Indagarán a Tierno y todo su gabinete

La investigación se abrió a partir de una denuncia de los concejales del Frepam por abuso y usurpación de autoridad. El destituido jefe comunal debe presentarse pasado mañana en el Palacio de Tribunales.
El juez de instrucción Carlos Flores indagará, como sospechoso de haber cometido algún delito, al destituido intendente Juan Carlos Tierno y a todo su gabinete porque presuntamente violaron la Ley Orgánica de Municipalidades, al firmar la resolución 21/08 y fijar las tasas municipales y el presupuesto anual sin la aprobación del Concejo Deliberante.
Tierno está citado por el Juzgado de Instrucción 3 para el jueves y, como indagado, tiene la posibilidad de llamarse a silencio o declarar, aunque sin obligación de decir la verdad. La causa se inició a partir de una denuncia de los concejales del Frepam por abuso y usurpación de autoridad, delitos penados con entre un mes y dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo.
Además del ex jefe comunal están citados a indagatorias quienes fueron sus cinco secretarios durante los 87 días de gestión: Viviana Rodríguez (Coordinación General), Oscar Vignatti (Hacienda y Producción), Juan Pablo Fasce (Gobierno y Seguridad), Blanca Soto (Participación Comunitaria y Acción Social) y Juan Carlos Mecca (Obras y Servicios Públicos). Ellos también habrían sido llamados para esta semana.
La denuncia del Frepam gira en torno al artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que “corresponde al Concejo fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos y Ordenanza Tarifaria”, y agrega que si al 31 de diciembre ambas normas no fueran sancionadas, “se considerarán prorrogadas las que se hallaren en vigor”. Por eso la oposición sostuvo que el Ejecutivo debió prorrogar la Ordenanza Tarifaria 2007 hasta que se aprobara una nueva.
El intendente destituido justificó haber fijado el Presupuesto y la Tarifaria a través de una resolución, en base al artículo 67, inciso 9, de la misma ley, que indica que “constituyen atribuciones y deberes en general del Departamento Ejecutivo Municipal (…) dictar resoluciones durante el receso del Concejo Deliberante sobre materia de exclusiva competencia de este cuerpo, las que serán sometidas al mismo, quien tratará su sanción”. La objeción a ese planteo fue que el cuerpo deliberativo no estaba en receso porque había sido convocado a extraordinarias.
El punto clave a resolver es si el 17 de enero pasado, viendo que el Concejo no alcanzaba el quórum para tratar el proyecto del Departamento Ejecutivo de Presupuesto y Tarifaria 2008, y tras cinco llamados frustrados a sesiones extraordinarias, Tierno y sus funcionarios cometieron algún delito al firmar la cuestionada resolución 21/08. A través de ella -en lo que se interpretó como un “decretazo”- el municipio estableció un presupuesto anual de 106 millones de pesos y aplicó un “tarifazo” en las tasas, contribuciones y multas. Y si bien lo hicieron ad referéndum del Concejo Deliberante, los denunciantes consideraron que igual violó la Ley Orgánica. Luego ese “tarifazo” fue frenado por la justicia civil ante la presentación de recursos de amparo.
Originalmente la denuncia pasó por las manos de los jueces Gustavo Jensen y Alberto Farías, pero ambos se excusaron de instruir la causa. Jensen por enemistad manifiesta con Tierno y Farías porque no estaba de turno el día que presuntamente se cometieron los delitos. Lo mismo que éste último hizo la fiscal Alejandra Ongaro. Por eso la investigación terminó recayendo en Flores y la fiscal Susana Alvarez.