Salado: Fuchad junta pruebas para demanda

SAN JUAN LLENA SU NUEVO EMBALSE AGUAS ARRIBA

La Fundación Chadileuvú está avanzando en la recolección de pruebas para iniciar una demanda contra el Estado Nacional y las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja y San Luis por las obras hidráulicas que se realizaron en la cuenca del río Salado-Chadileuvú sin consultar previamente a las provincias condóminas. Al interior de la entidad está en análisis la exclusión de La Rioja, como una de las demandadas, por considerar que no ha alterado la cuenca.
“Es una tarea ardua porque ya desde hace muchos años se vienen realizando en forma inconsulta obras que vienen afectando el escurrimiento del río Salado o de algunos de sus afluentes, como es el caso del río San Juan. Esa tarea es la que más está demorando la presentación porque ya tenemos muy avanzado el desarrollo de las consideraciones jurídicas”, explicaron desde la Fundación. La demanda no irá solo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sino también al Tribunal Latinoamericano del Agua.
Ya en el mes de febrero, la entidad había dicho que era necesario pensar en un nuevo juicio para evitar el corte del río Salado. En esa oportunidad, la ONG alertaba sobre los anuncios que el gobierno nacional había realizado sobre la financiación con capitales chinos de la represa El Tambolar, la cuarta sobre el río San Juan. El viernes se inauguró la tercera, el dique Punta Negra, con un acto en el que participó la propia presidenta Cristina Fernández.

Riego.
El San Juan es uno de los afluentes del Desaguadero-Salado-Chadileuvú, un río que atraviesa cinco provincias y va cambiando de nombre en su largo recorrido. Actualmente, la provincia gobernada por José Luis Gioja tiene 110.000 hectáreas bajo riego, las cuales se ampliarán a 132.500 cuando las represas de Los Caracoles y Punta Negra estén en plenitud.
La Fuchad dijo hace seis meses que el Salado era “un río en vías de desaparición” y pidió acciones concretas y enérgicas al gobierno pampeano para evitar que corriera la misma suerte que el Atuel.
Días después, el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Lastiri, respondió que el gobierno pampeano no estaba de acuerdo con “judicializar” la situación del río Salado-Chadileuvú. “Estamos actuando en el Desaguadero, hemos hecho presentaciones y estamos armando, con muchas dificultades, un comité de cuenca”, sostuvo el funcionario.

Amparo.
En abril, el pedido de la Fundación tuvo eco en la Cámara de Diputados, desde donde se aprobó una resolución que solicitó la intervención del Poder Ejecutivo provincial. En concreto, se pidió instruir al fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, para llevar adelante una acción de amparo ambiental, en la que además se requiera la utilización racional del recurso natural y demás medidas conducentes a la protección del desarrollo presente y futuro de los habitantes pampeanos, lesionado por la administración discrecional y abusiva de la cuenca por parte de Mendoza, San Luis y San Juan.