Firmaron porque confiaban en Tierno

La justicia busca saber si el intendente destituido y su gabinete cometieron el delito de abuso de autoridad al fijar el presupuesto municipal y la Ordenanza Tarifaria sin la aprobación del Concejo Deliberante.
Dos ex secretarios municipales, Juan Carlos Mecca y Blanca Soto, habrían declarado que desconocían el contenido de la cuestionada resolución 21/08 y que la firmaron porque confiaban en el destituido intendente Juan Carlos Tierno, el secretario de Gobierno y Seguridad, Juan Carlos Fasce, y los asesores legales del municipio.
Esa habría sido la estrategia defensiva de ambos cuando ayer fueron indagados, por el juez de instrucción Carlos Flores, en el marco de la denuncia impulsada por los concejales del Frepam contra Tierno y su gabinete por abuso y usurpación de autoridad, ya que presuntamente violaron la Ley Orgánica de Municipalidades al rubricar esa resolución, el 17 de enero, y fijar a través de ella el presupuesto municipalidad y la Ordenanza Tarifaria 2008.
Mecca, ex secretario de Obras y Servicios Públicos, y Soto, ex secretaria de Participación Comunitaria y Acción Social, fueron los primeros indagados -prima facie son sospechosos de cometer algún delito- en la causa. Hoy cumplirán el mismo trámite otros dos integrantes del gabinete tiernista que tuvo una gestión de 87 días, Viviana Rodríguez (Coordinación General) y Oscar Vignatti (Hacienda y Producción), y mañana se completará la ronda con los testimonios de Fasce y Tierno.
Marcos Bernardi, defensor de Mecca y Soto, simplemente dijo que ambos “se prestaron al acto” (no estaban obligados a declarar, pero lo hicieron) y “dieron las explicaciones correspondientes”. Y, a título personal, agregó que “me parece que el juez quedó conforme con las respuestas”.
Sin embargo, trascendió que, palabras más, palabras menos, Mecca y Soto habrían dicho que desconocían el contenido de la resolución 21/08, pero que firmaron porque confiaban en Tierno y Fasce, porque ambos son abogados, y en el cuerpo de asesores legales del municipio.
El primero habría señalado que estaba recorriendo algunas obras y que al regresar a la comuna rubricó el texto sin leerlo. “Llegué y lo firmé”, habría expresado ante Flores en el Juzgado de Instrucción 2. Soto habría agregado, tal como ha sostenido Tierno públicamente, que “necesitábamos aprobar la resolución para poner en funcionamiento el nuevo organigrama” de la intendencia. Ese organigrama sumaba nuevos organismos y decenas de funcionarios.
El abuso de autoridad es un delito que requiere dolo -o sea, saber que se está violando alguna norma-, aunque el simple argumento exculpatorio de decir “no sabía” no siempre es suficiente para eludir un procesamiento.

¿En dos despachos?
De las declaraciones de los dos ex secretarios también habría surgido que el trámite (¿ilegal) de las firmas se habría cumplido fundamentalmente en los despachos de Vignatti y Fasce. En el de Vignatti porque los proyectos de presupuesto y Tarifaria tenían relación directa con Hacienda, y en el de Fasce porque allí habrían estampado sus firmas la mayoría de los funcionarios.
La denuncia está centrada en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que expresa que “corresponde al Concejo Deliberante fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos y Ordenanza Tarifaria”, y agrega que si al 31 de diciembre ambas normas no fueran sancionadas, “se considerarán prorrogadas las que se hallaren en vigor”. Por eso la oposición sostuvo que el Ejecutivo debió prorrogar la Ordenanza Tarifaria 2007 hasta que se aprobara una nueva.
Desde el Departamento Ejecutivo contestaron que fijaron el presupuesto de 106 millones de pesos y la Ordenanza Tarifaria -con aumentos promedio del 49 por ciento en las tasas- a través de una resolución, basándose en el artículo 67, inciso 9, de la misma ley, que indica que “constituyen atribuciones y deberes en general del Departamento Ejecutivo Municipal (…) dictar resoluciones durante el receso del Concejo Deliberante sobre materia de exclusiva competencia de este cuerpo, las que serán sometidas al mismo, quien tratará su sanción”. La objeción a esa postura fue que el cuerpo deliberativo no estaba en receso porque había sido convocado a extraordinarias, más allá de que no alcanzara quórum para sesionar.
De ese gabinete, sólo Vignatti ocupa un lugar de privilegio en la lista de concejales que acompaña a Tierno -aspira nuevamente a la intendencia- en las elecciones internas del PJ del 1 de junio.
Con las seis indagatorias, el juez quedaría en condiciones de resolver la situación procesal del ex jefe comunal y sus funcionarios, excepto que decida incorporar alguna otra prueba. Un eventual procesamiento de alguno de ellos lo dejaría cerca de un juicio oral y público. El abuso y la usurpación de autoridad son delitos penados con entre un mes y dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo.