Recorridos inflados: en un fallo increíble, el TOF salvó a Alcala

El ex intendente Néstor Alcala y su secretario de Obras Públicas, Jaime Sterin, fueron beneficiados ayer con la "prescripción" que dictó el Tribunal Oral Federal de La Pampa en la causa en la que estaban investigados por una presunta defraudación contra el Estado nacional. Sin entrar a analizar la sustancia de la acusación, el TOF determinó que la causa cayó por el paso del tiempo.
El Tribunal Oral Federal dio a conocer ayer la parte resolutiva de la causa conocida como "recorridos inflados", que data de la época en que la empresa El Indio prestaba el servicio de transporte urbano de pasajeros en Santa Rosa. El fundamento de su decisión recién se conocerá la semana que viene.
Lo que informó ayer el tribunal compuesto por José Tripputi, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido es que cerraba la causa por entender que los tiempos están vencidos y correspondía dictar la "prescripción" de las actuaciones. Con ello, absolvió a Alcala y Sterin de la acusación.
Lo resuelto ayer sintoniza el pedido realizado por Alcala a través de la defensora oficial Laura Armagno, y por Sterin mediante su abogado particular Mariano Alomar. La tardanza en realizar el juicio fue planteada por el ex intendente Alcala en las primeras audiencias públicas.
La queja del ex intendente fue retrucada por el fiscal subrogante Alejandro Cantaro, quien le recordó que si el juicio tardó tanto en comenzar fue en parte por los recursos judiciales que planteó a lo largo de estos años.
Tal como planteó la defensora Armagno, los magistrados entendieron que correspondía declarar la prescripción de la acción penal porque pasaron más de 6 años entre que Alcala y Sterin dejaron de ser funcionarios públicos y la elevación a juicio el año pasado.

Partícipes.
La semana pasada, el fiscal Cantaro había acusado a Alcala y Sterin como "partícipes necesarios" de una maniobra que beneficiaba a la empresa de colectivos El Indio -en ese momento en manos del fallecido Diego Carlos Osorio- con el subsidio al gasoil que otorgaba el gobierno nacional. La maniobra consistía en adulterar la cantidad de kilómetros recorridos por cada colectivo de manera que el porcentaje que recibía de ese beneficio era mayor al que correspondía.
Esto implicaba una defraudación contra el Estado nacional al apropiarse por esta vía de un beneficio que debía alcanzar a más empresas. La participación de la que estaban acusados Alcala y Sterin radicaba en que fueron ellos los que ratificaron con sus firmas las planillas que la comuna enviaba a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informando esos recorridos.
Durante el juicio, el argumento defensivo fue que ellos no autorizaban ni avalaban sino que simplemente "inicialaban" (colocaban sus iniciales) al pie de las planillas para que el trámite pudiera avanzar.
Parte de la estrategia defensiva fue descargar responsabilidades en la Dirección de Obras Públicas, un organismo que en ese momento estaba a cargo de Arturo Ripa, y quien falleció años atrás.
La irregularidad fue detectada por los entonces concejales Claudia Giorgis y Alfredo Carrascal.