Pidieron por 76 pero entraron 26

Los nuevos pabellones construidos por la provincia en la Colonia Penal que debían recibir a 300 condenados pampeanos sólo alberga a unos pocos. Hay muchos presos de jurisdicción federal y extranjeros.
El juez Mauricio Pascual se refirió a la llamada "repatriación de condenados pampeanos fuera de la provincia".
En ese sentido consideró que "no ha constituido ni constituye un óbice para el ingreso de condenados de la provincia a la Colonia Penal U4, porque ese movimiento de internos fue mínimo, no llegando jamás a los 76 condenados del reclamo inicial efectuado por el Ministerio Público de la Defensa en el Habeas Corpus presentado en su oportunidad, sino sólo a 26".
Ese número resulta similar al movimiento de condenados en un fin de semana en la U4 provenientes de otras jurisdicciones.
-¿Sabe cuántos condenados pampeanos hay ahora en la U-4?
-En la actualidad en la Colonia Penal U4 hay 109 condenados pampeanos;
en la U13 hay 8 mujeres; en la U30 hay 3 menores adultos; y en la U25 hay
5 condenados. Fuera de nuestra provincia hay 30 condenados pampeanos.
-¿Por qué la U-4 no quiere recibir presos pampeanos?
-No existen justificativos, más que entenderlo como una cuestión de poder de esa estructura administrativa. Se dictaron diversas resoluciones desde agosto 2014 ordenando el ingreso de pampeanos a la U-4 y no han sido cumplidas, no obstante haber sido rechazados en todas las instancias provinciales los recursos interpuestos por el Servicio Penitenciario Federal.
-¿Y qué se hizo ante esta situación?
-La discusión conceptual se centra en cómo una estructura administrativa puede desconocer resoluciones jurisdiccionales. Con mi par de la ciudad de Santa Rosa, Martín Saravia, presentamos la denuncia penal ante la justicia federal, y se dio inicio al proceso de astreintes aplicada al titular del SPF para lograr el ingreso de condenados de la provincia a la Colonia Penal pampeana.
-¿Qué son los astreintes?
-Se trata de conminaciones de carácter pecuniario para el funcionario público que incumple una orden judicial. Eso en el entendimiento de que existen los cupos para el ingreso de personas penadas por la justicia provincial, a lo mejor no en su totalidad ya que no desconocemos la complicada situación del SPF, pero sí en un número que permita un alivio a la situación carcelaria provincial.
Los pedidos efectuados por parte de la justicia de ejecución penal provincial tuvieron hasta un año de demora.
-¿Es posible que el SPF se resista al control judicial?
-No puede resistirse porque la Ley 24660 establece el control judicial permanente, constituyéndose el juez de ejecución en garante del cumplimiento de las normas constitucionales, y tratados internacionales ratificados por la Argentina, como asimismo de los derechos de los condenados no afectados por la condena o la ley.
-¿No hay pabellones que se hicieron especialmente para presos pampeanos en la U-4?, ¿quiénes los ocupan hoy?
-No tenemos que olvidar que en nuestra provincia la Ley 2365 aprueba el convenio celebrado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el gobierno de nuestra provincia, donde se convino que el SPF prestaría a la provincia el servicio de guarda y custodia de procesados y de tratamiento de condenados en un número de 180. Eso hasta tanto la provincia esté en condiciones técnicas de contar con su propio servicio penitenciario.
-En su momento la provincia construyó pabellones en la U-4.
-Sí, la provincia se obligó a realizar la ampliación de la Colonia Penal, con una inversión mínima de $ 10.300.000, y el convenio era que al concluir las obras podría disponer de un cupo de 300 internos.
-¿Cuál es la situación actual?
-Hasta hace unos dos meses no ingresaban pampeanos a la U4, y la semana pasada sólo ingresó uno bajo mi competencia. Todo esto repercute de manera directa en la capacidad que tienen las comisarías y alcaidías de la provincia para el alojamiento de condenados hasta tanto se logre su ingreso a la U-4.
-Podría decirse que hoy son alojados en lugares no apropiados.
-Es así, no son lugares propicios para el tratamiento penitenciario al cual deben acceder los internos para lograr el fin resocializador de la pena. Además de aquella manera se destina personal policial a funciones que no le son propias. No obstante quiero destacar que tanto los jefes de comisarías como de alcaidías, y el personal, cumplen una función que hay que ponderar de manera positiva en el tratamiento de penados.
-¿Es el SPF uno de los organismos menos democratizados?
-Lo que puedo decir es que desde el avenimiento de la democracia no ha tenido modificación alguna en su conformación.
-¿De quién es la responsabilidad: de la Justicia o del Ejecutivo? ¿Se
avala a los jueces de ejecución en la medida que lo precisan? Se le
aplicó la medida de "astreintes" al SPF y el STJ lo dio vuelta.
-Si existe algún tipo de responsabilidad ello lo determinará en su momento
la justicia federal atento a la denuncia efectuada, y al resultado que eventualmente arroje la ejecución de astreintes oportunamente iniciada y que continúan por la vía pertinente. Reitero, la justicia provincial, en relación a las resoluciones dictadas por los jueces de ejecución, ha confirmado las mismas rechazando al SPF los recursos interpuestos restándole el Recurso de Queja ante la Corte Suprema, pero en la instancia provincial las vías recursivas se encuentran agotadas.
-El STJ llamó a una mesa de diálogo ¿Puede dar soluciones?
-Si bien la situación es complicada, con esta nueva instancia de diálogo ordenada por el STJ, podrían abrirse nuevos caminos para dar una solución definitiva a la problemática de nuestros condenados, lográndose en última instancia el fin resocializador que la pena importa en relación con la legislación vigente.

¿Sancionan a un juez?
El Superior Tribunal de Justicia no quiere que trasciendan los delicados problemas que soporta el sistema judicial pampeano, y estaría analizando suspender al juez de ejecución Martín Saravia.
¿Por qué? Al parecer los miembros del máximo organismo judicial de la provincia se habrían disgustado por la repercusión pública que alcanzó la situación en las cárceles provinciales y que provocan, consecuentemente, graves problemas de hacinamiento en comisarías y otras dependencias policiales, donde los presos -con condena- persisten detenidos. Esto es sin ser destinados a establecimientos carcelarios, que son los lugares donde correspondería que cumplieran sus penas.
La difusión pública de aquella crítica cuestión habría llevado a que el STJ iniciara un expediente. Le adjudicarían a Saravia ser responsable de que esos hechos se conozcan (¿??), como si en realidad no fuera una circunstancia que es de público conocimiento.
Abogados defensores, miembros de la justicia, y la sociedad en general -sobre todo aquellos que tienen familiares involucrados- saben perfectamente del delicado problema. Apuntarle a un juez de ejecución, pretender amordazarlo, porque ha tenido la valentía de decir lo que muchos piensan parece, en todo caso, un gesto de torpeza.
Lo que aparecería atinado pedir es que los integrantes del Superior Tribunal se aboquen a conseguir que el servicio de justicia se desempeñe como corresponde, de solicitar que se designen los funcionarios y empleados que se requieren para que el andamiaje sea mucho más eficiente. Eso, a la luz de los hechos, no lo han conseguido hasta hoy.