Estiman en $1.100 millones la pérdida para La Pampa

FIN DEL IMPUESTO AL CHEQUE

La posible cancelación del gravamen impactará de lleno en las arcas provincias y municipales. El Ministerio de Hacienda de la provincia advirtió por las pérdidas millonarias que tendrán las comunas pampeanas.
La reforma impositiva que tiene en mente el gobierno de Mauricio Macri impactará de lleno en las arcas de las provincias, y consecuentemente de los municipios. La desaparición del Impuesto al Cheque y, en forma parcial, de Ingresos Brutos, significará “un vaciamiento de la masa coparticipable” que, a modo de ejemplo, significará una pérdida de 34 millones de pesos para la ciudad de Santa Rosa, y de 21,5 millones para General Pico. Con los valores proyectados para 2018, La Pampa dejaría de percibir casi 1.100 millones de pesos.
Una reciente publicación del diario Ámbito Financiero explica que el tributo a los “débitos y créditos bancarios” no dejará de existir pero podrá ser tomado a cuenta de Ganancias o será devuelto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el caso, como los monotributistas, que no estén alcanzados por ese tributo o su pago exceda las liquidaciones mensuales de esa persona o empresa.
Para Ingresos Brutos el Gobierno tiene pensado un “Plan Canje”: parte de lo que las provincias perderán de recaudar por el posible fin del impuesto, será retribuido por la Nación con el cumplimiento liso y llano del fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a la Nación a aumentar en un 15 por ciento las transferencias por coparticipación. En ambos casos los cambios serán graduales y aplicados en diferentes etapas en cinco ejercicios fiscales que comenzarán en enero de 2019 y terminarán en diciembre de 2023.

La Pampa pierde.
Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de La Pampa hizo algunas advertencias sobre cómo afectarán estos cambios a nuestra provincia, en particular en las comunas, ya que los gravámenes en vías de extinción son coparticipables.
Tanto el pago a cuenta de Ganancias como el reintegro de Impuesto a los Débitos y Créditos implican “un vaciamiento de la masa coparticipable” y por lo tanto un perjuicio directo a las provincias, según el actual esquema de distribución del impuesto. Esto es porque la Nación coparticipa sólo el 30 por ciento del “Impuesto al Cheque”, mientras que Ganancias se coparticipa en un 64 por ciento más un 14 por ciento que se distribuye exclusivamente entre las jurisdicciones provinciales con dos regímenes de distribución particulares.
El costo fiscal de la medida, manteniéndose el actual sistema de distribución del impuesto, asciende a 1.286 millones de pesos, un 10 por ciento de los recursos tributarios federales, considerando los valores de recaudación previstos para 2017 -aunque no están disponibles las estimaciones de recaudación para 2018, se prevé un 15,4 por ciento más, aproximadamente-.
Por la restitución gradual del 15 por ciento, la Provincia obtendrá tan sólo 345 millones adicionales a valores de 2017. A valores de 2018 estimados, la cuenta da -1.484 millones de Impuesto al Cheque más 397 millones de disminución en la detracción con destino a Anses, es decir un resultado negativo en 1.087 millones de pesos.
Parte de este ajuste se trasladará a los municipios, en tanto el impuesto se coparticipa a las comunas. La Municipalidad de Santa Rosa dejará de percibir 34,5 millones de pesos, a la vez que General Pico verá mermados sus ingresos en 21,5 millones de pesos.

Un falso canje.

El “canje” que propone el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no es tal porque la devolución gradual del 15 por ciento antes coparticipado ya está firmada y corresponde a las provincias. La Nación no estaría cediendo nada, y las provincias disminuirían su capacidad de imposición, lo que implica la realización de un ajuste en el gasto provincial.
Habría que ver cómo se plantea la negociación en su momento, pero así las cosas representa un embate contra la capacidad fiscal de las provincias, que no son de ninguna manera las causantes de la mayor parte del déficit del sector público consolidado -sólo aportan un 0,7 por ciento de déficit respecto del PBI-, y que deben hacer frente a la gran mayoría de los servicios del Estado.