"Fueron acribillados"

El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos repudió el accionar policial que intervino en el homicidio del cazador Héctor Garialdi y manifestó su preocupación por las políticas de seguridad implementadas en La Pampa desde diciembre pasado "bajo las órdenes represivas del ministro de Seguridad", Juan Carlos Tierno. "Esta vez el desprecio por la vida se hizo carne en Garialdi, un joven que estaba cazando liebres y fue sorprendido por la policía en Lonquimay; según los testigos (junto a otro cazador que resultó herido), fueron 'acribillados por la policía' que los esperaba en una calle vecinal con las luces y sirenas apagadas en plena noche. Luego de una innecesaria balacera los policías se dieron a la fuga", afirmó la organización en un comunicado de prensa.
También advirtieron que el gobernador Carlos Verna "es responsable político" del ministro Tierno, quien "debe responder por los actos policiales en cumplimiento de sus ordenes: 'disparar a la cabina de la camioneta en caso de tratarse de cazadores'. Ese no puede ser un lineamiento de trabajo, el arma no puede ser el primer recurso que ejecute la policía. Estamos muy preocupados por las políticas represivas que la policía pampeana ha desempeñado a lo largo de estos años y que se ha profundizado con la designación de Juan Carlos Tiernos como responsable del Ministerio de Seguridad. No podemos olvidar que la violencia policial ya tiene cruces en su prontuario, en 2009 asesinaron a Matías Ramos, en condiciones similares que las sucedidas en Lonquimay. Chami Fernández y Esteban Con también fueron víctimas de gatillo fácil".

Represión.
El Movimiento indicó que "en La Pampa niños y adolescentes de los barrios más vulnerados son reprimidos y perseguidos por la policía. El gatillo fácil y la mano dura ya no pueden ser moneda corriente. Nuevamente replanteamos la urgente necesidad de rever los modos en que opera la fuerza policial, no podemos seguir siendo testigos de la violencia institucional, el atropello, la acción-reacción sin pensamiento previo, la impunidad y la represión. Las fuerzas de seguridad deben dejar de ser violatorias de derechos humanos. Es imprescindible que estos hechos sean investigados con transparencia para que los responsables sean apartados de sus cargos y juzgados. Una vez más solicitamos a las legisladoras y los legisladores que tomen un real compromiso con la necesidad de reemplazar la ley orgánica policial, una gran deuda de la democracia es acabar con las normas de facto".