Investigan si hubo fraude en licitaciones de la Décima Brigada
Juan José Reyes - La Fiscalía Federal de Santa Rosa está investigando un supuesto caso de corrupción con epicentro en el Comando de la Brigada Mecanizada X "Teniente General Nicolás Levalle" con asiento en la calle Raúl B. Díaz de esta capital provincial. Las irregularidades se habrían producido el año pasado en el marco del llamado a dos licitaciones, una pública y otra privada. Además del presunto fraude por cientos de miles de pesos, se investiga la sospechosa desaparición de una serie de documentos públicos mediante la cual se habría intentado esconder el posible ilícito.
La Auditoría General de las Fuerzas Armadas corroboró el "gravísimo" fraude y el faltante de papelería oficial clave para el esclarecimiento del hecho. En razón de ello, no sólo se recurrió a la justicia ordinaria federal para su dilucidación, sino que, por aplicación de la Ley 26394, también se pasaron las actuaciones a la Justicia Militar.
La demanda ante la Justicia Federal santarroseña la radicó el titular de la Brigada, coronel Eduardo Alfredo Dávila, quien se basó en una minuciosa investigación del Servicio Administrativo Financiero (SAF) del Ejército nacional. Los hechos que se investigan habrían ocurrido cuando la repartición militar estaba a cargo del recientemente ascendido General de Brigada Héctor Raúl Madina, quien a principio de este año pasó a revestir en el Estado Mayor Conjunto, más precisamente en el Comando de Operaciones bajo la dependencia del Ministerio de Defensa de la Nación. Entonces, Dávila era el segundo comandante de la Brigada.
¿Licitaciones truchas?
El mes de septiembre finalizaron las actuaciones administrativas requeridas por el Régimen de Actuaciones Disciplinarias del Ejército (estuvo un oficial auditor de las FFAA) que mediante un dictamen, al menos internamente, dio por probado que existió un faltante de una importante cantidad de dinero y, lo que más preocupa, de importante documentación del SAF. Es decir, la certificación oficial de la licitación pública 6/2011 para la provisión de "Repuestos de Automotor" y la licitación privada 16/2011 para el "Mantenimiento de Edificios, Vehículos, Equipos y Cargas de Matafuegos" de la Brigada Mecanizada X.
De esta manera, se estaría, por primera vez en la provincia, ante la comisión de un delito tipificado por el Artículo 255 del Código Penal Argentino, que reprime con prisión de hasta cuatro años al que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público.
La licitación pública que está bajo la lupa fue abierta el 12 de mayo del año pasado y se publicitó en el Boletín Oficial número 6/2011 (Expediente N° 1-11-030/5). El objeto de la contratación fue la adquisición de repuestos de automotores para permitir que la Brigada Mecanizada X y sus unidades dependientes para ejercicios militares, como la que está en Punta Alta "Baterías", pudieran ponerse en funcionamiento.
En la justicia militar también.
No obstante la presentación en la Justicia Federal (fiscalía) el régimen militar tiene un régimen disciplinario muy estricto que obliga al funcionario público (en este caso el comandante de la Brigada X) a elevar las mismas actuaciones al Comando de Adiestramiento y Alistamiento (CAA) y la solicitud de otro oficial auditor instructor para proseguir internamente la falta gravísima que se investiga por la "Comisión de un delito" que violenta el Artículo 13 de Cdffaa y lo dispuesto en las circulares 14 y 30 de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas.
La desaparición de la documentación original llevó a que también la denuncia se efectuase ante la Justicia Militar, de acuerdo al Código de esa fuerza. Con seguridad que primero se expedirá la justicia ordinaria, a la cual deben ajustarse las FFAA, pero su legislación propia es más dura aún.
Los integrantes de la Brigada Mecanizada X están sometidos al Radea, o sea, al nuevo Código de Disciplina de las FFAA (Ley 26364) que entró en vigencia en febrero del año 2009, y que es aplicable también a todos los integrantes de las fuerzas militares. Ese Código de Disciplina reemplazó al Código de Justicia Militar (CJM) del año 1951. Es por todo esto que los Gendarmes tienen "estado militar" y las irregularidades que se produzcan también allí deben ser remitidas.
Lo último que pudo saberse es que la comandancia del Ejército decidió acumular los hechos investigados y dar la instrucción de una única actuación ante la Justicia Militar por "falta gravísima" en el marco del Artículo 31 del Anexo IV de la Ley 26394 mediante el Expediente Interno "Letra 1I 12 Nro 0088/3".
Artículos relacionados
