Para el fiscal, el ex gobernador actuó con “intencionalidad”

JORGE A LA JUSTICIA

“En la denuncia entendemos que no hubo un error, sino intencionalidad. Esto nos da motivos de sospecha para hacer la denuncia penal, pero si hubo dolo lo determinará la Justicia”, dijo Juan Carlos Carola, el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Ese organismo, tal como reveló ayer este diario, impulsó una denuncia penal contra el ex gobernador Oscar Mario Jorge y los ex ministros Sergio Violo (Hacienda) y Jorge Varela (Obras Públicas).
La FIA consideró que el trío habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración infiel y falsedad ideológica, en torno a presuntas irregularidades en la licitación del segundo tramo de Acueducto del Río Colorado; que finalmente resultó anulado por un decreto del actual gobernador Carlos Verna.

“Larga trayectoria”.
Los tres firmaron el decreto con el cual adjudicaron la obra, valuada en mil millones de pesos, a una UTE de empresas. El problema no fue la adjudicación en sí misma, sino que el decreto cambió el modelo de contrato que figuraba en la preadjudicación sin realizar la consulta previa con el Tribunal de Cuentas que, tres años antes, había dado el visto bueno a otra forma contractual.
Carola dialogó ayer con LA ARENA y no ocultó su asombro por la forma en que procedieron los tres ex funcionarios en el proceso de adjudicación que meses después sería anulado por el gobernador Carlos Verna, quien sucedió a Jorge en el sillón del Centro Cívico. “Nos llamó poderosamente la atención porque las personas que están involucradas en la firma del decreto, no solo el gobernador sino los ministros que lo refrendaron, son personas de larga trayectoria en materia de administración pública”, afirmó.
También dijo que lo había sorprendido que no se hubiera requerido un dictamen de la Asesoría Letrada de Gobierno, puesto que habían pasado casi tres años desde la preadjudicación de la obra hasta la firma del decreto de adjudicación. “No tengo explicación posible de qué puede haber pasado”, dijo.
-Siempre se criticó de Jorge su testarudez en algunos asuntos. ¿Cree que pudo ser eso?
-No puedo hacer esta apreciación porque estaría prejuzgando. Lo que sí puedo afirmar es que es muy llamativo. Me llama muchísimo la atención de una persona tan experimentada que tuvo a la vista el expediente para firmar el decreto y que no haya llamado a la Asesoría Letrada de Gobierno, aunque sea por teléfono, para que mire un poco el expediente porque pensaba hacer un cambio en el proyecto que le había conformado el Tribunal de Cuentas.
-¿Hubo un dolo a la administración?
-En la denuncia entendemos que no hubo un error, sino intencionalidad. Esto nos da motivos de sospecha para hacer la denuncia penal, pero si hubo dolo lo determinará la Justicia.
-¿Considera que hubo intencionalidad en la forma en como se actuó?
-Entendemos que, de acuerdo como está configurado el expediente, no parece creíble que haya un error administrativo. Hay veces que en obras tan grandes puede existir una desprolijidad administrativa -en este caso son 90 cuerpos-, pero acá hubo tres años entre un acto y el otro, con lo cual es muy difícil que no hayan tenido los tiempos para revisarlo 150 veces, si era necesario, antes de firmar el decreto de adjudicación. No había ninguna necesidad, no había razones de urgencia y no se alegó ningún tipo de situación que ameritara el cambio en el modelo de contrato que había conformado el TdeC. No había ninguna razón en el expediente, ni tampoco se siguieron los mecanismos del procedimiento de omisión de vista. Es decir, si el ex gobernador entendía que había alguna razón por la cual no debía darle nueva vista al TdeC, no la alegó ni siguió el procedimiento.

La otra denuncia a Varela
La denuncia penal de la FIA por posibles irregularidades en la adjudicación de la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado no es la primera de ese organismo que afecta a la gestión de Oscar Mario Jorge. La primera también involucró al ex ministro Varela y fue por la obra del Megaestadio, el Polideportivo de Santa Rosa que lleva diez años sin terminarse.
Carolla recordó que en aquella oportunidad el funcionario estaba en funciones y, por lo tanto, estaba sujeto al proceso de juicio político, razón por la cual pidió la intervención de la Cámara de Diputados de la provincia. El jury no prosperó porque Varela renunció días antes de iniciarse el trámite.
Más allá de la vía política, el fiscal recordó que en simultáneo con el pedido a la Legislatura había radicado una denuncia penal que está tramitando en la Justicia. “Imputamos al inspector de obra contratado, el ingeniero Lorda, y también al ingeniero Varela por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, recordó.
A diferencia de Jorge y Violo, Varela está ahora bajo dos investigaciones penales que lo tienen como acusado.

¿UTE puede enjuiciar a Provincia?
Carola sostuvo que, al caer el financiamiento del segundo tramo del acueducto, podría existir la posibilidad que la UTE Supercemento-OAS recurra a la justicia reclamando el 10% del presupuesto final de la obra.
Como se recordará en la licitación resultó adjudicataria la UTE conformada por la argentina Supercemento y la brasileña OAS. Esta aportaba el financiamiento para la adquisición de los caños, con fondos aportados por el Banco de Desarrollo del vecino país. Cuando esta posibilidad se cayó hubo una promesa de que Nación pondría los fondos, pero alterando el pliego licitatorio e insistiendo en que la UTE fuera la constructora del acueducto. El fiscal de Investigaciones Administrativas planteó, ante una consulta en Radio Noticias, que Supercemento-OAS podría reclamar unos 120 millones, considerando que la obra preveía un costo de unos 1.200 millones.

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