La causa judicial aún sigue dando vueltas

La causa que investiga el delito de sedición ocurrido el 11 de diciembre de 2013 en Santa Rosa está desde hace más de dos meses sin resolver en manos de los ministros del Superior Tribunal de Justicia que deben definir si aceptan o rechazan un recurso de casación presentado por el defensor oficial para que no se avance con el juicio oral y público y los implicados sean sobreseídos. Los integrantes del máximo tribunal habían corrido vista al procurador general, Mario Bongianino, sobre la presentación y recién esta semana el funcionario judicial dio su dictamen que ya está en sus manos, aunque no se conoce su contenido.
El acontecimiento ocurrió hace más de un año y todavía está sin resolverse la responsabilidad de quienes llevaron adelante el acuartelamiento en el que los uniformados tomaron la Jefatura de Policía durante 27 horas en reclamo de cambios en la cúpula de la fuerza y aumentos salariales. Fue un hecho que conmocionó a la sociedad pampeana, ya que muchos efectivos dejaron sin servicio a la población. Esto ocurrió en el marco de los saqueos y levantamientos de policías provinciales en varios puntos del país.
Por el caso, el fiscal general Guillermo Sancho acusó en julio pasado a catorce policías y solicitó directamente la elevación a juicio por el delito de sedición. Sin embargo, el defensor oficial Martín García Ongaro, que representa a los acusados, presentó un recurso ya que considera que se había vencido el plazo de 90 días que establece la ley para la realización de la investigación fiscal preliminar, que llevó a cabo Sancho. Por esto, el letrado pidió directamente el sobreseimiento de los acusados. En ese marco, el juez Fernando Rivarola rechazó el pedido de García Ongaro en primera instancia, algo que posteriormente confirmó en otra sentencia el Tribunal de Impugnación Penal (TIP). Ese tribunal consideró que desde la audiencia de formalización transcurrieron unos 105 días en total, aunque solo 52 fueron hábiles. De esta manera, el defensor oficial se dirigió al STJ en octubre y sus miembros corrieron vista a Bongianino.
En el caso que el máximo tribunal rechace el recurso de casación, los policías irían directo a juicio. El delito de sedición, previsto en el artículo 299 del Código Penal, está sancionado con una pena de entre uno y seis años de cárcel. El código considera que están encuadrados en este delito los que "sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, depongan alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arranquen alguna medida o concesión o impidan, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley".
Los policías imputados son Julián Guillermo Giménez, Luis Horacio Bruno, Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Carlos Daniel Gatica, Daniel Narciso López, Carlos Aníbal Mendibe, Marcelo Cisneros, Roberto Germán Bartolomé Mora, Jeremías Martín Salvatierra, Silvio Norberto Rojas y Pablo Montes y los retirados José Luis Furriol y Luis Wiggenhauser. Por su parte, Montes y Rojas fueron acusados además por coacción y daños porque en el marco del acuartelamiento "fueron en patrullero hasta Vialidad Provincial, rompieron un candado, ingresaron, cargaron combustible y se fueron", según la imputación de la fiscalía.