó que en la última jornada del juicio que se realiza en Santa Rosa, Baraldini intentó desvincularse en su declaración de “la estructura militar” a partir de su asunción como jefe de Policía pero “los secuestros y torturas eran diseñados con las autoridades militares y hay pruebas de que respondía (Fabio) Iriart”, jefe del Comando Militar de la Subzona 14.
El querellante también advirtió que “es falso” que Baraldini “se haya puesto a derecho en algún momento” y al escapar a Bolivia logró evitar el primer juicio de la Subzona 14, donde fueron condenados ocho represores. “El juez (Mario) Triputti le preguntó qué día se presentó ante la justicia y el defensor no pudo responder porque ese día no existe”.

Cambios.
Sobre la escasa asistencia de público en las audiencias, dijo que ello “tiene que ver con el momento cultural, político e histórico que vivimos con una renovación de una perspectiva ideológica que siempre estuvo con una visión critica en los juicios de lesa humanidad, una ideológica negacionista, que atribuye revanchismo y aprovechamiento a las víctimas”.
Catalani explicó que en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) se está implementando un programa específico de asistencia a los juicios de todas las personas que pertenecen a la casa de estudios y quieran presenciar el debate. “Hay docentes que acompañan para establecer el contexto y reuniones de reflexión posteriores”, añadió.
– ¿Cree que algunos de los acusados puede llegar a reconocer algún tipo de responsabilidad?
No lo creo. No se vio nada de eso en el juicio anterior, ni en ningún hecho judicial, sino todo lo contrario.

“Una ley de la dictadura”.
El abogado Franco Catalani también planteó que “las fuerzas de seguridad de la provincia de La Pampa y del Estado nacional siguen teniendo un parecido con las fuerzas en los años 70, porque no se renovaron desde el punto de vista ideológico, orgánico y funcional”.
Además, recordó que la Ley Orgánica de la Policía pampeana “es de la dictadura militar, conservando hábitos institucionales de aquella época como el certificado de buena conducta que aún se pide para tener un trabajo, incluso en la administración pública y es una ilegalidad”.
Dijo que “eso fue reafirmado por los gobiernos democráticos y obligan a una persona que busca un empleo a ser fichada por la policía, como otros casos de detención de una persona por no tener documentos, por averiguación de antecedentes o la famosa actitud sospechosa, son prácticas institucionales ilegales avaladas por la ley policial de la dictadura y un poder político que no tuvo voluntad de cambiarla”.
“Los derechos humanos deben verse como un principio de convivencia fundamental y hay que asumir los límites que cualquier estado debe tener. Esos principios todavía no los hemos logrado. La importancia del juicio de la Subzona 14 es la maduración cívica y política que podemos tener los pampeanos si nos involucramos con las audiencias, los testimonios y el fallo”, agregó el querellante.