La Arena demandó al Estado provincial

LA ARENA y su director, Leonardo Víctor Santesteban, iniciaron una demanda de amparo contra el Estado provincial, requiriendo la normalización del flujo de noticias de índole policial, que experimenta una virtual censura estatal desde diciembre pasado.
La demanda, que quedó radicada en el Juzgado Civil 5, a cargo de la jueza Adriana Pascual, había sido precedida de un requerimiento formal por carta documento dirigida al ministro de Seguridad, quien se negó a recibir esa pieza postal.
A partir de la asunción del nuevo gobierno provincial, comenzaron a aparecer distintas trabas en el acceso de los periodistas a la información policial, que habitualmente se obtenía con el simple requerimiento personal o telefónico a los oficiales de cada Seccional.
Con el tiempo los propios policías comenzaron a aducir la existencia de una orden superior que los obligaba a concentrar la distribución de información en la Jefatura, aunque al ser consultada, tampoco esta oficina respondía los requerimientos de la prensa. La supuesta orden emanada del nuevo ministro nunca pudo ser conocida, ya que no fue publicada en el Boletín Oficial, ni tampoco se pudo obtener una copia por otras vías. Sin embargo, su existencia se confirmó cuando a mediados de febrero, en una reunión en General Pico, el ministro reconoció que personalmente había dispuesto que la información policial sólo sería proporcionada mensualmente, sin dar nombres, y bajo la forma de estadísticas genéricas sobre los delitos verificados en el período.
Conforme su explicación de entonces, entre los fundamentos de la decisión estaría la necesidad de ocultar el "fracaso del Estado" que representaría cada nuevo delito que se comete.

Argumentos.
En una pieza de casi veinte carillas, la demanda de amparo presentada rebate estos argumentos, con base en el derecho de acceso a la información consagrado en la Convención Internacional de Derechos Humanos -hoy parte de la Constitución Nacional- y también en leyes locales como la 1.612, que garantiza a los periodistas el libre acceso a la información oficial.
Estas normas, por otra parte, se concatenan con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, que -desde luego- se encuentra en las antípodas de la conducta aquí seguida por el Ministerio de Seguridad.
La demanda abunda en citas de precedentes judiciales, tanto de las cortes de Derechos Humanos en América y en Europa, como en distintas provincias argentinas, la propia justicia nacional, y hasta la justicia pampeana. No hace mucho LA ARENA obtuvo el amparo del Juzgado Civil 6, cuando la Fiscalía de Estado se negó a proporcionar información sobre el juicio civil seguido contra ex funcionarios del IPAV -a la cabeza, los condenados y encarcelados Nelson Hugo Agüero y Edgardo Luis Araniz- para obtener la restitución de los fondos fraudulentamente birlados a esa repartición oficial.
Conforme se ha venido revelando en estas páginas, han existido numerosos delitos -algunos, de gravedad- que no fueron informados por la Policía y que llegaron a conocimiento de la prensa por otras vías, con el riesgo que presupone, para la exactitud de la crónica periodística, la carencia de una fuente oficial.
La censura de las informaciones policiales, además de atentar contra el derecho a la información de la población, atenta contra la propia seguridad de los vecinos al privarlos de conocer las modalidades, distribución geográfica y métodos delictivos que se están produciendo en la provincia y no les permite tomar las precauciones que pudieran evitar ser víctimas de esos mismos delitos que se ocultan.

Ocultamiento.
Este atentado contra la propia política de prevención pone en evidencia la falta de racionalidad de una orden de tal naturaleza que ha llegado al extremo de ocultar hasta los accidentes de tránsito. Tal boicot a la información atentan directamente contra la tareas de los organismos de seguridad vial y las organizaciones de familiares de víctimas del tránsito que propugnan el conocimiento de los hechos para que coadyuven a la tarea de seguridad vial.
Antes de iniciar la demanda, LA ARENA le envió una carta documento al ministro censor instándolo a que cese en su ilegal censura informativa. Este diario hizo ese pedido defendiendo su derecho a la información pero también en el marco de su derecho constitucional de "peticionar a las autoridades". El funcionario faltó a su obligación constitucional de ser receptor de los pedidos de los ciudadanos y se negó a recibir la carta, una conducta que lo expone a ser acusado, además, del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario.