UA repudió la represión en universidad de Jujuy

La agrupación Universidad Amplia, de la UNLPam, hizo público ayer su repudio al violento accionar de la Policía de la provincia de Jujuy, que durante la madrugada del pasado jueves ingresó ilegalmente a la Facultad de Ciencias Agrarias, reprimió y detuvo a dos universitarios, entre ellos el presidente del Centro de Estudiantes, Joaquín Quispe.
“Con la detención ilegal, la intimidación y la persecución generalizada, se actúa al margen del Estado de Derecho por lo que los gobiernos que así actúan deslegitiman con el ejercicio la legitimidad originada en las urnas. En el caso particular de Jujuy se atacó la autonomía universitaria consagrada en la Argentina desde la reforma de 1918” explicó la agrupación, y agregó: “Desde Universidad Amplia repudiamos todas las estas prácticas, mediante las cuales se procura atemorizar a la población e impedir el legítimo derecho a opinar y manifestar, por lo que recuerdan épocas de nuestro país, cuando la persecución política llegó al extremo del terrorismo de Estado”.
“Universidad Amplia hace pública su preocupación ante hechos que se han difundido por la prensa, sucedidos en distintos lugares del país a los que deben agregarse la información que circula, respecto a prácticas donde resultan afectadas la libertad de las personas y su integridad física, por parte de fuerzas de seguridad tanto a nivel nacional como provinciales”, añade el comunicado.

UNLPam.
Por otra parte, Universidad Amplia manifestó su preocupación y rechazo al accionar policial de nuestra provincia el pasado martes, mientras se realizaba una manifestación de docentes.
Según denunció la agrupación, una estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas fue interceptada de manera “amenazante e inquisidora” por varios efectivos cuando participaba de la protesta.
En ese sentido, desde la UA manifestaron su preocupación por “los diferentes hechos, que objetivamente arremeten contra la libre expresión y el ejercicio de la ciudadanía de diversos sectores sociales”.
“Reclamamos a los Gobiernos legítimamente constituidos que hagan una realidad mediante claras decisiones políticas y su instrumentación que legitimen su accionar gubernamental asegurando que todas las personas y los distintos sectores sociales no resulten en la práctica perseguidos, intimidados y violentados”, finaliza el comunicado.

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