Fracking con el Atuel: La Pampa a la Justicia

Gastón Buss es el director de Políticas Hídricas de La Pampa y se refirió a lo conocido por estas horas sobre el manejo irregular de agua del río Salado, tributario del Atuel, para la extracción de petróleo en Mendoza, tema que generó una serie de demandas contra el Estado provincial por parte de regantes de General Alvear y organizaciones ecológicas mendocinas.
"Por la relación misma que tenemos con Mendoza, nos anoticiamos por los medios y, por ende, no sabemos nada y la información es difícil de conseguir".
-¿Conocen si hay algún estudio de impacto ambiental?
-Por el momento no tenemos información de que estén disponibles o se vayan a hacer.
-Como siempre, Mendoza hace lo que quiere.
-Sí, con el río y con el ambiente en general. Ocurre con las otras cuencas, como la del Salado-Desaguadero o la del Colorado, es la misma postura que tiene ante cada río compartido, donde no sabemos qué alcance le dan a la legislación vigente.
-¿Estamos frente a otra demanda judicial contra Mendoza?
-El hecho de no tener un comité de cuenca, algo que bregamos, no contamos con información directa y es por eso que buscaremos la información a través de los contactos que tenemos en Mendoza. Queremos ponernos al tanto de la situación y si se comprueba alguna irregularidad, que las debe haber, tomar las medidas que se analicen.

Diálogo o demanda.
Las alternativas frente a Mendoza son dos: insistir con la posibilidad de un diálogo, que no se efectivizó nunca, o recurrir nuevamente a la Justicia. "Eso se analizará. Lo institucional es la primera alternativa y la judicial es lo otro que queda por ver",dijo Buss.
"Son las herramientas que tenemos disponibles y que analizaremos en el transcurso de estos días en que nos interioricemos sobre lo que está sucediendo en ese lugar, en la zona de Malargüe, con la utilización del agua del Salado que es el afluente principal del Atuel.
-¿La Pampa está condenada a ir siempre por detrás de lo que decide Mendoza?
-Hay cuestiones territoriales, políticas y poblacionales, lamentablemente estamos inmersos en una situación frente a la cual tenemos herramientas para demandar las medidas que sean necesarias.
-Todos los días un tema nuevo.
-Esto termina de desnudar la postura mendocina en el manejo que hacen (del tema hídrico) y siempre aparece lo mismo.
-Solo queda que la Justicia le ponga un límite a los mendocinos.
-Esperemos y nuestra intención es mostrar estos hechos para que sean jurisprudencia en el caso del Atuel, Desaguadero-Salado y Portezuelo.
-Buss, ¿se sabe algo del laudo presidencial por la construcción de Portezuelo?
-Eso se maneja desde la Fiscalía de Estado. Los plazos están por vencerse y hubo declaraciones del Ministerio de Interior y la respuesta del Procurador de Rentas pampeano, No tenemos comunicación oficial al respecto.

Presentan amparo por el "fracking"
La Federación Argentina de Espeleología, los regantes del río Atuel y distintas asambleas por el agua presentaron un amparo en la Justicia para frenar la utilización de agua del principal afluente del río Atuel (el Salado) para la extracción de hidrocarburos por el sistema fracking ("Estimulación hidráulica") desde el lado mendocino de Vaca muerta.
Las organizaciones mendocinas cuestionan al gobierno cuyano de Alfredo Cornejo (Cambiemos) porque no se realizó un estudio de impacto ambiental ni una asamblea pública, como establecen la ley nacional 25675 y la provincial 5961. La Fundación Cullunche denunció también el hecho ante la Fiscalía de Estado.
Por los regantes del Atuel, Marcelo Romano presentó un amparo para que se detenga la actividad al igual que Federación Argentina de Espeleología, con el patrocinio de Carlos Benetto. En tanto, en estas horas las distintas asambleas por el agua llevarán ante la Justicia al secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, y a la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, porque incumplieron con los deberes de funcionario público.
Las organizaciones también reclamaron el pasado miércoles a la Legislatura mendocina donde unas 500 personas manifestaron su preocupación ante la forma en la que se permitió desarrollar esta actividad en territorio malargüino.
"Es un atropello y una falta de respeto hacia los mendocinos. Esos pozos necesitan un nuevo estudio de impacto ambiental y audiencia pública", comentó Mariano Nagalich, uno de los ambientalistas convocados.