Proponen un protocolo de atención

ASISTENCIA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN CENTROS DE SALUD

La diputada Claudia Godoy (PJ) presentó un proyecto en el que impulsa la creación de un Protocolo para la detección y atención de las mujeres víctimas de violencia en los Centros de Salud de La Pampa, que carecen de esto, a diferencia de las clínicas y sanatorios privados.
En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora oficialista destacó la necesidad de que “exista un criterio unificado respecto a la detección temprana y el abordaje de este verdadero flagelo que no reconoce condición social ni económica”.
Godoy pretende que se brinde desde el Estado “una atención integral y de eficacia para las mujeres víctimas de violencia. Las acciones están centralizadas en las mujeres, sus necesidades, decisiones y capacidades”.
De esta manera, explicó la legisladora, se cumplirá con uno de los requisitos de la Ley 26485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
“Ya pasaron siete años de la implementación de esa ley nacional de protección integral de las mujeres pero todavía no se ha conseguido que se aplique y se cumpla en su totalidad”, agregó la diputada Godoy.
La violencia de género es una problemática que atraviesa a todo el país y en Santa Rosa, la fiscalía que atiende estos delitos, recibió desde mayo del 2015 a marzo pasado 1.500 denuncias. En rigor, la Justicia no tiene datos oficiales de La Pampa, que deberían ser relevados por la Oficina de la Mujer y de Violencia Doméstica que no funciona, a pesar de contar con personal capacitado.

Sin protocolo.
Godoy advirtió que el sistema público de salud provincial “carece de un protocolo” mientras “las clínicas y sanatorios privados cuentan con ello” y consideró que “el recurso humano de Salud Pública debe tener material para unificar criterios ante casos de violencia de género que puedan presentarse o, mejor aún, prevenirse”.
En los fundamentos, reconoció que “el esfuerzo y el profesionalismo con que se aborda la temática en varios centros de salud del territorio provincial, pero no es un dato menor la necesidad de que exista un criterio unificado respecto de la detección temprana y el abordaje de este verdadero flagelo, que no reconoce condición social ni económica”.
Godoy planteó que una de las asignaturas pendientes es lo dispuesto en el artículo 11 inciso 4 de la ley nacional, que establece como una de las obligaciones del Ministerio de Salud que, dentro en los Lineamientos básicos para las políticas estatales, se diseñen “protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios”.

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