La FIA dice que la tragamonedas y el Casino son ilegales

Considera que los funcionarios que adjudicaron a Casino Club y luego modificaron el contrato incurrieron en incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad.
El fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, presentó el viernes una denuncia penal contra el ex presidente del Instituto de Seguridad Social, Miguel Erquicia, por considerarlo responsable de la adjudicación irregular de la concesión a Casino Club y por la habilitación ilegal de la sala tragamoneadas en el centro de la ciudad. El fiscal se basó en la denuncia que presentó en febrero el diputado radical Martín Berhongaray, la cual fue desestimada por el fiscal penal Mauricio Piombi.
Luego de meses de investigación, Carola concluyó el viernes su trabajo con una denuncia ante el Juzgado de Instrucción 7, a cargo de la jueza Florencia Maza.
"Me veo en la obligación de interponer denuncia penal", dice Carola en las conclusiones de su investigación administrativa sobre el proceso licitatorio a favor de la empresa Casino Club y la habilitación de la sala tragamonedas en el centro de la ciudad.
En relación a la concesión a Casino Club, luego del análisis de los expedientes, el fiscal concluye que "dos elementos del contrato de concesión, la inversión y el canon, habrían sido ilegítimamente modificados con posterioridad a la firma del mismo por funcionarios del I.S.S."
Para el titular de la Fiscalía de Investigaciones se incumplieron normas legales y reglamentarias y se alteraron prescripciones del pliego de licitación, vulnerando severamente el principio de igualdad que debe regir en la ejecución de los contratos celebrados con un procedimiento previo de licitación pública.

El canon.
Carola recuerda que el canon se fijó en el 13,331 por ciento sobre los ingresos totales mensuales, un monto que no podía ser inferior a los 120.000 pesos. Pero en 1999 se modificó el contrato a instancias del presidente del Instituto de Seguridad Social, Miguel Erquicia y del gerente general de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (Dafas), atendiendo a la queja de la empresa de que el canon mínimo fijado era superior a lo efectivamente vendido y que los controles que llevaban adelante los inspectores provocaban molestias en el personal del casino y en los apostadores.
Así, Erquicia dejó sin efecto el canon variable, lo reemplazó por uno fijo y eliminó los controles y la fiscalización.
Carola concluye que "de haber sido conocida la modificación antes de la presentación de las ofertas, el resto de los oferentes hubieran podido modificar la suya y/o aun se hubieran podido presentar otros oferentes que no lo hicieron en las condiciones originales".

La inversión.
Para la licitación, recuerda el fiscal, se presentaron tres ofertas, pero dos oferentes fueron excluidos y sólo quedó Casino Club. Cuando se abrió el sobre N° 2 que contenía la oferta de inversión y canon, la comisión técnica evaluadora -que estaba integrada por el propio presidente del Instituto y por el auditor interno de ese organismo- , recomendó la adjudicación a Casino Club, pero lo hizo sin controlar la viabilidad objetiva de la inversión propuesta, dejando ésta tarea para la Comisión de Control.
Carola considera que esta omisión, fue una "irregularidad administrativa" que no resiste el menor análisis porque se dejó de considerar justamente aquello por lo que debían pujar los oferentes, esto es, el canon y la inversión.
Para completar la irregularidad, el fiscal constató que la Comisión de Control a la que se había delegado la tarea de verificar la oferta de inversión, nunca lo hizo y, más aún, no hay en todo el expediente una constancia de que esta comisión se haya reunido alguna vez.

"Causal suficiente".
Esta inviabilidad originaria del proyecto de inversión de Casino Club -que no se evaluó al adjudicar la concesión- "era causal suficiente para el rechazo de la oferta" y un "obstáculo insalvable para adjudicar la concesión". Además, el fiscal sospecha que los funcionarios no podía desconocer que la ubicación de la inversión (el Hotel Calfucurá) era inviable y que eso lo sabían antes de la adjudicación.
Se constituye así, considera el fiscal, un grave incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos que postergaron ilegítimamente la decisión, debilitando así la posición negociadora del Estado pues estaba claro que el proyecto presentado era inviable desde el momento mismo que se incorporó a la oferta.

Tragamonedas.
El fiscal concluye también que la habilitación de la sala tragamonedas en el centro de Santa Rosa por resolución 832/95 fue ilegal, pues estaba claro que no se podían habilitar nuevas salas de juego independientes de las que funcionarían en el edificio a construir por la concesionaria. Ni el anteproyecto de la Dafas, ni el del ISS, ni el pliego lo autorizaban. En este último, el artículo 30 lo dice claramente al explicitar que una sala de juegos es un casino. La autorización que le dio el Instituto a Casino Club para habilitarla, dice Carola, se fundó en un dictamen del asesor letrado de Gobierno al que el presidente del I.S.S. le brindó "información inexacta".
Los vicios de la resolución 832, afirma Carola, nulifican el acto administrativo y generan responsabilidad en los funcionarios que la firmaron, quienes así incurrieron en incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad, ya que al abrir distintas salas de juego es abrir otros casinos, una posibilidad expresamente vedada por la ley. La jueza Maza tiene desde el viernes la denuncia con estas graves acusaciones.