Muerte del cazador: el PJ eludió tratar la interpelación a Tierno

El oficialismo legislativo maniobró ayer para evitar una interpelación al ministro Tierno pedida por la oposición y que iba a ingresar en la frustrada sesión que iba a desarrollarse hoy en la Legislatura.
El oficialismo suspendió en las últimas horas la sesión ordinaria que estaba prevista desarrollarse durante este mediodía, en una decisión unilateral que generó el enojo de los diputados de la oposición, que pretendían sesionar según manifestaron, a pesar de algunas voces que indicaban otra versión. Así, el PJ evitó que los legisladores de la oposición avancen en el pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, ante un planteo de los radicales Abel Sabarots y Patricia Testa por el accionar policial en el homicidio de un cazador en Lonquimay.
En medio de voces cruzadas, el argumento principal que llevó a la suspensión de la reunión está vinculado justamente a los cuestionamientos de las diversas fuerzas políticas contra el ministro de Seguridad y ex intendente de Santa Rosa destituido por la muerte de un cazador en el marco de un caso donde los acusados son dos policías.
“La verdad es que desconocemos los motivos reales de la suspensión de la sesión. Espartaco (Marín) me preguntó por la posibilidad de no sesionar porque había pocos temas y le dije que no, que hay que sesionar y después nos avisaron por la tarde que no se hacía. Lo resolvieron ellos en forma unilateral”, dijo el jefe de la bancada del Frepam, Ricardo Consiglio.
Lo cierto es que la decisión de suspender la sesión fue tomada tras la muerte del cazador Santiago Garialdi, por un homicidio donde hay dos policías acusados, ante el temor de los legisladores del oficialismo por los planteos que podría hacer la oposición como pronunciamiento político en contra del ministro Tierno y su política de seguridad, para lo que ya hay consenso entre los legisladores opositores.

Más repudios.
Los concejales y concejalas del Frepam expresaron ayer su repudio a la política llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad de La Pampa. En un parte de prensa enviado por el bloque del oficialismo en el Concejo Deliberante de la ciudad, recordaron que los vecinos y vecinas de Santa Rosa “tuvieron que poner límite a la política de seguridad provincial” en la capital pampeana, puesto que “a través de abusos de poder generaba una escalada de conflictos que no se sabía cómo podían terminar y que están terminando mal”.
“Entendemos que, para proteger a nuestros ciudadanos y ciudadanas, fundamentalmente a nuestros niños, niñas y jóvenes no hace falta más, que cumplir con el respeto por la vida ante todo. Si olvidamos ese principio estaremos permitiendo que la violencia sea la respuesta fácil, dramática y fatal que nos deja a todas y a todos hundidos en la ley del más fuerte y en la sin razón”, argumentó la bancada frepamista.
El bloque sostuvo que quiere que las autoridades públicas cuiden a los santarroseños en el marco constitucional vigente y no “obedeciendo directivas que dan cuenta del desprecio por la vida humana, a la que una vez más se la ubica por debajo del respeto a los Derechos Humanos”, añadieron en alusión al audio radial que tomó estado público en las horas posteriores al homicidio del cazador piquense Santiago Garialdi.

Para el juez, homicidio doble agravado
El juez hizo lugar a la carátula “provisoria” del hecho, aunque cuando se hagan las pericias correspondientes el título podría cambiarse. Los dos policías quedarán detenidos hasta finalizar el proceso.
Los dos policías que participaron del incidente de Lonquimay que culminó con la muerte del cazador Héctor Santiago Garialdi, y provocó lesiones a Andrés Casabonne, quedaron procesados bajo el cargo de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un miembro de la fuerza policial, abusando de su función y por la utilización de arma de fuego, en concurso real con el delito de lesiones leves, también doblemente agravado por las mismas circunstancias”.
La audiencia de formalización de los policías, Norberto Daniel García y Fernando Martín Safenreider, se realizó ayer en la Ciudad Judicial, con la presencia del juez de Control, Gabriel Lauce Tedín; la fiscal Cecilia Martiní y el abogado defensor Mario Aguerrido. El magistrado resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, y además decidió la prisión preventiva de los involucrados hasta la finalización del proceso, aunque el defensor había solicitado la detención domiciliaria.

Ocho disparos y una muerte.
La fiscal relató el modo en que habrían sucedido los sucesos del domingo 24 de julio, alrededor de las 20.30. Explicó que en esas circunstancia una camioneta Pick Up Ford F-100, dominio AWC 070 color gris, circulaba por un camino de tierra perpendicular a la ruta nacional 5, a la altura del kilómetro 554 de norte a sur, y cuando se encontraba transitando con dos ocupantes en la cabina, conduciendo Andrés Casabonne junto a otra persona que iba de acompañante, de apellido Castilla”. Martiní agregó que “en la torreta, en la caja lo hacían Héctor Santiago Garialdi junto a Miguel Arroyo. Estas personas iban transitando por este camino de tierra y en una calle que hace intersección con esa arteria, denominado ‘camino del cementerio’ en Lonquimay, se encontraba estacionado allí un móvil policial, una camioneta Chevrolet S10, perteneciente a la Comisaría de Lonquimay”.
Siguió diciendo que “debajo del móvil policial se encontraban los imputados, ambos con sus armas reglamentarias calibre 9 milímetros y con una carabina antitumulto. Cuando la camioneta Ford F100 transitaba por este lugar al mando de Casabonne, comienzan a realizar disparos hacia este vehículo, de los cuales se contabilizan al menos ocho por las cápsulas encontradas hasta el momento en el lugar del hecho, todas pertenecientes a armas oficiales reglamentarias”.
Precisó la fiscal que los disparos impactaron en parte de la camioneta: uno de ellos en la puerta del conductor que atravesó y dio en el glúteo de Casabonne lesionándolo; otro se registró en la caja cercana al área del combustible. Uno de los disparos impactó contra Garialdi, que se encontraba en la torreta con Arroyo, y le provocó automáticamente la muerte; otro fue recibido en el mismo vehículo; esos son los disparos que cuenta el vehículo y las personas; los restantes fueron realizados ya que se hallaron los casquillos, pero no se pudo establecer dónde impactaron”.
Martiní sostuvo que “Garialdi falleció automáticamente y Casabonne resultó lesionado”.

Hecho complejo.
La representante del MPF encuadró el hecho bajo el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un miembro de la fuerza policial, abusando de su función y por haber sido cometido con arma de fuego, en concurso real con el delito de lesiones leves, también doblemente agravado por las mismas circunstancias: por haber sido cometidas por un miembro de la fuerza policial abusando de su cargo y con arma de fuego”.
Solicitó al juez considerarlo “un hecho complejo, que requiere pericias que demandan tiempo de realización y atendiendo a la gravedad y complejidad, dado que ocurrió en la nocturnidad y en una zona rural, cercana a Lonquimay y La Gloria, donde los protagonistas son los imputados y las personas que se encuentran con vida”. Por esa razón, pidió “declarar la complejidad de las actuaciones”.
También solicitó la prisión preventiva de los imputados, hasta la finalización del proceso, atendiendo a la gravedad de las actuaciones y la necesidad de realizar la investigación “sin ningún tipo de influencia por los mismos”, ante los testigos.

Defensa.
Con muchas reticencias manifiestas, Aguerrido dijo “concordar con la formalización del hecho y la descripción aportada por la fiscal”, pero se opuso “a la calificación probable”; también estuvo en contra del pedido de prisión preventiva y solicitó que el juez contemple la prisión domiciliaria de ambos efectivos, teniendo ambos domicilios en Anguil y Lonquimay. Cuestionó que fueron “otros” los motivos que llevaron a la representante del MPF a pedir la calificación máxima de sus defendidos.

Con carpeta psiquiátrica
Las pericias realizadas a los dos efectivos confirmaron que solo uno de ellos, el cabo Fernando Safenreider, disparó su arma reglamentaria. Esta información fue confirmada ayer por una fuente abocada el esclarecimiento del caso. Asimismo los investigadores están detrás de un dato que puede ser clave: Safenreider habría regresado al trabajo hace unos días después de haber salido de una licencia psiquiátrica.

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