Piden reforma que evite detenciones arbitrarias

La Asociación pidió la intervención de la Legislatura para modificar las leyes que regulan a la Policía en la actualidad. A su vez, reclamó al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Derechos Humanos que intervengan en la formación de los futuros agentes, con un perfil más democrático.
La Asociación Pensamiento Penal (APP), Capítulo La Pampa, repudió los episodios de violencia policial ocurridos de manera reiterada en nuestra provincia. Lo hizo a través de un comunicado de prensa en el que llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia a tomar las medidas para combatir un problema que consideran estructural, pero renovado y exacerbado en los últimos meses.
La ONG aseguró que los hechos de violencia policial que desde un tiempo a esta parte vienen tomando estado público no son aislados y que existe un número mayor de ellos que permanece al margen de la publicidad cotidiana, y que en conjunto, marcan la existencia de una equivocada formación e intervención profesional, que debe ser revisada de forma urgente para garantizar su no repetición.
"Estos hechos también suponen el ejercicio sistemático de una violencia contra democrática, en pos de alcanzar una supuesta higienización, abiertamente alejada de los postulados del estado constitucional de derecho", sostuvo la APP.

Matriz democrática.
Para la organización, el cuadro de violencia institucional a cargo de la Policía es "una situación estructural, por lo que no ha dependido, ni depende actualmente, exclusivamente de alguna persona o funcionario en particular. Pese a ello, debemos poner en evidencia que, en este último tiempo, se ha visto renovada y exacerbada en su implementación".
La APP La Pampa consideró que la Provincia debe contar con los espacios necesarios para la intervención preventiva y de seguridad, las cuales deben ejercerse conforme a una matriz democrática, donde las fuerzas de seguridad cumplan un rol de garante de los derechos y garantías de las personas, y no contribuyan a, ni causen -en manera alguna-, su vulneración.
"La Asociación Pensamiento Penal exhorta a las autoridades públicas a destinar y afectar todos sus esfuerzos para garantizar el normal funcionamiento de las fuerzas de seguridad, como garantes de los derechos de las personas. Asimismo, a todos los poderes del Estado, para que reconozcan, promuevan y faciliten la asunción de los derechos humanos y, principalmente, coadyuven a su no vulneración, máxime en el caso de las personas con menores posibilidades de ejercerlos y de ser oídos", expresaron.

Silenciosos y complacientes.
A su vez, condenaron el "silencio y la actitud complaciente de las autoridades administrativas y judiciales" frente a los casos de violencia policial, actitudes que consideraron "un aval al uso desmedido y arbitrario de la violencia policial". "Estas acciones, lejos de constituir una política de prevención o reducción del delito, son -lisa y llanamente- una violación a los derechos humanos más elementales, que convierten a toda la sociedad en víctima, y la abstención de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad a que están obligados todas/os las/os funcionarias/os públicas/os del Estado provincial".
La Asociación consideró oportuno señalar que se ha tornado urgente la intervención de la Legislatura provincial para revisar las normas de la policía, contravencional y procesal penal vigentes que autoriza, de manera inconstitucional y contra convencional, la demora y detención de personas por largos períodos de tiempo sin control judicial, y que dan lugar a las prácticas que se ven a diario.

Formación humanística.
A la vez, afirmaron que era imperiosa la intervención de las autoridades de Derechos Humanos y de Educación en los procesos de formación de las/os agentes públicos en clave de derechos humanos. "Entendemos que las autoridades administrativas y judiciales deben implementar y/o fortalecer las herramientas prácticas necesarias para que, de manera inmediata, cualquier persona pueda defenderse ante la violencia institucional", añadieron.
Finalmente, en base al marco social y jurídico que denunciaron, consideraron fundamental la participación y compromiso de la comunidad, de los medios de comunicación y de las organizaciones sociales, para que, sumados a las autoridades públicas y en conjunto, corresponsablemente, colaboren en el control y erradicación de la violencia policial.

"Amedrentar desde la prepotencia".
El gremio docente Utelpa cuestionó al Ministerio de Seguridad por el operativo policial por el cual se demoró a niñas que pintaban con un lápiz una pared del anfiteatro provincial.
"Nuevamente leyendo las noticias locales aparecen hechos políticos capaces de devolvernos el 'orden' y la 'cordura' a los ciudadanos de 'buenas costumbres' ... , encontrando una que menciona el accionar policial sobre dos niñas menores de edad cuyo 'delito' consistió en escribir con lápiz negro una pared de un espacio público (Anfiteatro provincial, construido hace años y abandonado por los distintos gobiernos, por si alguien piensa que las niñas al rayar la pared estropearon lo público y de todos)", expresó el gremio en un comunicado de prensa.
Y recordaron la detención, hace unos días, de dos madres con sus hijos menores junto a una periodista que realizaba su labor luego de un operativo policial de calle, una cuestión que "nos lleva a reaccionar en contra de tales prácticas represivas y de violencia institucional hacia niñas, niños y adolescentes, hacia los derechos de las mujeres, rechazando toda forma de naturalización de la aplicación de la fuerza sobre los derechos conquistados".
"Sufrimos la falta de espacios de expresión para los niños y jóvenes que ya no cuentan con centros deportivos barriales ni socio-culturales de esparcimiento y formación, y entonces asistiremos calladamente a la represión cuando el Estado nada ofrece para contener y enseñar a esa población. Son sujetos de derecho y no merecedores de dádivas. ¿Dónde quedaron los Tratados Internacionales de Protección de niñas, niños y adolescentes?", se preguntan.
"Aceptar pasivamente estas políticas impulsadas por el Ministerio público nos hace cómplices de la quita de derechos a la que asistiremos con la triste frase 'seguir adelante a pesar de...'. Es por eso que Utelpa repudia toda forma de violencia institucional que atente contra los derechos y llama a despertar como sociedad que pierde dignidad día a día cuando mira para otro lado mientras el poder trata de amedrentar desde la prepotencia", concluyó el comunicado.