Marín pide informe sobre la situación de presos pampeanos

SITUACION DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL EN LA PAMPA

El diputado del PJ pidió conocer la cantidad de internos pampeanos que se encuentran en dependencias del SPF. Recordó la denuncia de dos jueces contra autoridades federales por no recibir a los presos, incumpliendo con un convenio.
El jefe del bloque justicialista, Espartaco Marín, presentó un pedido de informe en Diputados dirigido a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para que brinde información sobre la cantidad de internos que fueron condenados por la Justicia pampeana y están alojados en unidades penitenciarias federales, para observar el nivel de cumplimiento del convenio firmado entre la Nación y la Provincia.
Marín pide conocer la cantidad de plazas ocupadas en la Unidad 4 por condenados pampeanos desde el 12 de septiembre de 2007 cuando se firmó el Convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Provincia de La Pampa, hasta ahora, y la cantidad de presos con trabajo remunerado y los que participaron de capacitación laboral o programas educativos.
También pretende saber si ya comenzaron y en su caso, el grado de ejecución y plazo de finalización estimada respecto de las obras comprometidas en la Adenda al Convenio Marco suscripto el día 13 de septiembre 2016, por el cual se asigna el Instituto Nuestra Señora del Carmen (Unidad13) para el alojamiento de internos condenados por la Justicia pampeana.
El alojamiento de presos pampeanos en dependencias del Servicio Penitenciario Federal generó en mayo del año pasado un fuerte conflicto, incluso dos jueces de Ejecución de la provincia denunciaron al titular de entonces del organismo por no recibir a internos de la provincia, a pesar de existir un acuerdo para ello.

Hacinamiento.
En el año 2007, de conformidad con el artículo 18 del Código Penal y el artículo 212 de la ley 24660 de Ejecución Penal, se firmó un Convenio entre el gobierno nacional y el provincial, que luego fue convertido en ley el 11 de octubre de 2007, por la Legislatura pampeana. Allí, se acordó que La Pampa disponía de 180 plazas hasta que realice modificaciones edilicias por 10 millones de pesos.
“Una vez concluida la obra, la Provincia tendría un cupo de 300 plazas y una vez que se cumpliera con ese cupo, las plazas adicionales quedarían a consideración de disponibilidad exclusiva del Servicio Penitenciario”, dijo Marín en los fundamentos, agregando que “este servicio se prestaría hasta tanto la Provincia se encuentre en condiciones económicas y técnicas para habilitar su propio establecimiento carcelario”.
Agregó que “como contraprestación la Provincia se obliga a realizar la ampliación de la Colonia Penal Unidad 4 para ampliar la capacidad de alojamiento, con plazo de finalización de la obra en diciembre de 2009” y recordó que en 2015, los jueces Martín Saravia y Mauricio Pascual denunciaron penalmente al director del SPF, Emiliano Blanco, al director nacional del Régimen Correccional Walter Flores y al ex director de la Unidad 4, Sergio Escalada, por “el conflicto con los condenados pampeanos que no eran recibidos” en esa dependencia.

Colapso.
“Consideraron que los funcionarios del SPF incurrieron en delitos de desobediencia, abuso de autoridad, omisión de los deberes de oficio y/o denegación de auxilio. Señalaron que un grupo de personas con condenas firmes dictadas por la Justicia pampeana se encontraban, en ese momento, y lo están actualmente, cumpliendo su pena de manera ilegal en unidades policiales y judiciales provinciales, y en condiciones de hacinamiento, responsabilizando a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, de llevar al Estado provincial a una situación de colapso de situaciones de encierro. Descartaron, los magistrados denunciantes, que siempre se utilizó como pretexto la falta de plazas en la Colonia Penal, y agregaron que siempre fueron de diferente acatamiento los cupos, pedidos de informe y dictámenes, según provinieran de la Justicia provincial o federal”, explicó Marín.

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