Indagarán al jefe de la Colonia Penal

El fiscal federal Juan José Baric pidió la indagatoria del jefe de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal, Gilberto Ramón Figueredo, por el supuesto incumplimiento del convenio firmado con el gobierno de La Pampa para recibir en las cárceles federales a unos 300 presos pampeanos.
Actualmente, hay apenas 114 presos condenados por la justicia provincial alojados en la cárceles federales locales y las autoridades del SPF se niegan a seguir aumentando el cupo para llegar al número que establece el acuerdo, generando una fuerte polémica por la superpoblación en alcaidías y comisarías de la provincia.
Las fuentes de los tribunales federales consultadas por LA ARENA confirmaron el pedido de indagatoria para que Figueredo explique por qué no se reciben más presos pampeanos, algo que depende ahora de la decisión de la jueza federal Iara Silvestre, que desde la semana pasada tiene el escrito en su escritorio.
En la provincia, hay tres dependencias del SPF: las unidades 4, 13 (mujeres) y 30 (jóvenes adultos). La primera mantiene una capacidad en total para 443 detenidos, que cumplan su condena, pero actualmente tiene 427 plazas ocupadas, en su mayoría por personas que vienen de la provincia de Buenos Aires.
La denuncia por incumplimiento del convenio fue presentada el 29 de mayo pasado por los jueces de Ejecución Penal de la provincia, Martín Saravia y Mauricio Pascual, quienes fueron directamente contra las autoridades penitenciarias federales, que se niegan a recibir a los presos pampeanos.

El convenio.
El convenio en cuestión fue convertido en ley el 11 de octubre del año 2007 por la Legislatura. El gobierno de La Pampa se comprometió a ampliar con fondos propios las unidades carcelarias a cambio de que el SPF reciba a unos 300 presos de la justicia provincial.
"Hay un evidente incumplimiento del acuerdo y no se responden los oficios a la justicia provincial. No se cumple con el cupo convenido", comentaron en los tribunales federales, tras la presentación realizada ante la juez Silvestre, que aún no tomó ninguna decisión.
En tanto, el juez Saravia envió en agosto pasado al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad provincial, Leonardo Villalva, una nota para que tome medidas tendientes a resolver la problemática de la superpoblación carcelaria en la Alcaidía de Santa Rosa y las comisarías locales.
La situación carcelaria es realmente alarmante, y se agrava con el rechazo del SPF a recibir presos pampeanos. Por su parte, la Policía de La Pampa advirtió que en la Alcaidía ya no hay lugar para alojar condenados y que la situación está desbordada por la falta de seguridad para mantener a los detenidos, existiendo peligro de fuga.
En su momento, el juez Saravia manifestó que el Servicio Penitenciario Federal prioriza el alojamiento en sus cárceles de presos federales, y no le asigna al gobierno pampeano los lugares que están comprometidos mediante un convenio, por lo que ahora llevó junto a Pascual una denuncia a los tribunales federales.
Este tema también fue abordado por el gobernador Oscar Jorge en una reunión que mantuvo con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, aunque no trascendió mayor información sobre el encuentro mantenido hace una semana en la ciudad de Buenos Aires.