Justicia lenta: zafó el Tuti Rodríguez en una causa por fraude

La causa vinculada a la construcción del Acueducto del Río Colorado, donde el “Tuty” Rodríguez era el principal acusado por fraude al Estado, quedó por ahora en la nada. La justicia aceptó la prescripción de la acusación, y el ex funcionario evitó ir a indagatoria, tras cuatro años de demora en una pericia clave.
El juez de control Daniel Sáez Zamora dictó la prescripción de la acusación que pesaba contra el ex secretario de Obras Públicas, Raúl “Tuty” Rodríguez, que estaba acusado por la fiscalía del delito de fraude a la administración pública, en una causa iniciada en el año 2007 y vinculada a la construcción del Acueducto del Río Colorado en la provincia de La Pampa.
La decisión fue tomada durante la primera semana del corriente mes frente a una presentación del ex funcionario, que había sido citado para prestar declaración indagatoria en estos días. El abogado defensor, Francisco Marull, planteó que la requisitoria de la justicia estaba extinguida por prescripción de la acusación. Esa presentación fue avalada por el fiscal Andrés Torino.
La causa se inició a partir de una denuncia del ex diputado provincial, Mario Cayre, quien advirtió sobre ciertas irregularidades en la construcción de la obra que demandó millones de pesos. El legislador opositor, por ejemplo, dijo que los costos de la obra fueron superiores a lo estimado por el gobierno provincial y cuestionó la realización de las pruebas hidráulicas.
La prescripción beneficia solamente a Rodríguez, que “era el principal acusado en la investigación”, según confiaron las fuentes de tribunales consultadas por LA ARENA. El fiscal Torino acusó al “Tuty” Rodríguez por un supuesto fraude al Estado provincial, un delito que tiene una pena de seis años de prisión, porque aparentemente se hacian los pagos de obra cuando en realidad no se habrían cumplido con los requisitos demandados por el pliego.
El expediente judicial cuenta una pericia técnica sobre la documentación, certificados de obra, pagos, y otras cuestiones, que sorpresivamente se demoró unos cuatro años. Allí, aparentemente, “se habría determinado la probable existencia de ciertos pagos que fueron autorizados cuando la construcción no estaba cumplida, por fuera de lo que exigía el pliego para esas situaciones”, según fuentes cercanas a la causa.

Idas y Vueltas.
Después de la denuncia de Cayre en la justicia ordinaria, y de varias idas y vueltas, la causa por la construcción del Acueducto del Río Colorado cayó en el Juzgado de Instrucción y Correccional 7 que designó un cuerpo de peritos, conformado por dos contadores y dos ingenieros para que hicieran un análisis sobre la documentación existente vinculada a esa obra.
Llamativamente, la pericia duró cuatro años en dar su resultado, algo que terminó beneficiando a Rodríguez, que en ese momento era secretario de Obras Públicas del marinismo y presidente de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado (Cotarc) que controlaba la obra. Los análisis, demorados por la renuncia de algunos peritos por diferentes circunstancias, finalizó el año pasado, contaron desde tribunales.
Posteriormente, como consecuencia de la llegada del nuevo Código Penal la causa recayó en manos del juez Sáez Zamora, quien después de conocer los resultados de las pericias decidió avanzar en la citación del “Tuty” Rodríguez, quien debía concurrir en febrero a tribunal, aunque finalmente zafó de la indagatoria porque planteó que la acción estaba extinguida por el paso del tiempo, algo que fue aceptado por la fiscalía y por el magistrado.

Una obra millonaria.
La construcción del Acueducto del Río Colorado, unos 400 kilómetros de red troncal y 660 de red secundaria, fue adjudicada en 1998 a Victorio Américo Gualtieri por un monto de 136.796.302 dólares, cuando el presupuesto oficial era de 183 millones. Esa oferta, un 35 por ciento menor al presupuesto oficial, fue cuestionada indirectamente por el Banco Interamericano de Desarrollo cuando un funcionario, en otra licitación en la que se presentó Gualtieri, dijo que sólo consideraba “serias” las propuestas de hasta un 20 por ciento debajo de las cifras oficiales.
A pocos meses de adjudicarle la obra, el gobierno de Rubén Hugo Marín modificó la cantidad de agua que debía transportar el ducto, que pasó de 1,3 metros cúbicos por segundo a dos metros. Con esa ampliación, Gualtieri llegó casi a los 183 millones de dólares. A fines del 2000, la Provincia le rescindió el contrato, cuando el empresario ya había cobrado por los trabajos realizados entre 45 y 50 millones de dólares.
En agosto de 2001, las empresas Skanska-Techint se quedaron con la obra y la instalación de la red de fibra óptica a cambio de 82.728.737,37 dólares. A su vez, se le pagaron 32.753.068 dólares a Flowtite Argentina y Petroplast S.A. por la provisión de las tuberías de poliester, algo que originalmente entregó Prodinco, una firma vinculada a Gualtieri. Cabe indicar que un depósito de Prodinco se incendió el 15 de agosto de 1999 y murieron dos bomberos piquenses, Manuel Olguín y Javier Pérez.

En total, ambos contratos fueron por 115.481.805,37 dólares, aunque sólo para el tramo hasta Santa Rosa y no hasta Realicó como había cotizado Gualtieri. Entre lo recibido por Gualtieri y esas cuatro firmas se llegó a los 165 millones de dólares para el tramo Pichi Mahuida-Santa Rosa, algo que para el diputado Cayre costó 750 millones de pesos. En 2007, el entonces subsecretario de Obras Públicas, Rodríguez, estimó que la primera etapa del Acueducto demandó un costo de 400 millones de pesos.
En la denuncia, el legislador opositor cuestionó a los ahora ex funcionarios provinciales que hayan permitido que Gualtieri avanzara en la obra a lo largo de 200 kilómetros en la colocación de los caños, cobrando por esos trabajos, a pesar del un supuesto incumplimiento en las pruebas hidráulicas que exigía el contrato. El “Tuty” Rodríguez y el inspector general de la obra, Pedro López Godoy, afirmaron en ese momento que los “caños fueron probados uno por uno”.

Dos acusados, a juicio.
Las fuentes de tribunales consultadas por este medio informaron que “está para juicio en la Cámara” la causa vinculada al Acueducto del Río Colorado, donde están procesados el ex inspector de la obra, Carlos Oppezzo, y el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Manuel Romero Oneto, por pagar y cobrar coimas, respectivamente. En la causa, la justicia provincial dio por probado que Romero Oneto, como asesor y coordinador de la Comisión Técnica del Acueducto (Cotarc), cobró 59 cheques por 86.000 pesos de parte de Oppezzo, contratado por el Estado provincial como jefe de la inspección y la dirección técnica de la obra, entre noviembre de 1998 y noviembre de 2003.