Violación de los derechos de una madre detenida con HIV y su hijo
El organismo, que fue puesto en marcha el año pasado cuando Meaca fue votado por la Legislatura, publicó una resolución completa el 27 de febrero, a la que se puede acceder sin problemas, dirigida a varias instituciones y juzgados en la que difunde datos de una mujer detenida en un penal ubicado en La Pampa y de su pequeño hijo. Allí se menciona a la presa con nombre y apellido, el lugar carcelario en el que está, pero además se da su condición de portadora de HIV, como así también las iniciales y características del pequeño.
La nota fue enviada a todos los organismos que intervinieron en el caso: Juzgado de Menores, Asesoría de Menores, Juzgado Federal Santa Rosa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dirección General de Niñez y Adolescencia, Servicio Penitenciario Federal y Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
La intervención de la Defensoría fue para proteger los derechos del niño de pocos años-cuyas iniciales y su edad no se divulgarán en esta nota- alojado junto a su madre en una cárcel local, dado que se encontraba en una situación de vulnerabilidad.
Datos divulgados.
En la resolución firmada por Meaca se indica que los equipos técnicos profesionales y personal del Servicio Penitenciario Federal manifestaron su preocupación por la integridad física y desarrollo del niño en ese ámbito. De esta manera se convocó a un equipo profesional y se determinó la protección de sus derechos. El defensor Meaca resolvió finalmente solicitar a varios organismos provinciales y juzgados su intervención.
En el párrafo más delicado y que se difundió públicamente a través de Facebook, se informó: "Que también surge por la información ofrecida por el equipo técnico y autoridades del SPF, que la madre del niño, (nombre completo), de (edad), fue diagnosticada con HIV, se negaba sistemáticamente a realizarse más exámenes y recibir medicación, que habiéndose solicitado la asistencia con (iniciales del pequeño), para que al niño se le realicen la extracción de sangre para la valoración por HIV, la misma se niega a que este tipo de exámenes, se le practiquen al niño".
De acuerdo a fuentes judiciales consultadas, esta publicación de una resolución con datos sensibles vulneraría la Ley 23798 Nacional sobre SIDA y el decreto reglamentario 1244/91 artículo 2 inciso c que indica que "cualquier profesional que conozca una situación de HIV por causas de su trabajo tiene la obligación de guardar secreto". Pero también haría caso omiso a la Ley 26061 de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes, en sus artículos 9 y 22, que trata sobre el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la individualización, lo que conspiraría contra un plan de protección de la víctima. En el caso de la mujer, además de identificarla con nombre y apellido y su lugar de residencia, se le vulnera el derecho a la privacidad. Lo mismo ocurre con el niño.
El caso.
La Defensoría inició el caso a fines de febrero cuando se decidió separar al pequeño de su madre y, tomaron intervención la asesora de Menores y el director General de Niñez. De esta manera, se tomó una "medida excepcional" y se entregó al niño a una familia de acogimiento.
En la resolución, la Defensoría consideró que "es claro que la permanencia de los niños en establecimientos carcelarios importa una afectación severa a su libertad, su desarrollo pleno, dignidad, integridad psíquica y moral, su vida privada e intimidad, salud, su derecho al medio ambiente, y a estar en contacto libremente y a jugar con otros niños, entre otras cosas".
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