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«Acostumbrado a ver el papel»

SAPPA HABLO SOBRE LOS CAMBIOS EN LA JUSTICIA CIVIL

Eliminar los papeles de los juzgados civiles, comerciales, laborales y de minería de la provincia parece ser la premisa de quienes conducen el Poder Judicial en La Pampa. También añadir en los procesos civiles la oralidad, tal como ocurre en el fuero penal. Pero el objetivo último es agilizar y transparentar el proceso de justicia no penal todo lo que se pueda. Así lo explicó el miércoles por la noche, en CPEtv, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, actual presidente del Consejo de la Magistratura.
«El Poder Judicial el año pasado ya terminó no solo con la oralidad en el sistema penal sino con la digitalización de todo el procedimiento. Esto ha producido una innovación que se ha tomado como ejemplo en el país. Hay provincias que están viniendo a ver cómo es el funcionamiento. Los expedientes están totalmente digitalizados y el uso del papel se da solo en determinados expedientes», afirmó el funcionario

-¿Ahora piensan trasladar esta experiencia al fuero civil?
-Ahora comenzamos otra etapa. Desde 2001 está vigente el Código de Procedimiento Civil y Comercial que ya tiende a la oralidad. Igualmente, dentro del Ministerio de Justicia se ha convocado a una comisión para la reforma del Código Civil y Comercial donde están el poder Judicial, el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la UNLPam.

-¿Qué beneficio trae esa oralidad?
-Trae rapidez y contacto más directo del juez con las partes a la hora de resolver. De hecho contempla una audiencia preliminar y la otra de vista de causa, que se está comenzando a implementar en algunos juzgados. Es una audiencia donde están las partes, se escuchan las posiciones, las testimoniales y están los peritos, todo en una sola audiencia. En segundo lugar, se está tendiendo a la digitalización. Todavía no están digitalizados los expedientes civiles, va a llevar tiempo porque es un tema cultural.

-¿Hay más causas civiles que penales?
-Son más las civiles. En Santa Rosa, los juzgados penales tienen aproximadamente 1.500 causas por año y los civiles tienen 400 causas anuales de inicio, más todas las causas que van siguiendo. No tenemos problemas de mucho retraso, salvo causas puntuales que pueden tenerlo por la complejidad y por los actores. El STJ ha firmado un convenio con el CEJA (Centro de Estudios de Justicia de las Américas), que depende de la OEA, para estudiar y hacer un diagnóstico de la Justicia pampeana, para ver si se puede cambiar el modelo y llevarlo a un sistema típicamente de audiencias y de inmediación, dejando de lado su carácter colonial.

-¿Por qué colonial?
-Porque viene de la etapa de los españoles, de la época colonial. Es de estructura piramidal: juez, secretarios, prosecretario y empleados. Por eso, nuestro interés es pasar a una oficina judicial, donde la parte administrativa de los juicios, conlleve un mismo criterio, independientemente del juzgado. Que el juez se dedique a dictar sentencia y no a la parte administrativa, que es bastante tediosa.

-¿Hay experiencias en Argentina?
-Hay experiencias muy puntuales en algunas jurisdicciones. Se utiliza en Neuquén y se está probando en Salta. La gente del CEJA nos comentó que hay experiencia en México y en dos lugares donde se está implementando en Perú. En caso de que el STJ apruebe este modelo, sería el primero en funcionar en Argentina. Vamos a probar primero en la parte civil y luego vamos a avanzar en la parte laboral y de ejecuciones.

-Hay causas judiciales del fuero civil que duran años hasta resolverse, ¿la oralidad las acortaría hasta resolverlas en cuestión de días?
-No diría días, pero sí en pocos meses. Hoy una causa laboral puede demorar entre dos y cuatro años, la intención es reducir ese proceso al 50 por ciento. Sin digitalizar, hemos puesto en marcha un programa desarrollado por nuestros propios programadores. Se inició con el contencioso administrativo y ahora comenzamos con la Cámara. Esto permite a los abogados trabajar desde su casa. No se puede reducir la demora a días, porque las causas civiles son de mucho estudio. Pero se puede acortar a un plazo que vaya desde los cuatro a los ocho meses.

-¿Los jueces aprueban estos cambios?
-Siempre hay resistencia a los cambios, porque estamos hablando de la despapelización de la Justicia. El juez está acostumbrado a ver el papel y cuando no lo tiene es complejo. Vamos a tener que ir llevándolo a que sea digital. Ya hemos tenido una reunión con los jueces, algunos ya lo venían hablando, porque están viendo que el cambio se viene y ellos lo ven con sus hijos o sus alumnos. Pero esto abarca también a los empleados de los juzgados y también a los abogados.

«Daña al sistema».
En estos días, tras el destape del caso D’Alessio en los tribunales federales de Dolores, los juzgados federales de la Capital Federal, donde se investigan las causas de mayor impacto mediático y político, siempre teñidas de sospechas por la injerencia de los gobiernos de turno sobre jueces y fiscales, quedaron bajo la lupa.
«Es un tema que se debate en las reuniones de los consejos de la magistratura y en la Junta Federal de Cortes, que se realizan todos los meses. Acá lo que se está cuestionando es la legitimidad de los jueces. Y la legitimidad de los jueces se puede mejorar en base a dos cosas: la publicidad de sus actos y la transparencia. Cuando el juez puede trabajar en audiencias públicas, puede mostrar a la gente cuál es su trabajo, socializarlo y hacer sentencias que se entiendan, y cuando el procedimiento es el más ágil y transparente, puede obtener legitimidad», dijo.

-Pero cuando un fiscal, como es el caso de Stornelli, está declarado en rebeldía, que falta a cinco llamados a indagatoria, con un aparato mediático que lo apoya, hay una mirada de la población que se pregunta qué pasa.
-El juez, el fiscal, el defensor oficial, todo funcionario judicial, debe cumplir con las mandas judiciales, por lo tanto, el no asistir a una indagatoria daña al sistema.