"Mucha discrecionalidad"

El diputado Martín Berhongaray (Frepam) cuestionó al oficialismo porque "domina" el procedimiento de designaciones dentro de la Justicia Provincial y señaló que es necesario que el Poder Judicial cuente con un presupuesto propio.
"No habla de una buena salud institucional que la justicia de La Pampa esté estructurada sobre la base de un procedimiento de designación dominado con mucha discrecionalidad por el oficialismo, y además que exista tanta gravitación de los reemplazos por jueces y funcionarios sustitutos", comentó.
El legislador agregó que "hay que trabajar para atenuar la enorme influencia que tiene el oficialismo en cada uno de los niveles que intervienen en los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores, es decir, en las instancias ante el Consejo de la Magistratura, la Legislatura y el Ejecutivo".
"No nos olvidemos que en La Pampa el Consejo está integrado por cuatro miembros, de los cuales dos responden directamente al partido de gobierno y esa excesiva presencia de la representación de origen político y sin participación de las minorías constituye un caso único en el país", advirtió Berhongaray.
El diputado radical alertó que "no existe otro Consejo de la Magistratura en Argentina que esté tan politizado como el pampeano" y que "el procedimiento de designación se completa con el acuerdo que da una Cámara de Diputados donde el oficialismo también tiene mayoría".
Por otro lado, señaló que "cuando un juez, fiscal o defensor quiere ascender, u ocupar otro cargo dentro del Poder Judicial, nuevamente queda sometido a ese esquema dominado por el oficialismo porque nuevamente debe recorrer las tres instancias".
Berhongaray planteó que "mientras no se busquen atenuar estas excesivas injerencias y se siga abusando en el nombramiento de sustitutos, va a resultar muy difícil alcanzar una Justicia que dé suficientes garantías de imparcialidad, sobre todo en las causas de alto impacto económico y político".

Presupuesto.
El diputado remarcó que a la injerencia en las designaciones y en los ascensos, se suma la cuestión presupuestaria, porque "no es saludable en términos institucionales que el Poder Judicial no cuente con crédito presupuestario propio, ya que como lo reconoció el ministro del Superior Tribunal, Eduardo Fernández Mendía, en las reuniones por el presupuesto, la dependencia económica que tiene el Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, termina condicionando la función, afectando la independencia y restándole eficacia a la administración de justicia".