Incendios: más del 70% de los campos no tiene las picadas hechas

La llegada del Ministro de Ambiente y Desarrollo Humano, el rabino Sergio Bergman, lejos de bajar la temperatura la subió, lejos de apagar las llamas la reavivó. Las redes sociales son una muestra.
Sin argumentos y hechos que puedan justificar al funcionario nacional, los representantes locales del gobierno nacional arremeten contra la política provincial. Nada mejor que un buen ataque como mecanismo de defensa, y esa parece ser la estrategia del Cambiemos pampeano.
Resulta muy difícil y hasta imposible defender la llegada de Bergman a ese lugar (el Ministerio) y menos justificar el año de gestión al frente de esa cartera. Subir la categoría de Secretaría a Ministerio no garantiza que se eleve políticamente el tema y el área ambiental del gobierno de Mauricio Macri es la mejor muestra de ese "ambientalismo de papeles".
Si bien es cierto que no se sabía si llegaba o no de Berman a la zona de los incendios, lo que sí se esperaba es que este año iba a ser duro y que una chispa podía generar un desastre. Los hechos, otra vez, son la mejor confirmación.

 

Pérdidas.
Cuando pasan las llamas queda un lamento. Miles de metros de alambrados, postes, ganados muertos, pasturas, establecimientos, cenizas... y hasta vidas humanas. Las pérdidas económicas son millonarias (1.300 millones, según datos parciales).
Dice que la mejor acción es la prevención pero pocos prestan atención. Hace años el Estado Provincial compró 8 tractores de última generación con sus rastras para que los productores hagan y limpien las picadas (ver recuadro). Son obligatorias las picadas y las debe hacer y financiar los dueños de los campos. Sin embargo, y aun cuando el Estado subsidia con maquinarias, personal y combustible, la mayoría de los campos (más de 70%) no tiene las picadas o no están limpias.
Y el detalle no es menor. Resultan fundamentales al momento de combatir los incendios. Pueden detener total o parcialmente el avance de frente de incendio. Pero también son las rutas de ingreso para que los equipos de trabajo puedan ser efectivos.
El Estado subsidia metódicamente al campo. Si lo hace en épocas buenas o de "bonanza" con excepciones impositivas, con líneas crediticias y financieras, es lógico y entendible que lo implemente cuando se está frente a una emergencia.
Sin embargo, cuando las llamas (o las aguas) se calman, la normalidad es dejar de hacer las picadas y rara vez se compromete el sector en prever el verano y los incendios. Más allá de los reclamos a los Estados, son pocos los antecedentes del sector en gestionar políticas preventivas contra las llamas.

 

Figurita repetida.
Los incendios son la vedette del verano. Siempre lo fueron en esta parte del mundo. Dicen los expertos que el origen es natural y también es responsabilidad del hombre (70/30%, dicen).
La media en La Pampa es de unas 300 mil hectáreas. Hay que recordar que llegamos a multiplicar por 13 esa media y fueron más de 3,5 millones las que se quemaron a principios del 2000. Hoy, entre diciembre y enero no llegamos a aquel triste récord, pero triplicamos la media y esto recién comienza...
Según la opinión de expertos, los incendios son la principal amenaza ambiental en la zona ("tanto o más que el drama del río Atuel", se anima a opinar un recursólogo). Dicen que modificó el ecosistema del bosque de caldén, del monte y de los pastizales. También que pueden ser la carta de defunción del caldenar, pronostican.
Por eso el área de Defensa Civil del Gobierno de La Pampa es una estructura histórica en la provincia con mucha experiencia acumulada. Son organismos que funcionan con "buenos" y "malos" gobiernos.

 

Esfuerzo.
Sin embargo no es un detalle menor que durante la gestión anterior en DC los resultados fueron contundentes. La mayoría de los veranos la media fue inferior a la histórica según las estadísticas oficiales (a excepción de la temporada 2013-2014 que llegó hasta las 485.000 hectáreas quemadas. Ver gráfico).
Se preveía un año complicado. Pero también lo fueron los años anteriores. Por eso el viejo reclamos de mayor presupuesto, de las condiciones laborales de los brigadistas, de unificar medidas, etc, atraviesa gobiernos y gestiones.
Frente a la frágil presencia política de Nación, la provincia debería duplicar el esfuerzo. "Todavía no está afectado de manera dramática el caldenar, pero si lo alcanza los incendios va a ser un desastre", dijo un viejo brigadista que ve con "dolor" como las llamas devoran bosques, montes y pastizales.

 

Los tractores, están.
A fines del año 2010, el gobierno de La Pampa recibió 8 tractores con sus rastras para la limpieza de picadas (en aquel entonces fue una inversión de 3,5 millones de pesos). El equipamiento fue financiado por el Prosap, un organismo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La propuesta era que el equipamiento para el mantenimiento de picadas iba a ser administrado por organizaciones de productores. Sin embargo, el Estado provincial no pudo lograr (pasados algo más de seis años de aquella entrega), el compromiso de los productores aún cuando, además de las maquinarias, el gobierno también subsidiaba con el personal y hasta el combustible.
Las picadas son fundamentales para combatir los incendios en esta región del país. Aún así, y a pesar de que son los mismos productores los que ven quemados sus campos, su ganado y hasta sus propiedades, un 70% de las mismas no están en condiciones.

 

Emergencia: llega Buryaile a La Pampa.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile y el vice ministro del Interior, Sebastián de Luca, se reunirán hoy con el gobernador Carlos Verna en Santa Rosa para coordinar acciones conjuntas tras los incendios que afectan (sobre todo) el sudeste provincial y que dejaron animales muertos además de pérdidas millonarias para los productores pampeanos.
Hoy a las 8.30 los funcionarios nacionales llegarán al aeropuerto local y se trasladarán al despacho del gobernador, donde serán recibidos por el primer mandatario provincial, un grupo de intendentes y un equipo del Ministerio de la Producción encabezado por el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini. Después de esa reunión, los funcionarios nacionales, acompañados por funcionarios de la provincia, viajarán hasta La Adela.
El ministro de Agroindustria llega a la provincia luego de haber dicho en el programa nocturno de Mirtha Legrand, emitido el sábado por la noche, que las hectáreas afectadas en La Pampa rondaban las 400.000 cuando en realidad, desde el mes de noviembre a la fecha se quemaron 800.258 hectáreas, número que equivale a 40 veces la superficie de Capital Federal y al 5,5 del territorio provincial. En Río Negro y Buenos Aires las extensiones de campo y monte quemadas también se cuentan de a cientos de miles.
El departamento más afectado en La Pampa es el de Caleu Caleu, dónde se encuentra La Adela, se quemaron más de 450 mil hectáreas. Los otros departamentos afectados por el fuego son Utracán y Chalileo, que superan las 100 mil hectáreas quemadas.

 

Emergencia.
El viernes pasado, el gobernador decretó la emergencia agropecuaria y giró fondos para afrontar los problemas en La Adela, Cuchillo Co, Victorica, Santa Isabel, Telén, Jacinto Arauz y Perú. "Unos $4.000.000 (cuatro millones de pesos) sin intervención alguna de Nación", informaron.
El mismo día, la Mesa Agropecuaria se reunió en la sala Mechi Mario de Casa de Gobierno para tratar la "Emergencia Agropecuaria" por los incendios. Estuvieron presentes funcionarios provinciales, del Ministerio de Seguridad, INTA, Senasa, Carbap, FAA, SRA, Banco Pampa, Banco Nación y a un representante de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
Desde el 6 de enero al 30 de junio del corriente año, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios extenderá los certificados correspondientes para los productores afectados, previa presentación de la declaración jurada y verificación técnica del Ministerio de la Producción.
El trámite debe gestionarse dentro de los próximos 90 días. Los productores que hayan sufrido más del 80% de pérdida estarán comprendidos en la situación de "Desastre Agropecuario", mientras que los que presenten entre el 50 y el 80% de pérdida, en "Emergencia Agropecuaria".

 

Piden reglamentación.
El senador nacional Juan Carlos Marino presentó un proyecto en la Cámara Alta con la finalidad de solicitar la urgente reglamentación de la Ley Nacional N° 27.287, por la que se crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
"Frente al preocupante avance del fuego en varios puntos de nuestra provincia y los severos daños materiales que ello ha provocado, resulta indispensable garantizar la participación de todos los resortes del Estado de cara a preservar la vida y la propiedad de los damnificados. En el Congreso no hace mucho se sancionó la ley por la que se creó el Sistema Nacional de Protección de Riesgo, que busca organizar la respuesta del Estado frente a incidentes como el que hoy estamos viviendo en La Pampa, coordinando la intervención de todas las dependencias públicas que tienen la capacidad de mejorarle la calidad de vida a quienes han sido perjudicados por este tipo de eventos", afirmó Marino.

 

Medidas.
El legislador pampeano explicó que "la batería de medidas que se podrían tomar por la Ley N° 27.287 es independiente de la declaración de emergencia agropecuaria, aunque funciona de manera parecida por intermedio de un Consejo Nacional integrado por miembros del Poder Ejecutivo Nacional y las provincias".
"Lamentablemente, la ley aún no ha sido reglamentada, aunque cabe aclarar que todavía no ha expirado el plazo que se había contemplado en la iniciativa como para que el Poder Ejecutivo pueda hacerlo. En efecto, la ley estableció un plazo de 180 días desde su sanción para ser reglamentada, periodo que aún no ha transcurrido si se tiene en cuenta que la ley fue promulgada el 20 de octubre del 2016", añadió el legislador.
Marino destacó que si la ley estuviera operativa podría intervenir directamente el Ejército para coordinar tareas de ayuda o por ejemplo, a través de la Anses, duplicar transitoriamente beneficios tales como las jubilaciones, pensiones y asignación universal para los residentes en la zona afectada que los perciben.