Los Carro fueron condenados por los escraches de Gazia y Funes
Eduardo Carro y su esposa Mirta Maidana fueron condenados por haber realizado un escrache frente a las viviendas particulares del ex ministro de Gobierno, Mauricio Gazia, y de la asesora de Menores del Juzgado de la Familia y el Menor, María Cristina Funes. La resolución fue dictada por el juez provincial de Faltas, Miguel Vagge, aunque todavía no quedó firme. En una segunda resolución, por un hecho idéntico, el matrimonio Vargas fue beneficiado con la probation, o suspensión del juicio a prueba. A cambio Abel y Matilde Vargas se disculparon ante los denunciantes y se comprometieron a realizar tareas comunitarias durante un año, aunque no admitieron haber cometido alguna infracción de las previstas en el Código Contravencional de La Pampa.
Esta es la primera vez -al menos que trasciende públicamente- que el tribunal condena a una persona por una protesta social. Los hechos ocurrieron a fines del año pasado, cuando ambos matrimonios peleaban por la tenencia de las hermanitas S. y D. Al final, tanto los Carro como los Vargas terminaron perdiendo la condición de familias sustitutas que les había otorgado la Dirección de Niñez y Adolescencia.
En aquel momento las dos familiares organizaron marchas callejeras pidiendo la adopción de las nenas. Una de ellas llegó a reunir a un millar de santarroseños. Además un grupo de manifestantes protestaron frente al edificio donde vive la jueza de la Familia y el Menor, María Cristina Baladrón, y a las casas particulares de Gazia (en dos ocasiones porque es pareja de la magistrada) y Funes. Lo mismo hicieron ante la residencia del gobernador Oscar Mario Jorge y contra el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes. De ellos cinco, sólo Gazia y la asesora Funes realizaron exposiciones policiales que fueron tramitadas en el Juzgado de Faltas.
Incluso el ex ministro los atendió en ambas oportunidades y les explicó que era ajeno a los hechos y que Baladrón no estaba con él. Los manifestantes, igualmente, colgaron carteles en las rejas de la casa con las leyendas "Justicia por D y S"y "Baladrón jueza sin sentido común, sin corazón, fuera!". En otros carteles reclamaron "igualdad y justicia para todos".
Los Carro no recurrieron a la probation y prefirieron afrontar los dos juicios. En el de Funes fueron absueltos, a pesar de que tanto la funcionaria como su esposo reconocieron a Eduardo Carro como uno de los manifestantes.
En cambio tanto él como su mujer fueron condenados, en el juicio de Gazia, por tres contravenciones a 30 días de multa, equivalentes a un pago de 780 pesos cada uno. Como la sentencia no está firme, todavía pueden apelar.
Tres contravenciones.
¿Cuáles fueron las contravenciones a la tranquilidad y el orden público, incluidas en el título II del Código? El inciso 1) del artículo 82, que fija una multa de 45 días o arresto de 15 días a "los que individualmente o en grupos inciten a reñir a las personas, las insulten, amenacen o las provoquen en cualquier forma"; el inciso 1) del artículo 83 que sanciona con una multa de 30 días al que "con ruidos de cualquier especie, toques de campanas, aparatos eléctricos, sonoros o ejercitando un oficio ruidoso de modo contrario a los reglamentos provinciales, provoque molestias innecesarias"; y el inciso 3) del artículo 98 que prevé multa de hasta 60 días o arresto de 20 días, siempre que el hecho no importe un delito, al que "en lugares públicos, puentes, monumentos o paredes de los edificios públicos o de las casas particulares, fije carteles o estampas o escriba o dibuje cualquier anuncio, leyenda o expresiones, sin autorización de la autoridad o del dueño, en su caso".
En el caso de los Vargas, que también fueron denunciados por Gazia y Funes, no reconocieron las faltas y concurrieron hace unos días a una audiencia convocada por Vagge. En ella, el ex ministro y la asesora señalaron a Abel y Matilde como los promotores de la protesta. Estos no reconocieron ninguna culpabilidad, pidieron disculpas y ofrecieron realizar tareas comunitarias (concurrir dos horas por semana, durante un año, al Hogar San José Obrero); pero Gazia y Funes exigieron un desagravio público. Los Vargas se negaron y el juez terminó zanjando a favor del matrimonio al disponer la probation o suspensión del juicio a prueba.
Gazia había detalló en las exposiciones las molestias que les produjeron a él y a sus vecinos, y remarcó que su domicilio fue rodeado por varios vehículos y un grupo de personas. Al momento de los hechos trascendió que le habrían trabado y quemado el portero eléctrico y atado puertas y portones con alambre.
Artículos relacionados
