Lento avance sobre cuestión alquileres en la Cámara Baja

En La Pampa, el proyecto presentado duerme en los archivos de la Comisión de Legislación General de la Legislatura, que curiosamente preside el propio autor de la iniciativa, el diputado Calvo.
JUAN PABLO VIETA
Luego de que en noviembre del año pasado el Senado de la Nación le diera media sanción por unanimidad a un proyecto de ley que modifica la regulación existente sobre alquileres, el paso de la iniciativa por la Cámara de Diputados no viene exento de polémicas y disensos que, claro está, demoran su aprobación definitiva.
El trazo grueso del proyecto votado por los representantes de las Provincias establece estirar el plazo de los contratos residenciales a tres años, incorporar un parámetro de regulación de los aumentos fijando que anualmente el alquiler no podrá incrementarse más que el promedio que arrojen la evolución del índice de precios al consumidor y del coeficiente de variación salarial que releva el Indec, siempre que la inflación anual sea superior al 10%, y la devolución del depósito inicial actualizado según el importe del último mes de alquiler abonado. Complementariamente queda consagrado que las comisiones inmobiliarias no podrán superar el equivalente a un mes de alquiler.
El tratamiento del proyecto en la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja viene demorado en virtud de que su presidente, el Diputado del PRO Daniel Lipovetsky, presentó otro texto modificatorio de la regulación de los Alquileres, aunque muy distinto de lo que determina la media sanción del Senado que, cabe agregar, alcanza a los contratos residenciales y comerciales.

Diferencia.
La iniciativa cuya autoría corresponde al oficialista Lipovetsky propone, a diferencia de la que remite el Senado, que los contratos residenciales continúen en dos años y que todas las disposiciones que se implementan rijan para el caso de los alquileres de vivienda de hasta 840 Unidades de Valor Adquisitivo, que a plata de hoy 30 de mayo son $15.909,60.
Paralelamente establece que el ajuste de los contratos, siempre que sean residenciales y menores al equivalente a 840 UVAs, siga la evolución del Coeficiente de Variación Salarial que publica el INDEC.
Resulta valido aclarar que las alternativas contempladas en ambos proyectos para ajustar los contratos despiertan críticas. En el caso de la media sanción del Senado los reparos vienen por el lado de que para que haya aumento de la renta la inflación tiene que ser superior al 10%, cuestión que deja un escenario incierto en el caso de que la evolución de los precios converja en una tasa de un digito por largo tiempo, algo que no favorece el incremento de la oferta de viviendas para alquiler.

Aumento.
Respecto de la iniciativa del legislador oficialista, las distintas agrupaciones que representan a los inquilinos no concuerdan con el techo de las 840 UVAs, ya que aducen que como por encima de ese límite los alquileres se negocian libremente, en el caso de contratos que involucren pagos de entre $12.000 o $13.000, el propietario optara por elevarlo por arriba de las 840 UVAs y evitar así quedar alcanzado por las regulaciones. Es decir, que esta cláusula terminará por forzar un aumento compulsivo en determinados contratos.

En La Pampa también.
El 21 de enero de 2016 el diputado provincial del PJ Rodolfo José Silvestre Calvo presentó un proyecto destinado a regular los alquileres residenciales y comerciales de hasta 250 metros cuadrados.
La iniciativa avanza sobre cuestiones no abordadas por los proyectos que se encuentran bajo tratamiento en el Congreso de la Nación, tales como quien es el que debe abonar la comisión, cuando corresponde el cobro de esa comisión, y las garantías exigibles.
Concretamente se busca establecer que quien debe abonar la comisión es el propietario y no el inquilino, ya que es el primero quien solicita la intervención de un tercero para hacer el negocio, y que no se podrá exigir la comisión en el caso de la renovación del contrato, en virtud de que no hay nada que remunerarle al agente inmobiliario dado que se trata de la continuidad de un acuerdo entre las partes.

Garantía.
También se pretende fijar que no podrá exigírsele al inquilino más de una garantía, como así tampoco hacerle firmar cualquier documento adicional que asegure el pago de la renta mensual.
Por otra parte el proyecto también plantea la bancarización total del pago de los alquileres, algo que es necesario de todos modos en virtud de los últimos cambios incorporados en materia de deducciones del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. La cláusula de ajuste que se busca consagrar es que el alquiler mensual debe ser equivalente al 0.25% del valor fiscal de la propiedad.
Ahora bien, a pesar de las importantes ventajas que significaría la sanción de esta Ley para todos los inquilinos de la provincia de La Pampa, el proyecto duerme en los archivos de la Comisión de Legislación General que curiosamente preside el propio autor de la iniciativa, el diputado Calvo.