Santa Rosa no adhiere al sistema de puntaje

El sistema de quita de puntos por infracciones de tránsito que rige en la Capital Federal desde enero, más conocido como scoring, es impulsado por el gobierno nacional para extenderlo a todas las provincias. La semana pasada, desde la Casa Rosada se publicó el decreto que solicita la adhesión a todos los distritos y busca que se aplique en todos ellos en un plazo de sesenta días.
Actualmente sólo seis provincias están adheridas a la Ley Nacional de Seguridad Vial (26363), Salta, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, Buenos Aires y Tierra del Fuego, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propio sistema de scoring. Nuestra provincia se encuentra entre las no adheridas.

Impedimentos.
¿Puede Santa Rosa aplicar el sistema en cuestión, atento al pedido de Nación? Alicia Corral, jueza del Faltas de esta capital, explicó ayer que la primera limitante es la no adhesión de la provincia a la legislación, pero además afirmó que existen fuertes impedimentos de tipo logístico. "No es adherir o no, sino contar con la infraestructura necesaria para poder actuar con inmediatez. El tema está planteado de arriba para abajo, desconociendo cuáles son las posibilidades de los pueblos", dijo.
La mayor dificultad, sostuvo la funcionaria, es lograr la infraestructura para que funcione la interjurisdiccionalidad del scoring, es decir, el intercambio fluido de datos entre las distintas provincias y ciudades. "Todavía no estamos en condiciones. Todavía no pudimos implementar lo que la vieja ley llamó el Registro Unico de Antecedentes, pero no hablo de La Pampa, todavía el país no lo pudo implementar. Eso es mucho más sencillo que el scoring, pero aún no se cumplimentó", reflexionó.

Buen método.
En la opinión de Corral, lograr una misma sintonía entre los juzgados de faltas de Bernasconi, Santa Rosa y Córdoba Capital, por nombrar tres lugares del país, requiere más personal y tecnología. "El scoring me parece bárbaro, es una buena metodología -aclaró-, pero para implementarlo en el ambito nacional falta mucho".
La funcionaria aseguró que La Pampa es una de las provincias más ordenadas en cuanto al registro único de infractores. Todos los municipios informan al Repat, el cual cuenta con un centro provincial de información que eleva los datos a Nación. Sin embargo, esto último comenzó hace sólo meses a realizarse, a pesar que la provincia venía recibiendo los datos de los municipios desde hacía tres ó cuatro años. La demora, dijo Corral, es más atribuible a Nación, que a la provincia.

A favor y en contra.
La Ley de Seguridad Vial tiene dos partes. Adherir a la primera, algo que está analizando el Concejo Deliberante local, implicaría disponer de todos los sistemas de seguridad posibles para el otorgamiento de las licencias; pertenecer a la red nacional de datos; otorgar la licencia única, la cual estaría confeccionada como un plástico, similar a las tarjetas de crédito, con todo un sistema de seguridad e impresoras especiales; abrir centros emisores de licencias por regiones, con lo cual habría 3 ó 4 para toda la provincia, entre otras cosas.
La segunda parte de la ley es la que no convence a las autoridades locales. Es que allí anidan aspectos de lo que sería la puesta en práctica de las medidas punitorias. Corral explicó que si un conductor de La Pampa pasa un semáforo en rojo en Mendoza, las autoridades del distrito en cuestión pueden sacarle el carné, pero en Santa Rosa deberían emitirle una boleta con la cual podría conducir durante 30 días.
En ese sentido, planteó que resulta contradictorio poner todas las medidas de inviolabilidad para las licencias y luego emitir papeles provisorios que permitan, aunque sean temporalmente, que un infractor conduzca. "Es algo inconsistente", planteó y dio otro ejemplo: "En la provincia de Buenos Aires (una de las adheridas), si no tenés la Verificación Técnica del Automotor (VTA) te retienen la licencia de conducir, en lugar de retenerte el vehículo, cuando el que no tiene la VTA y es peligroso para el conductor y para terceros es el vehículo. Es así de ilógico. Esto lo hemos planteado ante la Agencia de Seguridad Vial y algunas cuestiones nos han reconocido".