STJ investiga los pedidos de prórrogas en sentencias

A través de una acordada, el plenario de ministros solicitó informes a las cámaras de la Primera y Segunda Jurisdicción. La irregularidad afectaría mayormente al Fuero Penal y en menor medida al Fuero Civil.
JUAN JOSE REYES - En la última Reunión de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, por decisión unánime de sus cinco miembros, se dispuso una directiva que muestra con meridiana claridad una realidad oculta dentro de la justicia local. Refiere a la gran cantidad de solicitudes de prórrogas, de los plazos legales establecidos, para dictar sentencia en los Juzgados de Primera Instancia. Por ello instaron a las Cámaras de Apelaciones de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial -Santa Rosa y General Pico- para que informen la cantidad de aplazamientos en el dictado de sentencias pedidas por los juzgados durante 2017. Se habrían constatado múltiples extensiones de plazos en varios litigios; algunos alcanzarían a acciones de amparos, en donde se ponen en juego garantías constitucionales.
Primero fue el llamado de atención a todos los magistrados para que arribaran en tiempo y forma a las audiencias, habida cuenta de la muy mala costumbre que tenían de llegar tarde y hacer esperar a las partes. Ahora el máximo tribunal jurisdiccional de la provincia puso la mira en saber por qué se estiran los tiempos fijados para la emisión de fallos. Si el tiempo que demanda un pleito es laxo por su envergadura, los jueces tienen la posibilidad de pedir ampliación de plazos.
Es una vieja costumbre arraigada del anterior Código Procesal Penal. Los ministros del STJ pretenden que 2018 sea año bisagra para el futuro del funcionamiento del fuero penal donde se tramitan causas por robos y homicidios comunes, abusos sexuales y estafas, entre otros delitos que contravienen elementales principios y valores de nuestra sociedad provincial.
También en el fuero Civil y Comercial donde los fallos dotan de autonomía la voluntad de las personas en sus relaciones con los terceros.

Otro tirón de orejas.
A partir del Acuerdo establecido el 26 de septiembre por el STJ los tribunales de alzada serán los que los deberán revelar esa "información sensible" sobre los pedidos de prórrogas, explícitas o tácitas. Al año ingresan al Sistema de Receptoría General de Expedientes más de 30 mil de causas penales y civiles. Los pedidos de ampliar los plazos legales establecidos para dictar sentencia provocan colapso en el normal funcionamiento del Poder Judicial. Ello rige tanto para el trámite de expedientes ordinarios como para el dictado de sentencias en juicios de amparo, cuando la CSJ pena los incumplimientos en los tiempos fijados para el dictado de las sentencias, con mayor penalidad en el amparo y en los daños y perjuicios.
Muchas veces no acarrean responsabilidad para magistrados en la medida que los pronunciamientos se emitan en los plazos más breves posibles, armonizado con la cantidad de causas que requieran de resolución. Pero no hay que olvidar que todo esto pasa en una provincia donde, según dijo el ministro Fabricio Losi, "para la Secretaría Técnica, entre 2016 y los 6 primeros meses de 2017, el 80 por ciento de las causas se gestionaron por juicios abreviados y el 20 por ciento a través de debates.
Dijo también Losi que "la relación con respecto a los debates orales es de 4 a 1". Solo resta saber ahora a ciencia cierta cuantos y qué jueces ordinarios de Primera Instancia hace uso y abuso de las prórrogas para el dictado de sentencias.