Natalio Peres se sienta en el banquillo

Los tres funcionarios deberán defenderse por las sospechas que pesan sobre ellos por la falta de controles a cuentas corrientes del IPAV. La resolución del cuerpo fue tomada ayer por unanimidad.
El jurado de enjuiciamiento formado contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Peres, y los vocales, Rubén Rivero y Francisco García, resolvió ayer por unanimidad abrir el proceso y citar a comparecer a los tres funcionarios.
El jury, como adelantó este diario, resolvió en base al artículo 31, inciso 3), de la Ley Nº 313 de Jurado de Enjuiciamiento. El texto dice que "si la denuncia (o requerimiento fiscal) fuera prima facie admisible, el jurado oirá al magistrado o funcionario", y agrega que "si lo creyera conveniente dispondrá una investigación sumaria por intermedio de la presidencia". Recién en ese momento el cuerpo merituará si da curso o no a la denuncia.
Así, el presidente del jurado, y a su vez titular del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Luis Menéndez, los diputados Patricia Lavín (PJ) y Martín Berhongaray (Frepam) y los abogados Marina Vanini y Héctor De la Iglesia acordaron admitir la denuncia y, tal cual lo estipula la ley, escuchar a Peres, Rivero y García. Los tres deberán presentarse para defenderse y dar explicaciones sobre las sospechas que existen sobre ellos.
La cúpula del Tribunal llegó a esta situación de preenjuiciamiento debido a que la jueza de instrucción, Florencia Maza, pidió sus indagatorias al aceptar el requerimiento de la fiscal Susana Alvarez. La solicitud de las declaraciones indagatorias fue porque la fiscalía cree que pudieron haber cometido algún delito -¿incumplimiento de los deberes de funcionario público?- al no controlar dos cuentas corrientes del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda.
En verdad, el pedido de investigación sobre Peres y los vocales quedó plasmado en el fallo de la Cámara en lo Criminal 1, de fines del año pasado, por el cual fueron condenados a prisión el ex vicepresidente ejecutivo del IPAV, Hugo Agüero, y el ex gerente general, Luis Araniz, por sustracción de caudales públicos y pago de coimas.
Si después de oír a los imputados y, eventualmente disponer la investigación sumaria -lo que le permitiría al jury recolectar más pruebas-, el jurado votará por la formación de una causa, Peres, Rivero y García podrían ser suspendidos en sus cargos.
En ese momento se iniciaría el proceso de juicio propiamente dicho, con la vista al procurador general, Mario Bongianino, para que acuse y el trasladado a los imputados para que se defiendan. Luego se producida la prueba se iría al juicio oral y público. Por eso, el expediente sólo podría volver a Maza en caso de una condena, para que ella fije las penas.
Debido a que el presidente y los vocales del TdeC tienen constitucionalmente un sistema extraordinario de juicio, fue que la jueza, para pedir las indagatorias, tuvo que recurrir al artículo 170 del Código Procesal Penal de La Pampa, que prevé que
"cuando se formule requerimiento fiscal contra un funcionario sujeto a enjuiciamiento previo, el tribunal competente lo remitirá, con todos los antecedentes que recoja por una información sumaria, al jurado de enjuiciamiento".
Peres declaró dos veces como testigo en la megacausa del IPAV. En la instrucción dijo que los fondos desviados por Vivienda no pasaron, para su fiscalización, por el Tribunal y agregó que "partimos de la base de que trabajamos con gente honesta" porque sino sería imposible supervisar todo lo que ocurre en la administración pública.
Luego, en el juicio donde fueron condenados Agüero y Araniz, dejó en claro que los controles previos, o sea los formales, son ejercidos por el personal más capacitado (contadores), y los controles posteriores (donde hay que revisar si el dinero público fue gastado para lo que estaba previsto) por el personal de menor jerarquía (los relatores, pasantes, idóneos y agentes con título secundario). Pareciera el mundo al revés.