"Esto tiene que ver con el caso del jornalero Canale"

Un violento incidente entre efectivos de la Primera y vecinos del Néstor Kirchner dejó varios lesionados. De un lado denuncian abuso policial y persecución, del otro atentado y resistencia a la autoridad.
La fiscala Leticia Pordomingo tomó intervención en un caso que tiene como protagonistas a un grupo de efectivos de la Seccional y a los hermanos Andrés y Miguel Roveda por un violento incidente ocurrido en el barrio Néstor Kirchner durante la noche del sábado. Las acusaciones mutuas son: mientras los Roveda dicen haber sido víctimas de una persecución y una golpiza, los efectivos los acusaron de haber atentado contra la autoridad y herir a un efectivo en medio de un procedimiento.
"La información que tengo hasta el momento es el parte de registro telefónico del Cecom y el sumario policial. Eso indicaría que un vecino del Néstor Kirchner pidió una presencia policial porque una persona de apellido Roveda estaba efectuando disparos de arma de fuego y que en el lugar había un chico de 13 años -el hijo de uno de los hermanos- que tenía la cara ensangrentada porque el padre le había pegado", detalló la fiscala Leticia Pordomingo.
"Cuando la policía llegó al lugar en un patrullero y quiso ver qué pasaba, Roveda y otras personas comenzaron a tirarle ladrillos. Ahí es cuando un efectivo resultó herido. Después llegaron refuerzos y la policía efectuó disparos con postas de goma", agregó la funcionaria judicial que interviene en la causa por "atentado, resistencia a la autoridad, daño y lesiones a un policía" que tiene como acusados a los Roveda.
"Sobre la denuncia que hacen los hermanos va a intervenir la Fiscalía de Delitos Complejos", agregó la fiscala.

La versión del abogado.
"El sábado cerca de las 20, Andrés Roveda estaba por llegar a su casa en moto cuando un patrullero se le puso al lado. Uno de los policías que bajó del móvil le pidió que les muestre los papeles de la moto y cuando él hace una seña de que se los va a dar, otro policía le da un disparo de itaka con perdigones de goma. Roveda quiso meterse adentro de su casa pero la puerta estaba cerrada. Ahí es cuando le pegan otro escopetazo en la pierna izquierda. Con la pierna herida logró saltar el tapial", dijo el abogado.
"Después de eso llegaron como 50 policías en más de una decena de patrulleros. Ahí lo tiraron al piso, lo esposaron y un policía le apoyó el caño de la escopeta en la otra pierna y le disparó. El tiro le arrancó un pedazo de masa muscular. Después lo trasladaron a la Seccional Primera, lo golpearon todo el camino con un fierro hasta que perdió el conocimiento", agregó el abogado.
"En medio de la redada a Andrés apareció su hermano Miguel. Cuando este último vio que estaban golpeando a su hermano quiso interceder y pidió que lo dejen. A él también lo tiraron de la moto, lo esposaron en el piso y lo llevaron a la Seccional Primera", describió Gebruers.

Relación con el caso.
"Esto tiene que ver con lo que ya denunciamos por a caso Canale. Estos chicos (los Roveda) están siendo perseguidos desde el 2005, año en que salieron en libertad. La policía los persigue puntualmente. Hoy (por ayer) nos enteramos de que una camioneta que pertenece a
Andrés apareció quemada en el taller adonde la estaban reparando. No creo que haya sido una casualidad. Esto lo vamos a comunicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también lo vamos a dejar sentado en el expediente que hay en la justicia provincial por los daños y perjuicios que se la han ocasionado a estas personas. Durante años fueron y siguen siendo víctimas de una persecución y estigmatización", cerró el abogado.

Canale, un caso que no se cierra.
Juan Carlos Canale fue muerto a golpes en el 2002 en la Alcaidía de la ciudad de General Acha. En un principio, las autoridades judiciales apuntaron a Andrés Tressen, Miguel Angel Rodríguez, Gustavo Alarcón, Pedro Andrés Roveda y Andrés Cheade, que estuvo tres meses preso por este caso y luego fue desvinculado de la acusación.
Los cuatro restantes, Tressen, Rodríguez, Alarcón y Roveda, fueron condenados y estuvieron presos cuatro años y nueve meses. Sin embargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó un nuevo fallo porque se comprobó que fueron condenados sin pruebas y quedaron libres.
En otro juicio, se condenó a un grupo de policías pero por "negligencia" en el momento de cuidar a la víctima. Se ordenó investigar a los uniformados pero el juez Manuel Álvarez no los acusó del asesinato del jornalero ya que les apuntó a "negligencias en la Alcaidía".