Martes 23 de abril 2024

Un reclamo que perdura

Redacción 07/10/2015 - 02.50.hs

El grupo de Jubilados Civiles y Docentes (1996-2010) que viene manteniendo el reclamo por la Ley de Emergencia Previsional insistió en un comunicado de prensa en que "agotará todas las instancias para arribar a una solución del problema". En la última reunión -informaron- se debatió acerca de las preocupaciones planteadas por el presidente del ISS y luego el propio Gobernador, sobre el déficit del sistema jubilatorio.
"Lo primero que nos preguntamos es de qué valió nuestro sacrificio plasmado en recortes de derechos laborales y económicos si ya estamos ahora con déficit comprobable. Recordemos que la Ley de Emergencia se hizo ante la probabilidad de déficit y hoy éste es una realidad, aún a costa del ajuste hacia 3.000 trabajadores, todos jubilados bajo esa legislación", plantean en el escrito.
Más adelante, los firmantes alegan que "no sólo se pueden tomar medidas parche tal como aumentar dos puntos las contribuciones patronales, hay que investigar a fondo las razones del déficit y consensuar con los trabajadores activos y pasivos el remedio más adecuado. Como dijo el propio Gobernador, el incremento de las contribuciones sólo aplaza en el mejor de los casos por cuatro años el problema que a no dudarlo explotará irremediablemente al cabo de ese lapso. Es necesario proyectar un tiempo y un ámbito adecuado para el análisis y la propuesta, porque en el medio están los jubilados hoy divididos no sólo por regímenes sino también por categorías en cuanto a la calidad de su beneficio".
Por último los jubilados insisten con que "es hora de sinceramientos dada la proximidad del fin de dos gobiernos sucesivos en el que se tomaron decisiones y se omitieron otras que perjudican tanto la salud financiera del Sistema Previsional Provincial como la vigencia progresiva de derechos de uno de los sectores de más alta vulnerabilidad: los jubilados y pensionados" y agregan que "no podemos admitir que en un momento se otorgue el 82% móvil de un promedio de remuneraciones (ahora 10 años) y en otro se anuncie que está en riesgo. Los gobiernos tienen la obligación de actuar en consecuencia".

 


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