Separan por 30 días a ex jueza por dilatar causas federales

OTRO ESCANDALO EN EL JUZGADO FEDERAL PAMPEANO

La Cámara de Bahía Blanca suspendió por un mes a la secretaria Penal del Juzgado Federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, por la incorporación en tiempo posterior al firmado de cuatro escritos para “desplazar la responsabilidad del atraso de su secretaría” al juez.
La secretaria Penal del Juzgado Federal de Santa Rosa, la abogada Iara Silvestre, fue sancionada con 30 días de suspensión por una resolución que dictó el 4 de agosto la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca a partir de una serie de irregularidades en el trámite de diversas causas judiciales en el período comprendido entre los años 2011 y 2013. Los jueces afirmaron que “la relación de confianza entre Silvestre y el Poder Judicial se debilitó”.
En principio se abrió un expediente por un informe solicitado a Silvestre sobre la inactividad procesal detectada en el trámite de veinte causas diferentes, el registro tardío de algunas de ellas en el sistema integral de gestión y el agregado manuscrito a cargos judiciales, que marcan la fecha y hora de ingreso de los escritos al juzgado. Todas las causas se tramitaban en la Secretaría Penal que estaba a cargo de Silvestre, que hasta febrero pasado subrogó el cargo de jueza federal.
En el sumario iniciado para deslindar su responsabilidad respecto a la leyenda inserta en tiempo posterior al que habían sido firmados cuatro cargos judiciales, por ella suscriptos, y que señalaban “en la fecha se pone a disposición de SS (Su Señoría, el entonces juez Pedro Zabala, ya fallecido)”, los jueces consideraron que Silvestre “no tuvo una conducta irreprochable” como plantea el reglamento para la justicia nacional que tiende a la preservación de la absoluta confianza que debe merecer el personal judicial, según la resolución.
La decisión de la Cámara lleva las firmas de Juan Leopoldo Velásquez, Pablo Candisano Mera, Beatriz Elena Torterola, Raúl Hilario Fernández Orozco y la prosecretaria de Cámara, Marcela Beilinson. Por otro lado, el juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, José Mario Triputti, no intervino por una excusación que fue aceptada.

Confianza resentida.
“En definitiva, la relación de confianza que necesariamente debe existir entre la secretaria lara Jésica Silvestre y el Poder Judicial de la Nación se debilitó, puesto que si bien Io hecho por la secretaria no habría implicado una absoluta pérdida de confianza, esa confianza quedó resentida, máxima cuando se trata de una agente que ostenta el cargo de secretaria legal”, afirmó el juez de Cámara, Candisano Mera.
En su descargo, la abogada dijo que ante “la insistencia respecto de mi preocupación por las causas atrasadas, el juez me ordenó consignase en los cargos que el expediente era puesto a despacho de ‘SS’; de esa forma, razonó, el responsable sería él. Así fue la instrucción que el juez dio y que transmití al personal”. Sin embargo, la supuesta orden del juez Zabala no pudo acreditarse. Además, Silvestre dijo que “no se sostiene la finalidad endilgada a su conducta” de encubrir el atraso de la secretaria y que “siempre informó los atrasos”.
También declaró en el expediente el empleado Sebastián Bruno quien dijo que “ante la inquietud de la secretaria por ser ella quien aparecería como responsable de las demoras, impartió la instrucción de colocar esa leyenda ‘se pone a disposición de S. S.’, de modo de desplazar dicha responsabilidad a él directamente. (…) Que en todos los casos la leyenda la colocó el declarante por expresa instrucción de la Dra. Silvestre”.
La leyenda introducida en forma posterior a la firma del cargo, resultó acreditada y reconocida por Silvestre también. El juez indicó que “insertó una circunstancia falsa en un instrumento público -previo a la incorporación de la leyenda, estaba suscripto por la sumariada-” y “se trata del agregado de una nota que obviamente no podía reflejar lo que realmente ocurrió en la fecha en que los cargos fueron firmados en los expedientes, ya que habrían estado a disposición de la sumariada en la Secretaría y la inscripción sólo pretendía desplazar la responsabilidad del atraso de su Secretaría, en su superior”.

Dos años de atraso.
El juez Pablo Candisano Mera afirmó en la resolución que Iara Silvestre tuvo la intención de trasladar la responsabilidad por la demora de algunas causas al juez, “toda vez que en los expedientes en que se hace constar esta circunstancia tienen atrasos que van de un año a más de dos años contando desde la recepción de las actuaciones prevencionales, hasta el primer despacho judicial. No existen, al menos en estas actuaciones, constancias de una inscripción tal en expedientes sin atrasos”.
Sobre la supuesta orden de Pedro Zabala, el magistrado agregó: “Debe decirse que no surge que haya sido el mencionado juez quien le ordenó tal cosa (insertar la leyenda en los cargos judiciales). Esta circunstancia sólo es traída por la Secretaria como un modo de desasirse de su responsabilidad en los atrasos de los expedientes de la Secretaría a su cargo, morosidad que surge de este expediente como de otros sumarios -expediente remitido el 6 de julio de 2015 al Consejo de la Magistratura-“.
“No es menor resaltar que no puede corroborarse la existencia de dicha orden, ya que el juez de entonces no sólo no está en el cargo, sino que falleció. Del testimonio de Sebastián Miguel Bruno -quien escribió la leyenda en tres de los cuatro cargos-, surge que fue la secretaria sumariada la que le instruyó completar los cargos con esos dichos y que nunca recibió tal orden del entonces doctor juez Zabala”, continuó.
En otro tramo de la argumentación, el juez Candisano Mera manifestó sobre la ex jueza Silvestre que “la intencionalidad no fue cubrir la mora de las causas sino encubrir la responsabilidad” del retraso y agregó que “un proceder como el que se juzga constituye una falta administrativa” ya que la abogada “actuó incurriendo en violación de los deberes genéricos como funcionaria”.