La Pampa usará pulseras telemáticas para condenados

El gobernador Oscar Mario Jorge "retó" al Superior Tribunal de Justicia porque ese poder generó el colapso pampeano en las cárceles pampeanas al permitir la "repatriación" de los presos locales alojados en otros penales del Servicio Penitenciario Federal en el país. A través de un decreto firmado el 13 de octubre, consideró que se han tomado las medidas necesarias para descomprimir las alcaidías y comisarías de internos en La Pampa y ordenó conformar una mesa de diálogo entre representantes de los tres poderes para alcanzar una solución al problema. De esta manera, contestó al fallo del mismo STJ, del 29 de septiembre, en el que se reclamaban al Poder Ejecutivo "medidas tendientes a revertir la situación actual" de los detenidos hacinados en malas condiciones en las cárceles locales y recomendó que se creara una instancia de diálogo. El mandatario, además, les recordó a los ministros que si bien piden soluciones, conocían la situación y las contingencias para corregirlas ya que hubo varias reuniones entre funcionarios y los integrantes del STJ.

Responsables.
En los fundamentos del decreto 596/2015, el gobernador dijo que está cumplido en los hechos lo pedido por los ministros del STJ y les pasó factura porque consideró que fue una medida de ese poder, el recurso presentado por el defensor oficial Eduardo Aguirre para que se devolviera a cárceles locales a los presos pampeanos enviados a otros penales del país, lo que llevó a la situación de crisis carcelaria. De hecho, el mismo 29 de septiembre de este año, el STJ mediante una sentencia declaró "inoficiosos" los recursos de Aguirre que pedían reubicar a los internos al haber perdido "base objetiva la acción de hábeas corpus colectiva correctiva" (ver recuadro).
Jorge en el decreto indicó que la situación de hacinamiento "se generó a partir del propio discurrir de la Justicia provincial, al impulsarse la 'repatriación' de los presos pampeanos" a partir del hábeas corpus. Dijo que previamente la recepción de condenados pampeanos por parte del SPF se cumplía "atendiendo a razones de capacidad, tratamiento y/o seguridad, determinando el organismo federal qué condenados provinciales cumplirían sus condenas dentro de la provincia o fuera de ella" y que por entonces se mantenía una "buena relación histórica" entre la Provincia y el SPF.
Cuando el SPF tuvo que "repatriar" los presos a la U4 de Santa Rosa, disminuyeron las plazas en ese penal por lo que empezó a recibir menos condenados locales.
El recurso de Aguirre, que fue luego convalidado por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP), "generó el colapso en todo el sistema carcelario provincial, habida cuenta que dicha medida limitó el número de internos que el SPF podía alojar". Por eso creció el número de presos en alcaidías y comisarías de La Pampa.

Relación interferida.
Jorge también indicó que "en contraposición al llamado al diálogo" por parte del STJ, la propia Justicia provincial -mediante los jueces de Ejecución Penal-, aplicó astreintes (sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial) contra el SPF "lo que claramente genera una interferencia en los canales de diálogo existentes entre este PEP y el SPF". Esta situación llevó a posiciones "antagónicas" entre ambas partes que "repercuten y resienten el adecuado vínculo".
Sobre el diálogo entre los poderes, Jorge no dejó de señalar en los fundamentos del decreto que hace pocos días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, hizo una audiencia -fue el pasado 7 de octubre- para que fueran representantes del PEP y del STJ, y aunque no lo explicitó en los fundamentos, al encuentro no concurrió ningún funcionario de la Justicia provincial.

Sobre las medidas.
El gobernador no dejó de mencionar, al hacer un recuento de decisiones tomadas para solucionar la crisis carcelaria, que en las innumerables reuniones que tuvieron durante los últimos años representantes del gobierno con los ministros del STJ, éstos sabían cuál era la situación, antes de pedir medidas.
Jorge enumeró las medidas tomadas (ver recuadro), como nuevas obras de infraestructura y la incorporación de pulseras telemáticas para condenados, que "constituyen un elemento vital para contar con espacio suficiente y revertir así la actual situación en los lugares de alojamiento de detenidos".
Indicó sobre estas decisiones que hay algunas "que requieren de una importante infraestructura que se encuentra en curso de ejecución y que exige plazos y tiempos para su concreción" y aclaró, dando un nuevo reto a los ministros: "que tal vez el Poder Judicial de la Provincia no tuvo en consideración al emitir los fallos".

Pabellones y pulseras
Entre las medidas que enumeró el gobernador Oscar Mario Jorge en su decreto para mejorar las condiciones de hacinamiento en las cárceles pampeanas, con lo que se cumple con lo reclamado por el STJ en su fallo, se encuentran:
-La construcción de dos pabellones en la U4, lo que permitirá alojar a 98 reclusos más. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación convocó a la licitación pública de uno, aunque fue declarada desierta por ausencia de oferentes, por lo que hay un nuevo proceso licitatorio en marcha. El otro será realizado con fondos del gobierno provincial.
-El envío de Nación de cien pulseras telemáticas para los condenados con prisión domiciliaria.
-Se enviará al penal de Neuquén a unos treinta presos condenados por delitos sexuales, establecimiento que tiene un lugar específico para alojarlos.
-Se hicieron cárceles nuevas y reparaciones para ampliar la capacidad de detenidos en Intendente Alvear, Bernasconi, Realicó y Macachín.
-Y contó al fallo del STJ que habilitó que los condenados pampeanos puedan ir a otros penales del país, lo que ayudará también a descomprimir esta situación.
Un revés para Aguirre
Un fallo del Superior Tribunal de Justicia con fecha del 29 de septiembre pasado convalidó la cláusula quinta del convenio suscripto en su momento entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Servicio Penitenciario Federal, por lo que ahora el organismo federal podrá disponer de lugares fuera de la provincia para los condenados pampeanos. El tema fue mencionado en el decreto del gobernador Oscar Jorge.
De esta manera, la sentencia del STJ se convierte en un revés para el defensor general Eduardo Aguirre que en su momento había presentado un recurso de hábeas corpus para "repatriar" a los condenados pampeanos alojados en distintos penales del país, y luego había acudido en casación al Tribunal de Impugnación Penal, cuyos integrantes convalidaron la presentación.
La cláusula quinta había sido declarada inconstitucional y anticonvencional por parte del TIP en su sentencia de 2014. De esta manera, el fallo del tribunal de alzada, que había sido considerado "ejemplar" en su momento, fue revertido por el STJ. El gobernador Oscar Jorge en el decreto entendió que con este fallo, "permitirá al SPF dar cumplimiento al alojamiento de detenidos, dado que nuestra provincia carece de un Servicio Penitenciario, y por lo tanto deviene sustancial contar con la colaboración del SPF".