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«A la mitad le falta alimentación»

A 30 AÑOS DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional que obliga a los gobiernos a garantizar los derechos de los niños y niñas. Son 195 los estados que la ratificaron y deben rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño, entre ellos Argentina, que adhirió mediante la Ley Nº 23.849, el 27 de septiembre de 1990, y se incorporó en la reforma constitucional de 1994.
La senadora nacional Norma Durango, vicepresidenta de la Comisión Bicameral de designación del defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Congreso, reflexionó sobre el momento actual del país donde casi la mitad de los niños y niñas viven en la pobreza. «A 30 años de la firma de la convención, Argentina tiene mucho para mostrar, pero sabemos que persisten las desigualdades sobre todo a partir del altísimo porcentaje de niñas y niños en nuestro país que están sumidos en la pobreza o indigencia», aseguró la senadora, para agregar que «no se puede hablar de garantía de derechos si hay niñas y niños que no tienen para comer».
«Con urgencia necesitamos políticas públicas para revertir estos índices. La mitad de las niñas y los niños del país son pobres y la falta de alimentación y cuidados les está hipotecando el futuro», añadió. Durango dijo que «ya sabemos que nadie se desarrolla con hambre y esto en los niños provoca retardo en el crecimiento y el desarrollo psicomotor, un mayor riesgo de morbilidad con efectos adversos a largo plazo, incluyendo disminución en la capacidad de trabajo físico y en el desempeño intelectual en la edad adulta».
La senadora afirmó que «existe un avance importante en referencia a la baja en la institucionalización, un claro objetivo de la CDN, pero hay temas pendientes en Argentina, que sabemos son comunes al resto del mundo como la violencia, tanto intrafamiliar como en la escuela y en las redes sociales; la mala alimentación, incluida la creciente obesidad infantil; y las grandes brechas que se ven dentro de un mismo país».
«Una garantía para el cumplimiento de lo que establece la ley es la figura de la Defensoría Nacional de niños, niñas y adolescentes. Queremos que funcione una defensoría Nacional de niñas niños y adolescentes y para eso hemos estado trabajando en la comisión bicameral que he tenido el honor de presidir y de la que hoy soy vicepresidenta», concluyó.

La Convención.
La CDN está integrada por 54 artículos que refieren a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Asimismo, define las obligaciones y responsabilidades de agentes en los ámbitos familiares,
educativos, de salud y aquellos que se vinculen con la vida de los niños y niñas. Cuenta con tres protocolos facultativos específicos sobre «la venta de niños y la prostitución infantil», «la participación de los niños en conflictos armados», y el «procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño».
La CDN instaló en el mundo un precedente en el posicionamiento de los niños, niñas y adolescentes frente a sus derechos.
Particularmente, en su artículo 12 referido al derecho de los niños y niñas a ser escuchados, los estados partes se comprometen a garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional.
Esta perspectiva ubica a los niños y niñas como sujetos de derechos, donde lo que prima es darles un lugar singular a su opinión y sus sentimientos, más allá del mundo adulto que los rodea. Abrir la posibilidad de escuchar lo que niños y niñas tienen para decir, jerarquiza su voz dándole valor fundamental al momento de implementar acciones que puedan afectar su calidad de vida en los distintos ámbitos en los que se desarrollan. La Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación, se han producido avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia a la supervivencia, la salud y la educación.

«Hay que prohibir recortes»
A 30 años de la aprobación por Naciones Unidas de la Convención sobre los derechos de los niños, el Defensor de Niñas, Niños y adolescentes, Juan Pablo Meaca consideró que al analizar los avances y retrocesos en su cumplimiento efectivo, «no se puede dejar de observar que este acontecimiento encuentra a nuestro país sumergido en una crisis social y económica, donde el 53 % de las niñas, niños y adolescentes, están bajo la línea de pobreza».
«Este indicador refleja que tienen todos sus derechos vulnerados, no pudiendo el Estado garantizar estándares mínimos en la educación, salud, alimentación y protección para la infancias de nuestro país», añadió.
Meaca aseguró que «no existe posibilidad de avanzar en el cumplimiento de lo establecido en la CDN, si en primer término no se garantiza que ningún niño/a esté en situación de pobreza o indigencia, debiendo el Estado establecer como prioridad de la política pública a la infancia, erradicando la indigencia en forma urgente y primordial, y abordando seriamente el tema de la pobreza en este grupo etario».
Entre los puntos positivos, Meaca resaltó que «la mejor política pública estatal es la que garantiza que absolutamente todos los niños estén en la escuela, tengan acceso a vacunación y servicios de salud, y una alimentación adecuada, cuestiones que por las condiciones estructurales y económicas de nuestro país, se le pueden garantizar a todos y todas», y agregó que «esta política pública debe establecerse para durar gobierne quien gobierne nuestro territorio, debiendo legalmente nuestro Congreso prohibir que puedan recortar derechos de la infancia, y que sean estos la variable de ajuste en los devenires económicos del país».