Aborto no punible: FIA pidió capacitar en Salud Pública

A partir de una presentación realizada por el Foro Pampeano por el Derecho Al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) resolvió en un sumario "sugerir" al Ministerio de Salud de La Pampa que continúe y profundice la capacitación al personal de salud en materia de la "Guía Provincial para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo".
Además, recomendó que se haga saber sobre el alcance de su responsabilidad a la doctora Verónica Cesan, directora del hospital de Eduardo Castex, quien utilizó un vocabulario discriminatorio hacia las mujeres, con una carga ideológica contraria a las leyes pampeanas que reconocen derechos a las personas que se acogen al protocolo de abortos no punibles.
"Como mujer no puedo decir que no nos maten a nosotras en el colectivo Ni una Menos, si después nosotras matamos un niño", señaló la profesional dando lugar a la presentación del Foro por el Aborto legal, argumentando que "preocupa de sobremanera la Violencia Institucional que la profesional pudiera ejercer como Objetora de Conciencia a las pacientes que se acerquen a esa institución con el fin de practicarse un aborto".

"Opinión personal".
Desde la Subsecretaría de Salud, según consta en el expediente, respecto de las manifestaciones de la directora se indicó que "las mismas constituyen una opinión personal, que no impide que la citada profesional cumpla con el mencionado Protocolo, habiéndose realizado a la fecha prácticas encuadradas en dicho protocolo en el citado establecimiento", a cargo de la doctora Cesan.
La provincia de La Pampa, receptando los lineamientos del fallo mencionado, en el año 2012, a través del Ministerio de Salud dictó la Resolución 656/12 de "Protocolo Hospitalario de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible", que daba marco a las prácticas del aborto no punible solo en los establecimientos nivel IV del sistema de salud. Y por Resolución 1789/18, se extiende el Protocolo a todos los establecimientos asistenciales del sistema de salud, aprobándose la "Guía Provincial para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo".
La fiscalía, a cargo de Juan Carlos Carola, no pidió sanciones para la médica. Manifestó que "como operadora del sistema de salud provincial" debe "cumplir y hacer cumplir" el Protocolo y en caso de considerarlo, puede "ejercer su derecho a la objeción de conciencia".
"Sin perjuicio de ello, conforme el Fallo FAL y las previsiones del documento mencionado, en ningún caso, los profesionales objetores pueden 'eludir sus responsabilidades profesionales. Si algún profesional insiste en sus conceptos personales, religiosos y/o morales no puede ser considerado más que como una barrera al acceso a los servicios de salud'", señaló.