miércoles, 23 octubre 2019
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Acusan de «usurpación» a un ex jefe comunal

SE REALIZO AUDIENCIA DE FORMALIZACION

(Victorica) – El ex intendente de La Humada, Juan Eduardo Infante, fue acusado del delito de «usurpación» de tierras del Estado provincial durante una audiencia de formalización que se realizó en la mañana de ayer en la Fiscalía de Victorica. Pretendía quedarse con 2.500 hectáreas fiscales ocupadas desde hace años por varias familias de puesteros. El boleto de compraventa no tendría validez legal.
La investigación del caso la llevan adelante la fiscal de la Cuarta Circunscripción Judicial, Alejandra Moyano, y el fiscal general de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Armando Agüero. «Esta es una causa que se inicia como consecuencia de una denuncia del Ministerio de Gobierno y Justicia con el objeto de que se verifique una situación de ocupación ilegal de tierras en Chos Malal donde el Estado provincial tiene 20 mil hectáreas de campo. En esa zona hay puesteros a los que Provincia no les reconoce ningún derecho pero tampoco nunca los ha retirado del lugar», explicó ayer el fiscal Agüero a LA ARENA.
Las tierras que fueron usurpadas están ubicadas a unos 70 kilómetros de La Humada, casi al límite con la provincia de Mendoza. «Infante, quien fuera ex concejal y ex intendente de La Humada, aduce que le compró a dos puesteros los derechos que tendrían sobre la posesión que vienen manteniendo en ese predio propiedad del Estado. Esto lo hizo con un boleto de compraventa simple sin mayores solemnidades ni exigencias de tipo legal. Aduce que les pagó 180 mil pesos a cada uno por 2.500 hectáreas en total, eso lo investigadores porque los pagos por sumas mayores a 10 mil pesos deben ser bancarizados. Y otra irregularidad es que esa propiedad no es trasmisible porque es del Estado. Infante vendió algo que no es propio», sostuvo.

Maniobra.
Consultado cómo se descubrió la maniobra, el fiscal respondió: «Fue cuando Defensa Civil y la policía, haciendo recorridos regulares por la zona, advirtieron un alambrado de 5.000 metros y una picada preparada para continuar con el alambrado de las tierras. Dan aviso al Ministerio de Gobierno y Justicia, que radica la denuncia. Fuimos al lugar y constatamos la presencia del alambrado».
El juez Carlos Espínola de Victorica resolvió sobre lo solicitado por los fiscales y ordenó al imputado que cese en su conducta de continuar alambrando y retire los postes y demás elementos en un plazo de 30 días, caso contrario los trabajos serán realizados por Provincia bajo su costa.