"Lo que ocurrió es gravísimo"

El diputado Martín Berhongaray (Frepam) manifestó que "es gravísimo lo que ocurrió en la alcaidía de General Pico, pero nadie puede hacerse el sorprendido" y destacó que "hay una cadena de responsabilidades, por acción y omisión, que deben investigarse y que obviamente no se limita al personal policial que permitió el enfrentamiento".
"Nadie puede hacerse el sorprendido porque hace muchos años que vengo cuestionando la extendida práctica de alojar detenidos, tanto acusados, procesados y aún condenados, en muchas comisarías y en las alcaidías de la provincia. Está claro que esos lugares no cuentan con la preparación y los requerimientos que exige un programa de necesidades carcelario", afirmó.
Dijo que "es abiertamente ilegal lo que se viene haciendo, porque está prohibido por el Código Penal y por las Constituciones nacional y provincial. Es una falla evidente de la política de seguridad que las alcaidías de nuestra provincia y muchas comisarías estén virtualmente convertidas en cárceles".

Violencia institucional.
"Cuando esas anormales condiciones de detención se prolongan en el tiempo se genera violencia institucional porque se terminan dando situaciones de hacinamiento que favorecen la generación de conflictos y los enfrentamientos entre los mismos detenidos o entre los internos y el personal policial".
El diputado Berhongaray manifestó que en las alcaidías tampoco "se articulan tratamientos diferenciales para la diversidad de población privada de su libertad, y claramente es inconveniente decidir el encierro en un sector u otro en base al espacio disponible y no en función de criterios de seguridad. Es ilegal que no se aplique un régimen de progresividad de la pena, también que a los detenidos no se les aplique puntaje o guarismo, y que no se instrumenten actividades para la resocialización de los detenidos, con el trabajo de un equipo interdisciplinario como sí sucede en el Servicio Penitenciario Federal".