La Cárcel de Mujeres volverá a albergar solo a pampeanos

El hacinamiento ha sido de tal magnitud tal que produjo más de una protesta, y también presentaciones de abogados y aún de funcionarios judiciales -como jueces de control- que advirtieron del problema.
La cuestión de la superpoblación carcelaria en nuestra provincia -que viene siendo denunciada desde hace bastante tiempo, será abordada por funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y autoridades del Servicio Penitenciario Federal en una visita que realizarán a nuestra provincia.
Como se ha informado ampliamente, las unidades carcelarias pampeanas -sobre todo la Colonia Penal U.4-, pero también la Alcaidía y también comisarías, están desbordadas por exceso de detenidos, muchos de los cuales cuentan con condena firme.
Se conoce también la negativa de la Unidad 4 a autorizar más ingresos de presos pampeanos con condenas, que en muchos casos han sido trasladado a cárceles ubicadas en otras provincias. El propio Superior Tribunal de Justicia se metió en el tema y ordenó que sean restituidos a establecimientos ubicados en nuestro territorio, pero la orden no ha sido cumplida en su totalidad.

Analizarán el tema.
Ahora, para analizar el problema de la superpoblación de detenidos en alcaidías y comisarías vendrán funcionarios nacionales. El anuncio lo formuló el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, ante una inquietud del presidente del STJ de La Pampa, Eduardo Fernández Mendía, en la reunión mensual de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), realizada el viernes pasado en Capital Federal.
En esa oportunidad Fernández Mendía -quien es tesorero de la Jufejus-, le planteó a Garavano la preocupación que existe en la provincia por la negativa del Servicio Penitenciario Federal a admitir más presos pampeanos en sus cárceles nacionales, lo que provoca que las alcaidías y comisarías estén superpobladas. En ese contexto, el funcionario se comprometió a que en los próximos días arribarán a Santa Rosa autoridades de Justicia y de la propia fuerza de seguridad.

El STJ había intervenido.
Cabe señalar que el año pasado el Superior Tribunal se había expedido porque se arbitren medidas para revertir las condiciones actuales de los lugares de alojamiento de detenidos y se les otorgue un trato digno.
En ese encuentro el único representante que tuvo el Poder Judicial de La Pampa fue Fernández Mendía, y Garavano, además, elogió el Código Procesal Civil provincial.
"Queremos apoyar fuertemente a la Junta Federal", dijo el ministro de la Nación. "En el Ministerio tienen las puertas abiertas. Ustedes son el país, no nosotros", completó el funcionario.

Más temas tratados.
Otros temas considerados fueron la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la necesidad de la simplificación y despapelización de la Justicia, la unificación de los criterios de las estadísticas del Poder Judicial, y la reiteración del compromiso de continuar apoyando los programas en materia de capacitación en las provincias.
Garavano también invitó a los representantes de la Jufejus -cuyo presidente es Rafael Francisco Gutiérrez, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe- a participar de Justicia 2020, una iniciativa desarrollada por el Ministerio en busca de generar políticas de Estado en materia de justicia mediante el diálogo y la participación institucional y ciudadana.
"El Ministerio va a ser un dinamizador de propuestas, que trabajará en conjunto con los poderes judiciales de todo el país para llevar adelante las reformas que convertirán a la Justicia argentina en más transparente y cercana a la comunidad", concluyó.

Cárcel U.13: solo para pampeanos.
Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se impulsa "la factibilidad de readecuar la cárcel de Mujeres de Santa Rosa, para destinarla exclusivamente a personas detenidas, tanto procesados como condenados, a disposición de los tribunales provinciales".
El titular del área, Juan Carlos Tierno, se refirió a la posibilidad de realizar al establecimiento una reparación edilicia para ponerla en óptimas condiciones de habitabilidad, para detenidos y detenidas. Y planteó la necesidad de retomar los convenios que La Pampa había realizado a los fines de la ubicación de los lugares de detención de personas privadas de la libertad a disposición de los Tribunales provinciales. Ayer, en ese marco, hubo una reunión en la que estuvieron el gobernador Carlos Verna, el propio ministro de Seguridad, el director del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco y otros referentes de Justicia y Seguridad.
Tierno recordó que había convenios realizados en la anterior gestión del gobernador Verna, "que se incumplieron en términos de la cantidad de plazas, que llegaban a un número de 300".
A partir de la decisión política del gobernador de solucionar el tema, y la implementación de un sistema nuevo en La Pampa, a través de la Ley de Resocialización de las Personas Privadas de la Libertad, se proyecta ahora que "las personas que estén a disposición de la justicia provincial, condenadas, tengan antes de retomar su vida en libertad, un proceso de adaptación. Vimos la disposición de Emiliano Blanco para comenzar a solucionar esta problemática", dijo el ministro.
Eso llevaría a que "progresivamente" las personas detenidas en dependencias policiales, sean Comisarías o Alcaldías, "comiencen a ser trasladadas al Servicio Penitenciario Federal".
Por otra parte el defensor General, Eduardo Aguirre, y los jueces de Ejecución propusieron "un tratamiento en conjunto para esta muy significativa situación y la factibilidad de readecuar la cárcel de Mujeres de Santa Rosa, para destinarla exclusivamente a personas detenidas, tanto procesados como condenados, a disposición de los tribunales provinciales".